El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, aseguró ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que la ejecución de $1.200 millones en créditos para infraestructura pública no es tan lenta como lo señaló, días atrás, la Contraloría General de la República (CGR).
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantiene cinco líneas de empréstitos activas con diferentes entidades financieras internacionales para proyectos, entre esos la nueva carretera a San Ramón, Circunvalación Norte, el paso a desnivel en Paso Ancho, el intercambio entre Guadalupe y la rotonda de La Bandera y la ampliación a cuatro carriles de la vía Cañas-Liberia.
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Entre estos préstamos están el Programa de Infraestructura Vial por $300 millones y el Programa de Infraestructura de Transporte por $450 millones.
Segnini afirmó que la mayoría de obras presentan avances "importantes", sobre todo en etapas de preinversión y planificación.
"Hay que quitarse la idea de que una obra inicia o avanza cuando se empiezan los trabajos de construcción, porque hay una etapa grande de planificación y preinversión", alegó Segnini.
Además, el jerarca citó la poca capacidad del MOPT para concretar expropiaciones, atrasos en el Poder Judicial para entrar en posesión de los terrenos expropiados, exceso de normas en la obtención de permisos ambientales y descoordinación entre entidades públicas para reubicación de servicios, entre otros.
De acuerdo con datos del MOPT, el costo de las unidades ejecutoras para cada uno de los préstamos oscilan entre 1,4% y el 3% del monto total de los créditos. Estos equipos de trabajo están integrados por un máximo de 21 personas.
"Cuando usted habla de un crédito de $450 millones se da cuenta que el 2% ($9 millones) para una unidad ejecutora es mucho dinero", expresó Epsy Campbell, diputada del Partido Acción Ciudadana.
Mario Redondo, quien preside esa comisión legislativa, cuestionó al ministro la ausencia de un proyecto de ley definitivo para el cierre del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la creación del Instituto Nacional de Infraestructura (INI).
