El paso a desnivel en la rotonda de la Bandera, previsto desde 2014, ha enfrentado la traba de las expropiaciones. (Warren Campos)
Una reforma legal que permitiría al Estado tomar posesión inmediata de los terrenos para construir obras públicas consiguió avanzar en la Asamblea Legislativa.
La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó el proyecto para modificar la ley de expropiaciones, con el fin de agilizar la construcción de obra pública, principalmente la infraestructura vial.
Marco Redondo, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro del foro legislativo, explicó que con la modificación propuesta, el Estado podría hacer uso del terreno necesario inmediatamente después de realizada la declaratoria de expropiación en sede administrativa y establecido el valor.
Es decir, si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) requiere de un lote, declara el interés y notifica al propietario. A partir de ese momento, la propiedad será del Estado y eso permitiría comenzar a ejecutar el proyecto.
Si el dueño está inconforme con el valor determinado por el Estado podrá acudir a la sede judicial para reclamar el precio que considere justo. Esta diferencia, sin embargo, no atrasará la obra pública.
"En ningún momento se violenta el debido proceso sino que se acelera la entrada en posesión para que a través de ese interés público, se hagan las obras que se necesitan en el tiempo en que se espera, y no como ahora, con préstamos que no se ejecutan porque no se culminan las expropiaciones", manifestó el congresista.
La reforma fue solicitada por el MOPT, luego de que la modificación a esa misma ley aprobada en 2014 resultara insuficiente.
Actualmente, proyectos que llevan muchos años en espera como la carretera a San Carlos o el tramo norte de Circunvalación todavia tienen terrenos pendientes de expropiar.
Medio centenar de expropiaciones pendientes (ESTEBAN ESQUIVEL Y DIEGO BOSQUE / LA NACIÓN)
Redondo informó de que la iniciativa de ley también propone que la Dirección General de Tributación contrate profesionales externos para trámites de expropiaciones. Además, establece plazos claros para todas las etapas del proceso.
El dictamen fue unánime en la Comisión de Jurídicos, por lo cual, en criterio de Redondo, se esperaría que haya respaldo cuando se discuta en plenario.
