La Diócesis de Limón alertó este miércoles que unos 400 universitarios verían interrumpidas sus carreras si el Gobierno no gira los recursos pendientes para el funcionamiento del Tecnológico de Costa Rica (TEC).
También pidió a los diputados preservar el financiamiento de esa sede universitaria.
La Iglesia católica de Limón advirtió en un comunicado que la falta de transferencia de ¢492,9 millones por parte del Gobierno amenaza la continuidad de las actividades del TEC en esa provincia y podría dejar a cientos de estudiantes sin posibilidad de completar sus carreras.
La alerta fue planteada por el obispo de Limón, Javier Román Arias, y el director de la Pastoral Social Diocesana, Manuel Zamora Salazar, en un mensaje dirigido a la Presidencia de la República, los ministerios de Hacienda y Educación Pública y la Asamblea Legislativa.
Según la Diócesis, los recursos correspondientes al último trimestre de 2026 todavía no habían sido girados. Se trata de un monto cercano a los ¢492,9 millones que la sede necesita para cubrir sus gastos ordinarios.
“Si esto se mantiene, la sede tendrá serias dificultades para continuar sus labores, y cientos de jóvenes de nuestra provincia que hoy asisten a clases podrían ver interrumpida su carrera”, advirtió la representación religiosa.
La inquietud también alcanza la discusión legislativa del presupuesto, pues la Iglesia señaló que en la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 25.803, que contempla una reducción de esos mismos recursos.
Ante ese panorama, solicitó al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda realizar las gestiones necesarias para transferir los fondos pendientes del último trimestre de este año.
También pidió a los diputados valorar las consecuencias de la reducción propuesta y preservar el dinero que requiere el TEC para mantener sus actividades en Limón.
La Diócesis recordó que el TEC abrió su sede en Limón en 2014 y que, desde entonces, buena parte de su población estudiantil proviene de hogares de escasos recursos económicos.
Según el comunicado, para muchas familias de la provincia esa sede representa la única posibilidad real de acceder a la educación superior, debido a que no pueden asumir los gastos de alojamiento, alimentación y transporte que implicaría estudiar en Cartago o San José.
“Para la mayoría de esos hogares, pagar el alojamiento, la alimentación y el transporte de un estudiante en Cartago o en San José está fuera de su alcance”, señaló la Iglesia.
La organización religiosa también advirtió que una eventual interrupción de las actividades tendría consecuencias para las familias y comunidades de procedencia de los estudiantes, en una provincia que históricamente ha enfrentado problemas de desempleo y falta de oportunidades para su población joven.
El comunicado recordó que el financiamiento de las sedes regionales de las universidades públicas tiene sustento en el artículo 24 del título IV de la Ley 9635, reformado por la Ley 9732. Por ello, solicitó a las autoridades tomar en cuenta esas disposiciones al buscar una solución.
Además de reclamar el giro de los recursos pendientes de 2026, la Diócesis pidió al Poder Ejecutivo y al Legislativo garantizar el financiamiento para 2027, de manera que la comunidad estudiantil pueda continuar sus estudios sin incertidumbre.
La Iglesia también llamó a las instituciones involucradas a dialogar, respetar sus respectivas competencias y encontrar una salida que permita mantener abierto el centro universitario.
Ese comentario viene apenas una días luego de que el expresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves desatara una fuerte controversia en el ámbito político y académico al calificar públicamente como “terrorista” a María Estrada Sánchez, rectora del TEC.
Los epítetos del exmandatario se dieron durante una entrevista en el programa No Mientas Show, en el marco de las tensiones por la negociación de los fondos para la educación superior y las discusiones del presupuesto extraordinario.
La arremetida del Ejecutivo escaló luego de que la jerarca advirtiera ante el Congreso que el recorte planteado obligaría al cierre inmediato del Centro Académico de Limón, afectando directamente a más de 400 estudiantes de la región caribeña.