Entidades responsables de servicios públicos vitales en Costa Rica arrastran fallas para anticipar y reducir el embiste de eventos climáticos sobre la infraestructura básica, revelan cuatro reportes divulgados este mes por la Contraloría General de la República (CGR).
El patrón no es idéntico en cada sector, pero converge en la misma debilidad: la resiliencia climática no está integrada de forma transversal al planificarse la inversión, ejecución y operación de obras públicas.
En vías y electricidad, la mayor alerta es la insuficiente evaluación de riesgos en la reconstrucción posterior a emergencias, la fragmentación de la gobernanza; y en hidrocarburos, la falta de metas e indicadores que vinculen la capacidad técnica con el cuido de las comunidades.
La Contraloría evaluó la inclusión del enfoque de resiliencia (entendida como la capacidad de adaptarse a adversidades y volver a su estado o función inicial) en infraestructura pública vital entre 2021 y 2025. El promedio general fue de 56,02%, una calificación intermedia que oculta diferencias importantes entre sectores.
Hidrocarburos y electricidad quedaron por encima del promedio general; movilidad quedó levemente por debajo y la reconstrucción de obras dañadas tras emergencias tuvo el menor desempeño.
Sin embargo, las cuatro evaluaciones no miden la misma carencia: cada reporte profundiza en el componente crítico de su respectivo sector.
Electricidad y movilidad se examinaron con énfasis en la evaluación de riesgos; los proyectos de reconstrucción por emergencias, en Gobernanza y marco normativo; y Recope, en resiliencia comunitaria.
Aunque las notas varían, el cóctel de falta de coordinación, capacidades técnicas y rendición de cuentas puede traducirse en sobrecostos, retrasos e interrupciones prolongadas de servicios públicos, con impactos mayores sobre comunidades aisladas o en condición de vulnerabilidad, advirtió la CGR.
Decisiones bajo incertidumbre
El sector de movilidad es de los casos más críticos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) obtuvieron un puntaje de 55,47%, pero su calificación en evaluación de riesgos fue de apenas 37,14%.
La CGR detectó que ambas carecen de un inventario formal de infraestructura crítica basado en cuán crítica es y tampoco incorporaron sistemáticamente evaluaciones multiamenaza en todo el ciclo de vida de sus proyectos (preinversión hasta puesta en marcha).
Conavi reportó la utilización de herramientas probabilísticas de riesgo solo en el proyecto del corredor vial San José-San Ramón.
El MOPT, por su parte, ha priorizado métodos básicos de evaluación.
Además, las dos señalaron que los recursos presupuestarios destinados a la preinversión son insuficientes para pagar estudios hidrológicos, geológicos y probabilísticos antes de diseñar y construir obras.
Para la Contraloría, esa combinación de datos dispersos, escasa evaluación técnica temprana, falta de inventarios críticos y presupuestos limitados lleva a que las instituciones planifiquen y ejecuten infraestructura bajo “incertidumbre técnica”.
El resultado es que se prioriza intervenir después de que las vías son dañadas, en vez de prevenir daños a partir de escenarios de variabilidad y cambio climático.
Una situación similar, aunque con resultados generales menos desfavorables, se dio en el sistema eléctrico.
El conjunto de Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) alcanzó una madurez de 66,89%.
No obstante, la evaluación de riesgos del sector eléctrico obtuvo 43,28%, también en el nivel básico. El ICE registró 60,32%; la ESPH, 46,15%; y CNFL y Jasec, 33,33%.
La auditoría identificó que ICE y Jasec carecen de inventarios formales de infraestructura crítica según cuán crítica es.
“Su implementación deficiente perpetúa un modelo de gestión reactivo enfocado en la reparación, lo cual disminuye la eficiencia del gasto , compromete la vida e integridad de las personas y limita la capacidad del Estado para proteger a las poblaciones vulnerables”, advirtió la CGR sobre las deficiencias al evaluarse riesgos de la infraestructura eléctrica.
La Nación consultó a entidades examinadas en los reportes de la CGR sobre los hallazgos. No obstante, al momento de esta publicación, ninguna había respondido a las consultas.
Reconstruir sin corregir falencias
No obstante, el sector con más inmadurez (51,96%) fue la reconstrucción de infraestructura luego de emergencias climáticas.
La evaluación incluyó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y a 13 municipalidades en calidad de unidades ejecutoras de proyectos financiados con el Fondo Nacional de Emergencias.
Su punto más débil fue la gobernanza y el marco normativo (40,12% ). La CNE obtuvo 56,25%, mientras el promedio de las 13 municipalidades fue 38,88%.
La CGR concluyó que, de 2021 a 2025, las obras reconstruidas reflejan una gestión reactiva: las instituciones operan de forma fragmentada, con vacíos en roles y responsabilidades, sin una evaluación sistemática de riesgos y sin modelos estructurados de gobernanza de datos.
En la práctica, alerta la CGR, eso significa que las intervenciones luego de un desastre se limitan a reponer lo dañado, en vez de aprovechar la reconstrucción para mejorar estándares de adaptación climática y reducir la vulnerabilidad de las obras frente a futuros eventos.
El caso de hidrocarburos requiere una lectura distinta.
Recope tuvo el mayor nivel de madurez general de los sectores analizados, con 70,38%, impulsado por resultados altos en generación y acceso a información (85%) y en robustez y preservación de infraestructura (81,43%).
Sin embargo, la CGR detectó una “desconexión entre su capacidad técnica e industrial” y su impacto social medible. El componente de resiliencia comunitaria fue el de menor desempeño de Recope, con 57,78%.
La advertencia de la CGR es que la protección de comunidades vulnerables no puede tratarse como el efecto secundario de la seguridad industrial o de la preservación física de los medios para dar un servicio.
Sin objetivos explícitos e indicadores para medir el impacto social, indicó, la inversión pública podría mantener desigualdades e invisibilizar los efectos de las interrupciones de servicios sobre quienes tienen menor capacidad de adaptarse a emergencias climáticas.