El proyecto de ampliación de la ruta 32 continúa sin una empresa supervisora y el proceso para contratar una nueva firma se complica aún más.
La Junta Directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) conoció, en la sesión del miércoles 25 de octubre, el informe elaborado por el órgano superior nombrado días atrás precisamente para resolver los recursos de apelación presentados por las empresas interesadas.
En esa reunión, el ministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, señaló la urgencia de solucionar el tema, pues la fiscalización se está realizando con personal de la propia institución, lo “que están quitándole toda la capacidad al Conavi de poder iniciar nuevas obras”.
De acuerdo con la información que consta en el acta de la sesión del miércoles, el informe fue elaborado por el director de Proveeduría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Bonilla; el director de Ingeniería, Juan Carlos Elizondo; el director de División de Obras Públicas, Alonso Mora; el subdirector Financiero, Adrián Rodríguez y el de Asesoría Jurídica, Juan Carlos Campos.
Entre las reclamaciones que se analizaron destacan incumplimientos a nivel del equipo profesional, capacidad financiera y ofertas que debía aportar las empresas interesadas.
“Ahí dice master en Administración Gerencia o Dirección de Proyectos, pero en la experiencia mínima especifica indica 5 años de experiencia en Gestión de Proyectos aplicando las buenas prácticas del Project Management, entonces hay un vacío, una inconsistencia (...) el perfil del profesional que ofrece Getinsa es en Administración y Recursos Humanos, entonces desde ese extremo, parecería que no cumple, tal y como está lo que se puede analizar del material”, explicó el ministro.
En relación con la empresa AYESA, que también fue invitada a participar en esta contratación, se detalla que esta presenta un ajuste de su oferta que implica una rebaja de aproximadamente $180.000 en dos rubros, lo que a criterio de los profesionales del MOPT podría determinarse como “precio incierto”, generando una ventaja indebida.
Mientras que en el caso de la firma Cal y Mayor, el análisis del recurso previo, mediante el cual se hizo una readjudicación, evidenciaba problemas en su capacidad financiera.
“Esto me llevaría a mí a pensar en que vamos a tener que solicitarle a la Dirección Jurídica una resolución fundada para poder declarar infructuosa esta contratación, si todos estos extremos mencionados se confirman”, agregó el jerarca de Obras Públicas tras presentar el detalle del informe.
El asesor legal del despacho del ministro, Pablo Zeledón confirmó que según el criterio conocido “ninguna de las empresas cumple con los requisitos cartelarios”.
Por su parte, el representante de la Unión de Gobiernos Locales en el Conavi, Roy Delgado, recomendó que se consultara a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio para determinar si existe la posibilidad de que las empresas subsanen los problemas.
Tras este intercambio, los miembros del Consejo acordaron trasladar la consulta a dicho departamento para determinar así, si efectivamente el proceso licitatorio deberá empezar de nuevo o si cabe la posibilidad de subsanación en relación al tema del perfil profesional.
Proceso enredado
El proyecto de ampliación de la ruta 32, entre el cruce a Río Frío y el centro de Limón, se quedó sin fiscalizador desde inicios de octubre debido a que el MOPT decidió no extender el contrato con la empresa Cacisa- Camacho y Mora, pues según el ministro una auditoría externa encontró supuestas irregularidades en la gestoría del proyecto.
El proceso de licitación que inició desde junio, y que Conavi pretendía tener listo para el momento que la empresa Cacisa dejara el proyecto, se atrasó por apelaciones y errores en la licitación.
Mientras no haya supervisora, la Unidad Ejecutora se encarga de realizar tareas de fiscalización, aunque según confirmó días atrás Greivin Jiménez, gerente de ese equipo técnico, esa labor se realiza en tanto CHEC no aumente la capacidad de ejecución.
La fiscalización que el MOPT busca contratar incluye el seguimiento y control de ejecución de la obra, revisar diseños de los puentes y otras estructuras, hacer pruebas de laboratorio para verificar la calidad de los materiales utilizados, controlar la gestión ambiental, fiscalizar los recursos invertidos, informar de incumplimientos a la Administración, llevar controles de las bitácoras y sanciones, entre otros.
Sin embargo la selección de esa empresa ha enfrentado una serie de tropiezos desde el 15 de agosto, cuando se avaló la primera adjudicación por $4,8 millones al consorcio Ingeniería UG21 S.L y Cal y Mayor Asociados.
Esa contratación recibió varios recursos de apelación, en los que las empresas señalaron incumplimiento de requisitos. Ante ello, Conavi alegó que se dio un “error involuntario” que se originó por la omisión de un dato.
Debido a esa situación, el 25 de setiembre la Junta Directiva del Conavi acordó readjudicar la fiscalización a la empresa que presentó la segunda mejor oferta: AYESA Ingeniería y Arquitectura S.A, pero ese acto también recibió recursos de apelación.
Fue ese reclamo en el que la empresa Getinsa señalaba un aparente trato desigual a la hora de evaluar su oferta, así como “aparente favorecimiento” a una empresa que modificó cantidades y precios de su oferta, lo que que ocasionó que el 12 de octubre, la cúpula del Conavi acordara crear una comisión especial para resolver los recursos y atender los hechos apuntados por Getinsa.
El proyecto de ampliación que ejecuta la constructora CHEC tiene un avance de poco más del 80% y debería estar listo en marzo próximo, cuando vence el último plazo extendido. No obstante, las mismas autoridades del MOPT han reconocido que es poco probable que para esa fecha la obra esté lista.
Además, el Gobierno aún debe definir de dónde saldrán los recursos que se requieren para completar una serie de obras pendientes y pagar millonarios reclamos planteados por el contratista.
Actualmente, también están pendientes más de 200 expropiaciones. Otro de los grandes problemas por resolver es que el plazo del préstamo del Eximbank expira en abril del próximo año, por lo que en caso de no conseguir una prórroga, el proyecto podría quedar sin parte del financiamiento.