Unos 300 kilómetros de carreteras asfaltadas de la red vial nacional, no recibirán mantenimiento durante el segundo semestre de este año.
La decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para hacer frente al impacto de ¢20.000 millones que exceden el presupuesto de la entidad para este año, a causa de la entrada en vigor del cobro del impuesto al valor agregado (IVA), en actividades tales como ingeniería, topografía, arquitectura y construcción de obras civiles.
Esas labores deben cancelar desde el 1.° de julio un 4% de impuesto en todos los proyectos visados antes del 30 de setiembre del año pasado. En el caso de los que ingresaron al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos desde el 1.° de octubre anterior, el rubro es del 13%.
Inicialmente, confiaban conseguir esos recursos del presupuesto extraordinario, pero el cálculo falló, pues la crisis por la pandemia más bien obligó a bajar gastos.
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De esta forma, para tener los fondos del tributo, dejararán de atender trayectos que si estuvieran todos juntos serían equivalentes a la distancia entre la capital y Peñas Blancas, en la frontera norte.
Los 300 kilómetros equivalen a un 6% de la red vial asfaltada que debe atender el Conavi por medio de los contratos de conservación y mantenimiento.
Sin embargo, como detalló Mario Rodríguez, esa cantidad de kilómetros corresponde a la totalidad de sectores que debían atenderse en este período del año, pues la institución distribuye la atención de la red vial a lo largo de dos años.
“Todo el trabajo intenso de mejorar carpetas y mejorar estructuralmente los pavimentos que hace que los informes de Lanamme digan que toda nuestra red en un 90% está bien ahora (...) eso vamos a tener que pararlo, ahí es donde están los recortes”.
“Vamos a tener que dejar de ver las carreteras como las vemos ahorita con la colocación de una capa asfáltica, que las hace ver parejas y estructuralmente bien, sin baches. Porque, probablemente, tendremos programas intensos de bacheo, pero no de colocación de carpeta”, advirtió el director del Conavi.
Según dijo, ya notificaron a los contratistas de la suspensión de las labores de mantenimiento.
Únicamente se atenderán trabajos de bacheo para evitar daños más grandes en donde se presenten huecos sobre la carpeta; así como aquellas asociadas con seguridad, señalización, conservación de obras pluviales y de limpieza.
“Estaremos parando a partir del 31 julio y estamos diciendo a nuestros ingenieros que no dejemos gradas, que no dejemos una carpeta que muere de pronto y termina en 5 cm de diferencia y que pueda poner en riesgo el tránsito.
“Los contratistas saben y evidentemente ellos nos están planteando que eso va a implicar despido de personas, pero entramos en un ciclo que nosotros no tenemos cómo garantizar que esas obras se hagan”, dijo.
Rodríguez explicó que si bien conocían de la entrada en vigor de ese impuesto a partir de julio de este año, lo que se esperaba era contar con recursos adicionales para ese rubro por medio de un presupuesto extraordinario, no obstante, ese supuesto cambió por la situación de la pandemia.
Además, a los ¢20.000 millones del impacto del IVA, se suma otro faltante de ¢10.000 millones que arrastra la institución desde el año pasado, pues se esperaba un desembolso para obras que ya se habían ejecutado en diciembre, el cual no se concretó.
“Cuando se supone que esperábamos recursos en la última semana de diciembre, recibimos un comunicado de Hacienda de que como los fondos iban a ingresar después de que nosotros hubiéramos parado, entonces no los íbamos a poder gastar, cosa que no era correcta porque lo que íbamos a hacer era, que como ya teníamos recursos autorizados, pues pagar con esos recursos.
“Eso nos puso ¢10.000 millones más a reducción, entonces este año tenemos ¢30.000 millones menos para disponer”, afirmó.
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Otro de los ajustes que debió hacer el Conavi en el presupuesto fue duplicar lo que se había destinado para la atención de emergencias, pues para julio ya se había consumido la totalidad de los ¢2.500 millones reservados para ese tipo de obras.
