EscucharLa incertidumbre producida por la inestabilidad del tipo de cambio del colón con respecto al dólar acentúa la baja participación de empresas constructoras en proyectos de obra pública.
Este es uno de los factores que, a criterio de expertos y de las mismas firmas, inciden en la decisión de ofertar o no en un proceso de licitación para el desarrollo de carreteras, hospitales y otras infraestructuras del Estado.
La baja participación se traduce no solo en atrasos debido a la necesidad de repetir procesos cuando estos se declaran desiertos o infructuosos, sino también en proyectos más costosos y ofertas menos competitivas.
De acuerdo con Federico Villalobos, economista y experto en infraestructura, la apreciación del colón puede ser determinante, sobre todo si se considera el tiempo que transcurre entre la preparación de un proyecto y su proceso de licitación.
En su opinión, los contratos deberían considerar posibles ajustes por variaciones cambiarias para promover la participación y, al mismo tiempo, acortar el riesgo para el Estado.
Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores en Ingeniería, coincide en que el riesgo cambiario es especialmente relevante en contratos pactados en dólares, pero cuyos costos se cubren en buena parte en colones.
Según explicó, cuando la moneda estadounidense pierde valor frente a la nacional, los ingresos que reciben las empresas se convierten en menos colones, mientras que obligaciones como salarios, subcontratos, cargas sociales e impuestos deben pagarse en moneda local.
“Si se oferta en dólares y reciben dólares, pero la mayor parte de los costos que usted va a tener van a ser en colones, quiere decir que cuando usted tenga que pagar todos esos rubros le va a salir más caro todavía y en los proyectos de larga ejecución eso es un riesgo muy importante”, afirmó Vargas.
La empresa constructora Pedregal reconoció que este descalce puede reducir los márgenes previstos e incluso generar pérdidas. Además, señaló que el reconocimiento del efecto cambiario requiere gestiones ante la Administración que no siempre son admitidas.
De acuerdo con la firma, cuando no existe una fórmula que contemple tanto las variaciones de costos como el efecto cambiario, las empresas pueden incorporar una contingencia en sus ofertas para protegerse de posibles pérdidas.
“La dificultad no radica en el reajuste de precios como tal, sino en contar con mecanismos que reconozcan de manera oportuna y adecuada tanto las variaciones de los costos como el efecto cambiario. En nuestra experiencia, el reconocimiento de este último requiere gestiones ante la Administración que no siempre son aceptadas, lo que mantiene la incertidumbre para el contratista”, señaló la firma.
Por su parte, el director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Javier Chacón, advirtió de que además de los temas asociados al tipo de cambio y los mecanismos de reajuste de precios, existen otros factores que pueden influir en la baja participación de empresas en los procesos de contratación pública.
El representante explicó que en algunos proyectos el nivel de especialización técnica requerido reduce el número de empresas con capacidad para participar.
Asimismo, dijo, durante las etapas de planificación y prefactibilidad, es fundamental que las instituciones evalúen no solo la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, sino también la capacidad real del mercado para ejecutarlos, de forma que se evite que empresas calificadas para desarrollar una obra, no se encuentren comprometidas con otros proyectos relevantes, lo que pueda limitar su capacidad operativa o financiera para asumir nuevos contratos.
“También inciden factores como la complejidad de los carteles, requisitos restrictivos, plazos de ejecución poco realistas, incertidumbre sobre permisos o expropiaciones, condiciones de pago y una distribución inadecuada de riesgos entre la Administración y el contratista”, afirmó Chacón.
Los tres expertos sostienen la necesidad de fortalecer la preparación de proyectos desde la fase de preinversión.
Entre las recomendaciones se señalan como factores clave:
- Una sólida preinversión con estudios de mercado y de capacidad de construcción.
- Consolidar proyectos para generar mayor interés de empresas internacionales que complementen a los locales.
- Revisar rigurosamente los requisitos técnicos para no limitar la participación.
- Una adecuada programación del flujo de caja que pueda prever el contratista.
Reajustes de precios y presupuestos insuficientes
El gerente de Infraestructura y Tecnologías de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jorge Granados, identificó la falta de mecanismos de reajuste de precios en contratos a suma alzada como el principal motivo señalado por las empresas para restringir su participación en licitaciones de infraestructura médica.
La institución estima que este factor explica cerca del 90% de los casos en que las compañías deciden no presentar ofertas.
Según Granados, la entidad incorporó un modelo mixto de pago que permite distribuir los riesgos contractuales y que, según su criterio, hace posible reconocer reajustes de precios en determinados componentes. Sin embargo, afirmó que la Contraloría General de la República ha insistido en que no resulta viable incorporar esos ajustes si algún componente del contrato se paga bajo la modalidad de suma alzada.
Menos ofertas pueden encarecer las obras
Los expertos coinciden en que la falta de competencia limita las posibilidades de comparar precios y obtener condiciones más favorables para el Estado.
Cuando solo participa una empresa elegible, la Administración pierde capacidad para contrastar las ofertas y conseguir mejores condiciones económicas. Si el procedimiento queda desierto, debe iniciar nuevamente el proceso de contratación, lo que retrasa la ejecución de las obras.
En la respuesta enviada a este diario, Granados sostuvo que en los procesos donde se debe reiniciar un concurso luego de que se declara desierto, el atraso en el proyecto puede ser de alrededor de un año.
Pedregal también señaló que la incertidumbre sobre las cantidades de trabajo previstas puede generar diferencias importantes entre las ofertas, particularmente en contratos por demanda. En esos casos, cada empresa debe estimar el volumen efectivo de obra que ejecutará para calcular sus costos y planificar el uso de personal, maquinaria y otros recursos.
En los últimos meses, proyectos como el Hospital de Limón, los pasos peatonales y pasos elevados en la ruta 32 y varios contratos del programa de riesgo inminente Proeri han debido repetirse debido a que las empresas rehúsan presentar ofertas.
En otros casos, como ocurrió con el tramo central de la carretera a San Carlos, se registró un único oferente, lo que conllevó a un atraso de más de un año debido a que la oferta no fue avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el caso del Hospital de Limón, Granados dio a conocer en abril que a pesar de que se trataba de una inversión de $400 millones y una obra de 85.000 metros cuadrados de construcción, ninguna de las empresa que había superado la fase de precalificación presentó oferta.
Las constructoras alegaron temas de seguridad, cierres en la ruta 32, imposibilidad de aplicar reajustes de precios y la incertidumbre con el tipo de cambio.
En el caso del tramo central de la vía a San Carlos, el riesgo geotécnico y costosas obras pendientes fueron señalados como las causas que ahuyentaron a otras firmas que ya habían participado en las visitas previas.
En los contratos asociados a Proeri, la mayoría de alegatos de las empresas han estado relacionados con debilidades en los carteles y requisitos elevados.
