Bancos niegan préstamo de $35 millones para estudios previos de carretera a San Ramón

Desde el 29 de noviembre, el BCR, administrador del fideicomiso para la carretera, tocó las puertas del Banco Nacional, BAC San José, Davivienda, Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) para conseguir el dinero. Sin embargo, esas instituciones rechazaron el pedido por diferentes razones.

Los recursos urgen para iniciar los estudios técnicos, económicos y financieros; gestionar los permisos ambientales, ejecutar expropiaciones y reubicar asentamientos. Ese proceso de preinversión tardaría 37 meses, según las estimaciones del BCR.

De las ocho instituciones consultadas, solo el Banco Popular mostró anuencia a dar el empréstito.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) declaró que podrían costear los estudios de prefactibilidad, pero ese es solo uno de los componentes necesarios para empezar la construcción.

Si nadie quiere dar el préstamo por $35 millones ¿por qué el BCR no lo suministra? La entidad no puede hacerlo porque incurría en un conflicto de intereses, pues ellos son los encargados de administrar el fideicomiso y realizar los estudios.

Esa entidad bancaria fue seleccionada desde el 2016 por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para administrar el fideicomiso con el que se construiría la vía de 60 kilómetros, pero a la fecha el plan permanece estancado. Se estima que el proyecto total costaría $550 millones.

Al desinterés de los bancos se suma el hecho de que el Conavi carece de fondos propios para pagar la preinversión. Tampoco cuenta con presupuesto para respaldar la deuda que se contraiga con algún banco.

La única opción que maneja el Consejo es utilizar los ingresos de los peajes ubicados en la autopista General Cañas y en Naranjo para responder por el crédito. Esas estaciones de cobro recaudaron, en 2016, ¢1.600 millones, aproximadamente.

La Unidad Administradora del Proyecto del BCR manifestó, por medio de un correo electrónico, que no se puede hablar de "dificultad" para obtener el financiamiento.

"Es importante aclarar que los proyectos de gran complejidad, magnitud e importancia social, como es el caso de la construcción del corredor vial que va desde San José hasta San Ramón, deben realizarse con el más estricto control y aplicando mecanismos que aseguren la transparencia en la obtención del respectivo financiamiento, obligación que inclusive asumimos contractualmente".

Añadieron que han negociado con el Banco Popular, pero están pendientes las condiciones del crédito y que el Consejo de Administración del Conavi las avale.

El fideicomiso fue la figura financiera seleccionada por el gobierno de Luis Guillermo Solís para desarrollar la carretera. La ley que creó ese fideicomiso fue firmada por el mandatario en febrero de 2015 en el parque de San Ramón, en Alajuela.

Antes del fideicomiso, la propuesta era construir la carretera bajo el modelo de concesión, pero esa idea fue desechada en 2013 tras la presión del Foro de Occidente por el alto costo de los peajes (¢3.930 ida y vuelta).

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Para cancelar el contrato de concesión, el Estado tuvo que indemnizar a la empresa brasileña OAS por $35 millones, justo el monto que necesita ahora el país para pagar los estudios de preinversión.

¿Por qué no?

Las razones de los bancos para darle la espalda al proyecto de ampliación de la vía a San Ramón se basan en que no existe suficiente información para hacer una oferta de financiamiento.

Además, exponen que no está claro de dónde sacaría recursos el Conavi para pagar la deuda que asuma.

En el caso del Instituto Nacional de Seguros (INS), la entidad fue más allá y cuestionó la eficiencia del BCR y el Conavi.

"En el INS deseamos invertir en este tipo de proyectos que además contribuyen al desarrollo del país, pero dada nuestra naturaleza de empresa en mercado de competencia, necesitamos que estos sean realizables y que nuestros socios –todos los costarricenses– no solo se sientan satisfechos por la decisión, sino también orgullosos de contribuir con el desarrollo nacional.

"Es nuestro sentir, que la propuesta de su representada de llevar a cabo la preinversión en un plazo de 37 meses y, posteriormente, la construcción en los 36 meses siguientes está alejada de las necesidades reales del pueblo", expresó Elián Villegas, presidente del INS en una nota enviada al BCR el 10 de enero anterior.

"Consideramos que el planteamiento de su representada carece del sentido de urgencia que tiene para Costa Rica contar con esta carretera en excelentes condiciones y, por el contrario, irrespeta claramente las necesidades reales y actuales de cientos de miles de ciudadanos costarricenses", agregó el jerarca de la aseguradora en la carta.

El Instituto ofreció, desde setiembre de 2015, un crédito de $21 millones para cancelar todos los estudios previos, pero decidió retirar esa línea de financiamiento desde junio de 2017.

El presidente Solís indicó que recibió una copia de la carta remitida al BCR por el INS, pero aseguró desconocer los detalles.

"Mi posición frente a la carretera San José-San Ramón es que se tienen que seguir los más altos estándares técnicos, yo he dejado que sean los que saben quienes gestionen los recursos, establezcan los términos de referencia, preparen los protocolos, leyes y reglamentos.

(...) No conozco la carta de don Elián (Villegas), me han dicho que la envió, no conozco el detalle porque mi posición ha sido que sean los técnicos quienes respondan", dijo el mandatario.

Expresó que le hubiese gustado dejar este proyecto más avanzado.

Pobre posibilidad

Los ingresos de los peajes de la autopista General Cañas (Alajuela) y la carretera Bernardo Soto (Naranjo) son los únicos recursos a los que puede echar mano el Conavi para respaldar el crédito de $35 millones necesarios para los estudios técnicos de la nueva vía a San Ramón.

En Alajuela el monto que paga cada vehículo liviano es de ¢75 y en Naranjo es de ¢150. El Conavi ha intentado en los últimos tres años elevar esas tarifas, pero las solicitudes han sido frenadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por falta de estudios de demanda.

La opción no suena mal, pero esas estaciones de peaje recaudan montos que no alcanzan ni para pagar el mantenimiento actual de esos caminos.

De acuerdo con datos del Conavi, en 2015 recolectaron ¢3.400 millones, de los cuales el 61% (¢2.075 millones) se utilizó para sostener los gastos operativos, es decir, pagar los salarios de los cobradores, los servicios públicos de las casetas, la seguridad y los sistemas informáticos, entro otros.

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En 2016, el peaje de Naranjo recaudó ¢807 millones y el de la General Cañas ¢811 millones.

Este diario solicitó al Conavi los datos de los ingresos correspondientes al 2017, pero al cierre de esta información no habían sido enviados.