Un mes después de la tragedia que dejó nueve víctimas fatales y decenas de heridos, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sigue sin dar cuentas sobre los informes técnicos que sustentaron la decisión de ordenar la apertura de la vía, luego de limpiar varios derrumbes, horas antes del hecho.
El paso por Cambronero entre San Ramón de Alajuela y Esparza, Puntarenas, había amanecido cerrado ese sábado 17 de setiembre, debido a la caída de material a causa de las fuertes lluvias que azotaban esa zona desde el jueves 15.
No obstante, el MOPT ordenó la apertura del tramo a la 1:30 p. m. tras completar la limpieza.
Según una de las versiones dadas por el ministro Luis Amador, se abrió porque él había pedido a la empresa Ruta 27 suspender el cobro de peajes por la carretera San José-Caldera, que es otra vía al Pacífico, pero la firma no accedió. Esa versión fue desmentida por la empresa y por quien fungía como secretario de Concesiones, Eduardo Chamberlain, que indicaron que la solicitud formal llegó el domingo, es decir después de la tragedia.
Tres horas después de dicha apertura, el bus de la empresa Alfaro que viajaba con 60 personas con destino a Bolsón de Santa Cruz, Guanacaste, cayó a un precipicio tras ser impactado por un deslizamiento a su paso por Santiago de San Ramón.
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Amador sostuvo en la conferencia de prensa que tuvo lugar un día después de la emergencia, que la ruta se abrió luego de la aplicación de un protocolo, que incluía inspecciones visuales y un informe que debía emitir el ingeniero de zona, el cual pasaba a un supervisor y al administrador vial. En esa intervención, el jerarca negó haber ordenado abrir la ruta, pese a que en el video enviado la noche anterior así lo manifestaba.
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Días después, el jerarca también responsabilizó a la Policía de Tránsito por mantener habilitada la ruta pese a las condiciones climáticas que imperaban en la zona y que denotaban un riesgo para los usuarios.
Los estudios
Desde el 20 de setiembre, La Nación ha solicitado tanto al despacho de Amador como al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), los documentos que según el jerarca se elaboraron como parte del mencionado protocolo, sin que se haya tenido respuesta.
A la fecha, tampoco se han presentado los estudios que el ministro dijo que mandó a hacer como parte de la investigación luego de la tragedia y que el Conavi habría encargado a una empresa externa.
La elaboración de esos análisis fue confirmada por la oficina de prensa del MOPT el pasado 21 de setiembre y luego el día 27, ante consultas de este diario.
En ambas ocasiones se indicó que: “Los informes técnicos están aún en proceso de elaboración y serán dados a conocer por las autoridades una vez que estén completos y sean analizados, por lo que de momento no es posible hacérselos llegar”.
Las víctimas
Mientras tanto, las víctimas de la tragedia tienen cifradas sus esperanzas en lograr una conciliación con las autoridades del Gobierno, que les permita paliar la dura situación que viven.
Muchos de ellos llevan ya un mes internados en el Hospital del Trauma y esperan cirugías y tratamientos que no han podido recibir porque se acabaron los ¢6 millones del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).
Otros, además de los traumas psicológicos por ver morir familiares y allegados, también se enfrentan a incapacidades que les impiden llevar sustento a sus hogares o bien quedaron desamparados tras perder a quienes se encargaban de sus hogares.
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Actualmente, los diputados de la Comisión de Infraestructura desarrollan una investigación para la cual convocaron a alcaldes de los cantones de Occidente, ingenieros a cargo de la zona donde ocurrió la tragedia, oficiales de tránsito, autoridades del MOPT y del Conavi.
También serían convocados expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Precisamente, durante la primera comparecencia de ese foro, el alcalde de Esparza reveló haber advertido mediante oficios al director del Conavi, Mauricio Batalla, sobre el riesgo latente en el tramo de carretera entre San Ramón y Esparza. Sin embargo, la respuesta del MOPT fue que no era posible intervenir la zona porque no había contratos activos.
Posterior a esa comparecencia, Batalla dijo no recordar los oficios..
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Por el hecho, también la Fiscalía de San Ramón inició una investigación que está en etapa preliminar.
Paso cerrado
Desde el día de la tragedia, el paso por Cambronero se mantiene cerrado, pues el MOPT considera que no es seguro debido a un hundimiento que afecta el km 66, un punto distinto al de la tragedia.
Según el ministro Luis Amador, el pasado 25 de setiembre, en una visita a la zona, detectaron una serie de “fallas de diversa índole”, así como deslizamientos, alcantarillas mal colocadas y el citado hundimiento; por lo que estimó que la ruta estaría cerrada al menos tres meses.
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Como parte de las alternativas para atender ese punto de mayor riesgo, el jerarca anunció que trasladaría el puente bailey que se encuentra actualmente sobre la autopista General Cañas cerca del Conservatorio de Castella, para “volar” sobre el hundimiento; mientras se inician las intervenciones contratadas.
