El peaje de Escazú, en la vía a Caldera, recauda en tres meses lo mismo que las cuatro estaciones de peaje administradas por el Estado en un año.
En el último trimestre del año anterior se recolectaron $6,2 millones (¢3.300 millones) en las casetas de Escazú, según los registros del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Mientras, a los peajes de las vías Florencio del Castillo, que une San José y Cartago; Bernardo Soto, entre Alajuela y San Ramón; Braulio Carrillo, hacia Limón, y General Cañas, que va de Alajuela a San José, les tomó un año llegar a esa cifra.
Los registros del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) indican que esos corredores viales tuvieron ingresos por ¢3.400 millones en el 2015.
LEA Peajes del MOPT dejan cifras ridículas al Estado
En ese año, la Braulio Carrillo es la que reportó más recaudación con ¢1.020 millones; le siguen la Florencio del Castillo, con ¢846 millones; la Bernardo Soto, con ¢775 millones, y la General Cañas, con ¢759 millones.
La recolección de la vía a Limón, en 12 meses, equivale a lo reportado por el peaje de Escazú solo en enero del 2015.
Además, el dinero que entra por medio de las cuatro estaciones manejadas por el Estado representa apenas el 9% de lo recaudado por la ruta 27 en el 2015.
El año pasado, los gastos operativos de los puestos de cobro estatales ascendieron a ¢2.075 millones (61% del total recaudado).
Deuda. Desde el 2010, año en que se abrieron los peajes en la vía a Caldera, se han registrado $318 millones. De este total se han abonado $136 millones al pago por el costo de la carretera, el cual representa el 45% de la obra.
Ese débito es de $301 millones por la ruta 27, de 77 kilómetros, la cual acortó a una hora el viaje hasta el Pacífico.
El contrato con la empresa dice que la concesión es por 25,5 años (vence en el 2033), pero, si se cancela antes, la obra pasará a manos del Estado.
No obstante, el acelerado ritmo de amortización no implica que la carretera se traslade en otros seis años al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
La razón de esto es que una cláusula del contrato obliga a deflactar los ingresos por peajes; es decir, llevarlos al valor de noviembre del 2000, año en el que se firmó el convenio de concesión.
