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Otros 400 días necesitaría la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para completar la ampliación de la carretera entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.
Esta fue la prórroga que la firma solicitó hace dos semanas, como confirmó el gerente de la Unidad Ejecutora, Kenneth Solano Carmona, este jueves, ante los diputados de la comisión especial creada para investigar supuestas irregularidades en obras viales.
Con los 400 días adicionales que gestiona, dijo Solano, el plazo para terminar la obra se alargaría al tercer trimestre del 2023, es decir, el proyecto tomaría seis años contados desde que se dio la orden de inicio, en noviembre de 2017.
Esta, además, sería la tercera modificación de tiempo que recibe la empresa, por atrasos atribuidos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). En marzo, había pedido 800 días y se le concedió la mitad.
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Según esta prórroga, la constructora china debería concluir en mayo del próximo año.
Al tiempo que se conoce la solicitud por más tiempo, el Gobierno avanza en la búsqueda de un nuevo crédito con el Eximbank de China para las obras adicionales en esa carretera.
De confirmarse, automáticamente se daría al menos dos años más de plazo a la empresa para completar el proyecto de 107 kilómetros.
Durante su intervención ante los diputados, Solano se refirió al informe según el cual de mantener el ritmo de trabajo actual, las obras estarían listas hasta el 2029.
El ingeniero aclaró que esas son proyecciones basadas en lo ejecutado hasta ahora, pero no corresponden a lo planeado, pues la intención es agilizar las labores.
Para la ampliación de la vía, todavía están pendientes unos 300 trámites de expropiaciones, como confirmó Solano.
No obstante, insistió en que la constructora tiene más del 90% de espacio disponible para avanzar.
¿Por qué todos estos atrasos?
Solano reiteró que los problemas se deben a la mala planificación y falta de preinversión con la que se inició el proyecto, así como a las barreras culturales con la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).
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“El proceso fue deficiente (...) el contrato de préstamo también tiene muchas deficiencias, esas deficiencias las hemos ido enfrentando y subsanando de la mejor manera posible.
“Hay un tema con la empresa, es una empresa china y no tiene experiencia en proyectos en Costa Rica, el uso de algunas normas les es difícil, el diseño ha sido bastante deficiente de parte de la empresa”, explicó el ingeniero.
Durante su comparecencia, el gerente de la Unidad Ejecutora informó a los legisladores que actualmente enfrentan dificultades para cumplir los pagos.
Según dijo, a la fecha adeudan al menos siete facturas al consorcio a cargo de supervisar los trabajos.
El faltante de recursos, añadió, afecta las labores de la Unidad Ejecutora, pues los ingenieros y otro personal destacado en la zona deben pagar de su bolsillo los viáticos y alquileres.
Recursos trasladados
A pesar del complicado escenario, el funcionario negó que sea resultado del desfinanciamiento del proyecto que se aprobó mediante una moción el año pasado, cuando se tomaron ¢12.700 millones del presupuesto de la ruta 32 para la atención de otras obras.
En aquel momento, explicó, esos recursos no se estaban utilizando porque el ritmo de trabajo del contratista era muy lento.
No obstante, aclaró que no fue consultado sobre esa decisión, pues solo recibió una llamada del entonces gerente del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Carlos Solís Murillo, preguntándole si iban a utilizar esos recursos.
Solano dijo que luego se enteró de que los recursos habían sido removidos.
Según él, la decisión no afecta lo que ocurre este año, porque esos fondos correspondían al presupuesto del 2020, lo que implica que para 2021, de todas formas, no podrían haberse utilizado porque los presupuestos se aprueban anualmente.
La afirmación fue refutada por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, al plantear que si los recursos no se utilizaban habrían quedado como superávit específico y no podrían haberse movido.
Esa situación, dijo Villalta, le habría evitado al Conavi andar “mendigando” por presupuestos extraordinarios este año.
Solano se defendió, aduciendo que él advirtió de que ese tema no es de su competencia.
“Dije que eso es lo que yo entiendo”, respondió el ingeniero.
No obstante, al ser consultado si habría avalado el traslado de fondos, el ingeniero respondió negativamente.
Consultado sobre el número de expropiaciones afectadas por el tema de recursos, Solano explicó que ha habido atrasos en pago de avalúos y reconocimientos judiciales que se han ido subsanando. Aseguró que solo tres o cuatro procesos han sufrido por falta de fondos.
Tal afirmación también fue puesta en duda por Villalta, pues, según dijo, el diputado David Gourzong informó en esa misma comisión que serían más de 40 las que están en proceso y no tres o cuatro como dijo el ingeniero.
El gerente de la Unidad Ejecutora contestó que tiene conocimiento de tres o cuatro, pues del resto no han sido notificados.
Los diputados también le cuestionaron a Solano sobre los informes emitidos por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) en relación con malas prácticas constructivas y deficiencias en las obras.
Solano argumentó que la misma unidad ejecutora ha solicitado a CHEC demoler obras o retirar carpeta asfáltica cuando encuentran errores de construcción o materiales de baja calidad.
La ampliación de la ruta 32 se inició a finales de la Administración de Luis Guillermo Solís Rivera, sin que se contaran con estudios y diseños. Originalmente la obra debía estar lista en octubre del año pasado.
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El proyecto tiene un costo de $465 millones que son financiados por un préstamo con el Eximbank y una contrapartida estatal.
