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La empresa Agromec presentó una apelación en contra de la expropiación dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo sobre los terrenos donde se construirá la intersección de la Uruca, en el primer tramo de la Circunvalación norte.
De acuerdo con el representante legal de la firma, Daniel Rojas, la resolución dictada por el juez el pasado 23 de enero en la que ordenaba la puesta en posesión para el 3 de abril, va en contra a lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones y la Sala Constitucional.
Según el abogado, el problema radica en que el MOPT solo hizo el proceso de indemnización por el terreno, sin tomar en cuenta el derecho comercial.
Rojas aseguró que ya en el 2018 se había anulado una resolución de entrada en posesión a favor del Estado.
La empresa además había presentado una acción de inconstitucionalidad, que la Sala resolvió a su favor en setiembre del año pasado.
“Por ello, al no corregirse los vicios al debido proceso y derecho a la propiedad privada, garantizados constitucionalmente, se volvió a interponer un recurso de apelación para anularse la puesta en posesión, mientras que el Estado no valore el derecho comercial de Agromec afectado por la expropiación, al eliminar el frente a calle pública y fachada comercial de la empresa”, explicó el abogado, mediante un correo electrónico.
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Según Rojas el valor del derecho comercial no se ha calculado.
El MOPT anunció la semana pasada, durante una inspección del viaducto que se levanta entre Colima y el precario Triángulo de Solidaridad, que ya habían logrado resolver la expropiación, que es clave para construir la intersección que conectará el tramo entre León XIII y la Uruca.
Sin embargo, el abogado dijo que el MOPT no ha realizado los procedimientos necesarios para que se garantice la indemnización.
“El MOPT, quien sin justificación alguna los ha iniciado, ni siquiera nos ha solicitado lo básico y mínimo del proceso, que es pedir la información contable-financiera de la empresa, acorde al tiempo estimado de afectación y reacondicionar la actividad comercial producto de la construcción del proyecto”, añadió Rojas.
La expropiación que debe realizar el MOPT en los terrenos de Agromec es parcial, por lo que, según consta en resoluciones del Juzgado, desde el Estado aseguran que la actividad comercial de la empresa no se ve afectada, pues únicamente deben reorganizarse internamente.
Sin embargo, en Agromec sostienen que a la fecha no se tiene certeza de lo que va a realizar el ministerio en el terreno, pues no les han presentado los diseños.
“Nos coloca en incertidumbre ya que no sabemos dónde se colocarán los accesos, frentes a calle pública o diseños definitivos”, agregó el representante.
Según dijo, la única información que recibieron de parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) indica que la expropiación implica un cambio en las características del terreno y elimina un frente (el frente comercial actual en uso), lo que obligaría a trasladar la actividad de ese frente al fondo de la propiedad, lo cual les generaría costos.
Consultado sobre este procedimiento, que atrasaría una vez más el inicio de la obra en ese sector, el director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez, aseguró que están haciendo las consultas ante la Procuraduría General de la República, que en representación del Estado debe responder a la apelación planteada.
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Además de la propiedad en mención, el MOPT aún debe hacerse con la propiedad de la empresa de transportes HyH, cerca de la quebrada Rivera, en el límite entre la Uruca y León XIII.
Hasta no contar con ambos lotes, no podría iniciar la construcción de la intersección, de la cual depende la apertura de los otros dos tramos con mayor avance: el de León XIII a Colima que tiene 90% y el viaducto, cuya construcción va casi a la mitad.
