Sin revisar ni pedir cuentas sobre sus antecedentes, el Gobierno de Costa Rica aceptó que una constructora china que enfrenta cuestionamientos en cuatro países asuma el proyecto de ampliación de un tramo de 107 kilómetros de la carretera a Limón.
La empresa estatal China Harbour Engineering Company (CHEC) ha estado ligada durante los últimos años a supuestos casos de fraude, sobornos, incumplimientos de contratos y daños ambientales en Filipinas, Bangladés, Jamaica y México.
Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, admitió que desconocía tales hechos y que el Poder Ejecutivo avaló la participación de CHEC con base en una carta de recomendación emitida, en el 2012, por su homólogo chino, Yan Chuantang.
“Todas las empresas del mundo han sido cuestionadas de una u otra forma. No somos quienes para juzgarla y no vamos a encontrar la empresa perfecta. Un préstamo atado nunca se cuestiona cuando la recomendación viene de un ministro de Transportes”, alegó Castro.
El crédito al que hace referencia el ministro es uno, por $395 millones y a un plazo de 20 años, que el Gobierno de China ofreció a Costa Rica bajo la condición de que la estatal CHEC fuera la encargada de ampliar a cuatro carriles el tramo Río Frío-Limón de la ruta 32.
Dicho convenio fue firmado, finalmente, por ambas partes el pasado 10 de octubre.
Dudas. El ministro Castro sostiene que la principal referencia que se tiene sobre CHEC es la misiva enviada por su colega chino.
“(CHEC) ha construido múltiples carreteras, puentes, puertos y aeropuertos dentro y fuera de China, posee excelente renombre comercial en el mercado”, asevera Yan en su carta.
Sin embargo, semanas después de suscribir el convenio con China, el Gobierno tuvo que pedirle explicaciones a CHEC debido a los cuestionamientos del diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Oviedo reveló que la casa matriz de esta empresa, China Communications Construction Company (CCCC), figura en la lista de firmas no elegibles del Banco Mundial (BM) hasta el 2017, por prácticas fraudulentas en Filipinas.
Leonard McCarthy, vicepresidente de Integridad del BM, confirmó a La Nacion que a CCCC se le impuso una inhabilitación de ocho años porque una filial suya (China Road and Bridge) fijó artificialmente precios en licitaciones para una obra vial.
Pero los cuestionamientos no acaban allí. La Nación constató en el expediente de control número 140 del Banco Mundial que a CHEC se le vincula con el pago de dádivas al hijo del primer ministro de Bangladés, Arafal Rahman, por un contrato para construir una terminal de contenedores.
“Los sobornos proceden de varias empresas, entre ellas Siemens Bangladesh y China Harbor Engineering Company para asegurarse de que el funcionario no obstruiría el proceso de adjudicación”, señala el informe del BMl.
Por otra parte, el sitio oficial del Centro de Servicio de Información de Jamaica señala que una auditoría pagada a Kroll Consultants Inc., en el 2012, reveló que la constructora china incumplió términos de un contrato sobre mantenimiento de infraestructura y carreteras.
Teresa Wu, vocera de CHEC en Costa Rica, negó que tales cuestionamientos tengan fundamento.
Lo que sí reconoció CHEC es que la empresa fue acusada, en el 2011, por contaminación ambiental debido a la caída de los pilotes de un muelle al mar, en la terminal de contenedores de Puerto Manzanillo, México. “Eso ya ocurrió y lo logramos solucionar”, aseveró Wu.
Temor. Tanto representantes del Gobierno como de CHEC sostienen que los cuestionamientos contra la empresa son solo rumores originados en un “torbellino político”.
No obstante, advierten que Costa Rica será la parte más afectada si no se aprueba el proyecto de préstamo en la Asamblea Legislativa.
“Otras empresas chinas están observando lo que está pasando. Si no avanza, lo que más se afectaría es el tema de inversiones internacionales en este país”, alegó Wu.
