Desde el 1.° de noviembre, Mauricio Batalla Otárola, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tiene el control del proyecto de ampliación de la ruta 32, que comunica San José con Limón.
Batalla asumió el recargo luego de la destitución del ingeniero Kenneth Solano como gerente de la Unidad Ejecutora de la obra, decisión tomada por la Junta Directiva del Conavi el pasado 27 de octubre, según consta en las actas de esa sesión.
Ante las consultas de este diario sobre las razones para sacar a Solano de esa unidad, Batalla aseguró que la medida responde a que no se estaban logrando los objetivos en el proyecto.
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“Como en cualquier empresa privada, en una institución pública, cuando no se logran los objetivos, hay que cambiar las cabezas para que los proyectos y objetivos caminen de la manera que la Administración quiere que caminen”, expresó.
Según Batalla, el ingeniero regresará a su puesto como encargado de una de las regiones de conservación vial.
Obra más cara
El lunes, el director del Conavi y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, enviaron un comunicado conjunto en el que afirmaron que el proyecto de 107 kilómetros se encuentra “desfinanciado”.
Aseguraron además, que para terminar los trabajos de acuerdo con el diseño original y además realizar las obras complementarias, se requieren entre $300 millones y $350 millones, adicionales a los $543 millones presupuestados inicialmente.
Ninguno de los funcionarios dio detalles para justificar esos cálculos.
Además, en ese comunicado Batalla aseveró que la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) ha presentado reclamos por cerca de $150 millones, aunque el 25 de octubre había dicho que eran $65 millones.
Desde el lunes, La Nación solicitó el detalle de esos reclamos
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Conavi por medio de sus oficinas de prensa, sin obtener respuesta.
También se pidió a la empresa CHEC aclarar las cifras y los motivos que sustentarían sus exigencias, pero tampoco respondió a las consultas enviadas vía correo electrónico a su gerente de relaciones públicas, Mariano León.
Obra cambiará
De acuerdo con la información enviada por el MOPT, la obra sufrirá modificaciones en su alcance para “ajustarse a la suma de $150 millones” (adicionales).
Sin embargo, el Gobierno no ha indicado de dónde saldrían dichos recursos, pues el mismo jerarca reconoció semanas atrás ante los diputados de la provincia de Limón que las capacidades de endeudamiento son limitadas.
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Amador insistió que el proyecto está “mal diseñado, sin supervisión y desfinanciado” y la única forma de “resolverlo” es limitar el alcance.
Al ser consultado sobre lo referente a la falta de supervisión (que está a cargo del consorcio Cacisa- Camacho y Mora), el director del Conavi aseguró que la empresa sigue a cargo de esa tarea y que más bien se referían a la supervisión de parte de las administraciones anteriores.
El ministro indicó que como parte de esa reducción de obras, se eliminarán algunos de los pasos a desnivel contemplados en el diseño del proyecto y, en su lugar, se construirían más aceras y cruces a nivel con semáforos para los peatones.
Además según el detalle indicado por el MOPT, actualmente está pendiente el 70% de las expropiaciones.
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¿Marzo próximo?
Según el último informe de supervisión, el proyecto de ampliación tiene más del 60% de avance y hasta ahora la fecha de entrega aprobada es el 28 de marzo del 2023.
De acuerdo con el plan original, aparte de la ampliación a cuatro carriles de los 107 kilómetros de carretera, las obras incluyen rehabilitación y duplicación de 33 puentes, 13 pasos a desnivel y 11 retornos.
También se construirían cinco intercambios principales que estarán ubicados en Río Frío, Guápiles, Siquirres, el acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), y cuatro intersecciones a nivel en el acceso a la ruta cantonal de Moín, el acceso al nuevo estadio de Limón, el entronque con la ruta nacional 241, en Santa Rosa, y el entronque con la ruta nacional 36.
Esta obra tiene un costo de $465 millones, de los cuales $396 millones provienen de un empréstito con el Eximbank de China y una contrapartida nacional por $69 millones.
Otra contrapartida nacional por $78 millones financia trámites para expropiaciones, relocalización de servicios públicos, contratación del gestor del proyecto y otros servicios, para un monto total de $543 millones.
La fecha original de entrega para este proyecto era octubre del 2020.