Frente a la situación, debió apartar otro monto similar a fin de tener fondos para hacer frente a la época lluviosa, cuando se atiende la mayor cantidad de emergencias por derrumbes o caídas de puentes.
“Está siendo un año especialmente crítico con la lluvia, por eso tomamos la decisión de quitar todo lo que es mezcla asfáltica para tener recursos para garantizar que todas las rutas estarán abiertas”, añadió.
El presupuesto que recibe el Conavi cada año es de unos ¢175.000 millones.
Impacto
Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, explicó que el impacto del IVA representa un encarecimiento en las obras de alrededor del 8,45% en aquellos proyectos que ingresaron después del 1.° de octubre.
“El efecto del IVA repercute sobre toda la obra a excepción del rubro de materiales que siempre han pagado impuestos. Es decir, a manera de ejemplo, si el rubro de materiales de un proyecto desde su conceptualización (incluyendo todos los procesos de preingeniería) es de 35%, esto quiere decir el restante 65% tendría que pagar un 13% de IVA (en caso de que no haya ingresado al CFIA antes del 30 de setiembre del 2019), encareciendo la obra un 8,45%”, afirmó.
Acón recordó que el impuesto grava todos los procesos en las obras, desde los estudios preliminares, estudios técnicos, diseño de anteproyecto, elaboración de planos y especificaciones técnicas; hasta aquellas asociadas con la gerencia de proyecto, inspección y dirección de obra, subcontratos, mano de obra, alquiler de maquinaria entre otros.
A su criterio, la entrada en vigencia de dicho impuesto en la coyuntura actual tendrá un impacto en la generación de empleo y la capacidad de reactivación, en donde el sector de la construcción sería un eje clave.
“Todos los proyectos son afectados por el impuesto. El grado de afectación dependerá en mayor medida en la proporción de materiales y el resto de otros rubros/servicios que requieran para su desarrollo. Entre más grande sea el segundo mayor será la afectación”, añadió.
En tanto, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, urgió el martes la aprobación de una iniciativa de ley que pretende modificar el transitorio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas donde se estipula el impuesto en las labores de construcción.
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El proyecto presentado por el liberacionista Luis Fernando Chacón ya fue dictaminado en comisión y se espera que sea sometido a votación en los próximos días.
La intención es que se establezca una gradualidad a los servicios y que se otorgue una prórroga de un año, al cobro del 4% que inició el pasado 1.° de julio.
“La aprobación de este proyecto será de gran ayuda para el sector de la construcción, para los profesionales de Ingeniería y Arquitectura y para la sociedad costarricense, será una medida de respiro ante la dura situación actual generada por los los efectos de la pandemia por el covid-19″, indicó ese órgano mediante un comunicado.
Ajuste en contratos
Los contratos con los que el Conavi da mantenimiento a la red vial nacional, se ejecutan mediante tres licitaciones que se renuevan cada cuatro años y que cubren 22 áreas de conservación de todo el país.
Rodríguez explicó que actualmente se manejan, por un lado, las labores asociadas con mezcla asfáltica y por otro, la conservación de la red de aguas pluviales, taludes y limpieza de alcantarillas.
Dichos convenios están por vencer, sin embargo la intención es aprovechar la paralización de las obras de asfaltado y el próximo vencimiento de los contratos, para crear una nueva licitación en la que se unan todas las actividades.
“Algunas veces no coincide en una zona la misma empresa, estamos preparando y vamos a sacar un único contrato nuevo que une esas dos actividades, mientras tanto vamos a pedir una prórroga a la Contraloría (General de la República) para ir ajustando que las dos actividades por zona, que ahora la podrían estar desempeñando empresas distintas, se ajuste y entonces tener una nueva contratación que contemple las dos actividades relevantes de la conservación de vías”, explicó el director del Conavi.