"La compañía hará todo lo que indique el Tribunal. En todos los casos hemos cumplido con las decisiones de los jueces y esta no será la excepción".
Ambos juzgados acogieron los reclamos por ¢118 millones que presentaron los profesores universitarios Nicolás Boeglin y Jorge Arturo Lobo, quienes reclaman el dinero por concepto de costas de los juicios que enfrentaron y ganaron.
La minera acusó a Boeglin y Lobo del delito de difamación por criterios que ellos emitieron en torno al proyecto de la mina Crucitas, que Infinito desarrollaba en Cutris de San Carlos.
En respuesta a una consulta realizada por este diario, la empresa dijo que sigue en el país y que está a la espera de una resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con la que aseguran recuperarán la inversión.
La empresa hace alusión a una consulta elevada al CIADI en torno a la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso en noviembre del 2010 y que confirmó la Sala I de la Corte Suprema de Justica, que anuló la concesión para la mina Crucitas.
Colaboró la periodista Natasha Cambronero.