La Contraloría General de la República iniciará la próxima semana una revisión de los controles que ejercieron las auditorías del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), de los hechos que detonaron el llamado Caso Cochinilla.
Así lo confirmó este jueves la contralora, Marta Acosta Zúñiga, en su segunda comparecencia ante los diputados que integran la comisión creada para investigar la supuesta corrupción en obras viales.
Los diputados le citaron hechos mencionados por los auditores de ambas dependencias, en los que se desligaban de sus responsabilidades en relación con los temas denunciados en el expediente judicial, cuando por el contrario debían “ser los ojos” para prevenir situaciones de ese tipo.
Acosta confirmó que los auditores deben trabajar para prevenir riesgos.
La liberacionista Paola Valladares citó, por ejemplo, al auditor del Conavi, Reynaldo Vargas, y la supuesta falta de atención a las relaciones de hechos, que el funcionario dijo que presentaba.
La contralora negó esa afirmación y dijo que más bien las relaciones de hechos presentadas por Vargas, fueron insumos para una denuncia penal.
Además, sobre las diferencias que llevaron semanas atrás a un careo entre ambos funcionarios, la contralora sostuvo que el hecho de que cada uno trabaje en un órgano por separado “no quita que se hablen”.
Acosta adelantó a los congresistas que la fiscalización que están por iniciar, tomaría al menos cuatro meses, pero prometió presentarles un informe preliminar en el proceso.
Búsqueda de castigo
Durante su segundo día de comparecencia, Marta Acosta también anunció que llevan adelante una investigación para sentar responsabilidades por los defectos constructivos en el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote.
Los problemas fueron señalados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica, pero cobraron relevancia con las pesquisas judiciales del Caso Cochinilla.
Ante cuestionamientos del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, sobre el deber del ente contralor por velar por los fondos públicos, Acosta advirtió de que no están en capacidad de dar seguimiento a los informes del Lanamme.
“La Contraloría tiene una responsabilidad evidentemente, pero yo creo que todos somos responsables”, dijo.
Sin embargo, ante la insistencia sobre el caso específico de la obra de $17,6 millones, la contralora dijo que ya entraron a investigar, para lo cual trabajan en coordinación con el Laboratorio.
“Reconozco que no entramos a ver ese tema en todas las obras, lo estamos haciendo en Garantías Sociales”, expresó.
La jerarca de la CGR recalcó la necesidad de crear un laboratorio nacional de verificación que sea el que realice esas evaluaciones posteriores. Mientras tanto, añadió, la solución sería que las recomendaciones del Lanamme sean vinculantes.
Ante las palabras de Acosta, el legislador solicitó conocer cuál será el procedimiento para que en este caso se tomen acciones contra el contratista o se indemnice al Estado.
“Podemos hacer investigaciones, tratar de ir al tema de la inhabilitación, pero no necesariamente a través de una investigación vamos a llegar a esa conclusión”, agregó la contralora.
“¿No hay forma de recuperar esa plata?”, insistió el frenteamplista.
“Claro que sí la hay (...) estamos haciendo la investigación”, reiteró Acosta.
“¿Y en esa investigación podrían ordenarle al contratista que arregle lo que está mal?”, planteó el diputado.
“No sé”, fue la respuesta de la contralora.
De acuerdo con el expediente judicial del Caso Cochinilla, la empresa MECO falseó informes en conjunto con empresas supervisoras para colocar asfalto de una calidad menor a la indicada en el cartel.
[ MECO contrató a exjefe de Lanamme para ‘desvirtuar’ informe sobre defectos en Garantías Sociales ]
Para lograrlo, habría sobornado a laboratoristas, funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) e incluso habría contratado a un exjefe del Lanamme para desvirtuar un informe de esa misma entidad en el que se advertía de los supuestos errores en el proyecto.
Durante una comparecencia ante la misma comisión, el director del Lanamme, Alejandro Navas, sostuvo que ellos señalaron en varios informes (que no fueron acatados) prácticas inadecuadas como colocar asfalto bajo la lluvia, lo que provoca la pérdida de propiedades.
LEA MÁS: Lanamme asegura que Conavi no corrigió defectos detectados en Garantías Sociales
Además, expuso el ingeniero, encontraron defectos en las bases estabilizadoras, exceso de cemento, lo que puede generar grietas y permitir que haya penetraciones de agua, así como deficiencias en el acabado del pavimento que pueden ocasionar daños a los vehículos.
La obra fue inaugurada el 30 de marzo del año pasado.
A revisión
Los legisladores también criticaron algunas debilidades que persisten en la Ley de Contratación Administrativa, a pesar de su reciente reforma.
Por ejemplo, citaron el tema de la eliminación de las garantías de cumplimiento, que ya eran desde antes supuestamente utilizadas por los empresarios para ponerse de acuerdo al concursar por contratos de obras viales, ofreciendo un precio muy bajo y como segunda opción un costo inflado. Luego, el primero incumplía la garantía y obligaba a la Administración a adjudicar al segundo.
“Me preocupa ver de qué forma vamos a tener que revisar la ley que aprobamos (...) siguen abriéndose portillos para el manual de buenas prácticas de corruptos, estamos tendiéndoles la alfombra roja”, dijo Paola Valladares.
La contralora respondió que si hay que ir adelante con un cambio estaría en la mayor disponibilidad de aportar estadísticas y estudios.
En otra de las interpelaciones, Acosta se desligó de la responsabilidad de haber aprobado el presupuesto de Conavi a pesar de los faltantes de recursos.
Sobre ese tema, dijo que la Contraloría no podía haberse dado cuenta, pues los presupuestos siempre llegaron equilibrados.