Dos exjerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aseguraron que las plantas de asfalto que quedaron abandonadas eran rentables y su operación era factible.
Durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, Carlos Villalta y Germán Valverde, negaron haber girado instrucciones para cerrar dichas instalaciones ubicadas en Cañas, Guanacaste; Santo Domingo de Heredia, Buenos Aires de Puntarenas y Siquirres en Limón.
Esas estructuras representaron una inversión de ¢3.903 millones para el MOPT.
Villalta y Valverde, también se defendieron de la supuesta compra sin planificación o estudios de las plantas, pues alegaron que las licitaciones datan de gobiernos anteriores al 2014.
“En la compra de las dos últimas plantas, la planificación data de 2009- 2014. Igualmente, durante mi gestión, en ningún momento di una instrucción de cierre de las plantas, a mi criterio los cuatro centros de producción de mezcla asfáltica podían funcionar”, manifestó Villalta.
El exjerarca dijo que incluso, durante el tiempo que estuvo al frente del Ministerio, se realizaron investigaciones para suscribir convenios con las municipalidades y así aprovechar esos recursos mediante “una combinación” de recursos,que implicaba que los ayuntamientos aportaran los materiales y el MOPT la maquila.
Valverde también negó que en su gestión (entre julio del 2017 y mayo del 2019) se diera alguna instrucción para que las plantas se cerraran.
Para probarlo, aportó una serie de oficios en los que se evidenciaban las intenciones de llevar adelante las gestiones de infraestructura y permisos necesarios para que las plantas pudieran operar.
Incluso dijo, para enero del 2018 “estaba a punto” de darse la orden de inicio para que las plantas funcionaran.
“Hasta gestiones hicimos para instalar laboratorios de control de calidad; más bien era un interés manifiesto de que siguieran produciendo”, agregó Carlos Villalta.
Ante esas declaraciones los diputados, insistieron en la necesidad de aclarar las razones por las cuales las cuatro plantas fueron cerradas y se desaprovechara la inversión mencionada.
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Lo que dijo Méndez
En una comparecencia previa, realizada en abril pasado, el actual ministro. Rodolfo Méndez Mata, dijo a los diputados que cuando llegó al Ministerio las plantas tenían orden de cierre.
Méndez, además, manifestó que poner a operar dichas instalaciones representaba un costo de más de ¢9.000 millones y que las mismas se adquirieron sin contar con estudios previos, ni determinación del recurso humano necesario.
“Queda evidente que el ministro mintió en esta comisión, porque ante una pregunta que le hice de si hubo decisión de él para cerrar las plantas de asfalto, nos dice que la respuesta tiene que darla la administración anterior, porque cuando él llegó al Ministerio ya tenían orden de cierre y aquí tenemos los dos ministros de la administración anterior donde nos están diciendo que contundentemente no dieron orden de cierre, ¿quién está mintiendo acá?”, cuestionó el liberacionista Gustavo Viales.
Además, consultados sobre la viabilidad y la rentabilidad de producir asfalto en esas estructuras, los exministros afirmaron que no utilizarlas sería perder los recursos disponibles.
Germán Valverde citó ejemplos sobre los costos por toneladas y aseguró que consultó ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) sobre cuánto están pagando por la tonelada de asfalto actualmente, y la respuesta fue de entre ¢55.000 y ¢65.000, mientras que con las plantas el costo sería de ¢33.000 a ¢37.000.
“De la misma manera que sale más barato el gallo pinto cuando me lo hago en la casa y no en un restaurante” afirmó.
Sin embargo, esos precios dependen de que se logren cantidades determinadas, es decir, si se produce poca mezcla, el costo encarece.
Aquel fue uno de los principales problemas citados por Méndez Mata, quien en abril anterior recordó que la ley de transferencias a las municipalidades le impide al MOPT incurrir en gastos de cualquier índole para caminos vecinales, por lo que no podría continuar produciendo asfalto para regalarlo o subsidiarlo a los municipios. Estos tampoco estarían en capacidad de comprar las cantidades que se requieren para que las plantas resulten rentables.
Además, señaló el actual jerarca, que no se podría producir asfalto para que Conavi lo utilice en el mantenimiento de la red vial nacional, porque la ley de creación de ese ente lo obliga a que esta atención sea contratada a empresas privadas.
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Donación o venta
Este jueves, el exministro Villalta afirmó que existían planes para atender la red vial nacional, y aseguró que se tenían en lista proyectos en Sámara, Los Santos y Puriscal, que utilizarían asfalto de esas plantas.
En el informe presentado por Méndez Mata, en abril, a los diputados, detalló que actualmente ninguna de las plantas dispone de personal en la cantidad de clasificaciones idóneas, ni con la asignación de un regente químico o equipo para tener un laboratorio en sitio.
Además ninguna (a excepción de la de Siquirres) cumple con la rentabilidad y sostenibilidad para hacer que el costo por tonelada sea menor al que se adquiere a nivel privado.
Una de las alternativas que valora el Ministerio sería donar estos sistemas de producción a las municipalidades, pero previamente los municipios deberían realizar estudios de factibilidad.
Si no logran donarlas, la otra opción es venderlas a empresas privadas.