Un solo funcionario tiene a su cargo toda la supervisión de las operaciones del megapuerto de Moín, en Limón, lo cual incide en el servicio que presta el concesionario holandés APM Terminals a importadores, exportadores y transportistas en el principal puerto de Costa Rica.
De ese único funcionario depende la atención y canalización de reclamos (muchos con rezago) por el rendimiento de la terminal portuaria y también la planificación a corto, mediano y largo plazo de todas las operaciones de una terminal que costó $1.000 millones y por donde se movilizan más de 1.100 barcos por año y 1,2 millones de contenedores.
La débil gestión de supervisión de la concesión fue señalada por la Contraloría General de la República hace dos años y sigue sin solventarse, a pesar de que están disponibles casi $4 millones para esa tarea debido a que el contrato de concesión estableció un canon de un 1% de los ingresos de la Terminal de Contenedores para que el control fuera estricto.
En el informe publicado en octubre del 2020, la Contraloría indicó que se evidenciaron debilidades en la planificación de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Concesiones.
“Las situaciones antes descritas, obedecen en parte en que a la fecha no se han consolidado medidas efectivas para reforzar con personal necesario y suficiente la Unidad Ejecutora del Proyecto”, indica el documento. ¿Contratar a una empresa privada que ejerza esa supervisión? Recursos hay, pero, no hay permiso legal para dar esa responsabilidad a un privado.
Eduardo Chamberlain Gallegos, designado en mayo como secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y a quien se le vence el nombramiento este viernes 30 de setiembre, reconoció que a la fecha esa situación sigue siendo la misma.
“La unidad de fiscalización es un ingeniero que logramos a través de una plaza de servicios especiales que tenemos que renovar todos los años, en principio lo que la Contraloría está reclamando es que se supone que tenemos fondos y deberíamos tener una estructura mejor montada”, explicó el funcionario.
Los fondos citados por Chamberlain corresponden a ese canon de 1% de los ingresos de la TCM que, de acuerdo con el contrato de concesión, debían ser utilizados para la supervisión del proyecto.
¿Por qué no se usa?
Chamberlain Gallegos explicó que esos fondos, que ascienden a poco más de $3,7 millones, no han podido utilizarse debido a que deben ser depositados por el Fideicomiso que administra los cánones del megapuerto, a la Caja Única del Estado en el Ministerio de Hacienda. Allí, son sujetos de la aplicación de la regla fiscal, lo que les impide disponer de los recursos.
“A pesar de que viene de recursos privados y tiene un fin específico, se nos pierde en ese limbo de caja única. Lo más triste y grave es que el contrato dice qué tenemos que hacer, pero como son fondos privados tenemos que demostrar la ejecución de esos dineros. Si no ejecutamos ese dinero tenemos que devolverlo. Como no los hemos podido usar solo en el 2019-2020, se supone que tenemos que devolver como $3,7 millones, lo que es muy triste porque necesitamos esa plata”, afirmó
Mientras eso ocurre, el plazo para cumplir las disposiciones giradas por la Contraloría está por vencer, pues el CNC tiene hasta noviembre para atender esos mandatos.
En una respuesta enviada por la División de Fiscalización de la CGR este jueves, ese ente confirmó que el CNC había enviado un oficio con la intención de modificar el contrato de Fideicomiso de administración de los cánones, con el propósito de que ese mismo mecanismo ejecute los fondos para contratar la unidad de fiscalización y supervisión del contrato.
Sin embargo, esa consulta del CNC fue rechazada por la Contraloría mediante un oficio dirigido al secretario técnico el 9 de setiembre.
El criterio de la Contraloría es que “no sería viable suplir de recurso humano a órganos de control del Estado a través de un sujeto o figura de derecho privado (fideicomiso) que administra fondos de origen privado provenientes del concesionario, particularmente, cuando en la especie se trataría de la delegación de una labor que le corresponde al CNC”.
Ese razonamiento radica en que al contratar de manera privada un supervisor podría existir riesgo de que no sea una labor independiente y objetiva.
“Téngase en cuenta que una aparente solución como la propuesta por la Administración conllevaría que como parte de las funciones que se delegarían al sujeto de derecho privado, el facultarlo para que ejerza el control sobre el plazo de contratación, condiciones directas y operativas con el personal contratado y no la propia Administración Concedente, a quien le corresponde legal y contractualmente la ejecución exclusiva de tales funciones, lo que evidentemente es contrario a los principios de independencia y objetividad mencionados”, indica el oficio DFOE-SEM-1337.
Asimismo, recuerda al CNC que la obtención del recurso humano y material para el buen desempeño de la unidad ejecutora de la TCM, no son solo su responsabilidad, sino que deben sufragarse con los fondos destinados contractualmente para ese fin, por lo que también es su obligación velar por el uso óptimo de esos recursos.
El oficio concluye que “a más tardar” el el 17 de noviembre de este año debe remitir la información que acredite el fortalecimiento de la unidad ejecutora, tal como se había establecido en el informe de fiscalización remitido hace dos años.
No obstante, Chamberlain sostiene que actualmente la contratación por medio del fideicomiso es la alternativa más viable dado el corto plazo que tienen para cumplir las disposiciones.
Además, estima que, por tratarse de un fideicomiso privado, no requieren permiso de la Contraloría para realizar la modificación.
“Yo le puedo pedir al Fideicomiso que me contrate todos los recursos que necesito para hacer esa supervisión, Japdeva está de acuerdo, APM está de acuerdo y nosotros estamos de acuerdo, APM quiso que hiciéramos la consulta para ratificar que no necesitaba refrendo”, afirmó el secretario de concesiones.
Según dijo, la idea es que en paralelo se pueda impulsar una ley o reforma que permita excluir de la regla fiscal los recursos del canon, sin embargo, dicha alternativa no llegaría en el cortísimo plazo.
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El secretario técnico refutó los criterios de objetividad pues, según dijo, en otras concesiones como en la de la ruta 27, la supervisión es ejercida por una empresa privada.
Según el informe de la Contraloría, que actualmente se encuentra en fase de seguimiento, la ausencia de los controles mencionados podría generar el riesgo de que el servicio que se presta a los usuarios, así como el tiempo de atención de sus gestiones no sea acorde con los parámetros y condiciones establecidas en el contrato de concesión, principalmente porque se trata de un proyecto que se ejecuta por un período de 33 años y que corresponde a “una de las mayores inversiones realizadas en nuestro país”.