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Guácimo, Limón
"Este no es un régimen autoritario en el que todos se tienen que alinear o irse para afuera", contestó esta mañana el presidente Luis Guillermo Solís como reacción a la declaración de la presidenta de la Caja del Seguro Social (CCSS) contra el decreto pro Fertilización in vitro (FIV) impulsado por el Gobierno.
El mandatario lamentó la divergencia con María del Rocío Sáenz, a quien en mayo del 2014 confió la presidencia de la CCSS, y que ahora critica el decreto con el cual Costa Rica intenta cumplir la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de habilitar la FIV en suelo tico.
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El presidente evitó mencionar siquiera la posibilidad de separar a Sáenz de la CCSS y más bien defendió la autonomía de criterio de esta institución pública que eventualmente debería aplicar FIV a los asegurados, si se aplicara la condena de la Corte dictada en 2012.
"Hubiera querido que el criterio de la CCSS fuera otro, pero vamos a insistir para que el decreto se imponga", señaló Solís durante su visita a Guácimo para participar en un acto de la Universidad Earth.
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Camino legal de la FIV. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado costarricense el 28 de noviembre del 2012 y le ordenó regular la FIV para permitir su aplicación en la salud privada y en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La Sala había prohibido la fertilización in vitro en el año 2000 por considerar que es una técnica que atenta contra el derecho fundamental a la vida.
El 3 de setiembre de este año, el Estado costarricense representado por las direcciones jurídicas de Casa Presidencial y de la Cancillería, rindió un informe de cumplimiento de sentencia ante la Corte IDH.
En ese momento, el Gobierno todavía no había emitido el decreto para regular la FIV a la espera de que los diputados aprobaran un proyecto de ley que se tramita con lentitud en la Asamblea Legislativa.
Por eso, el jueves 10 de setiembre, el mandatario Luis Guillermo Solís firmó el decreto —publicado al día siguiente— para permitir nuevamente y regular la FIV.
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El decreto ejecutivo permitiría la aplicación de esta técnica en seis meses para la salud privada, y en dos años para la CCSS.
Acción de inconstitucionalidad. Un mes después, la Sala Constitucional, en una votación divida de sus magistrados, decidió acoger para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados contra el decreto de FIV.
Al acoger la acción para estudio, la aplicación del decreto quedó suspendida mientras la Sala resuelve si el decreto es una figura jurídica constitucional y válida para regular la FIV en el país.
La CCSS envió la respuesta a los magistrados de la Sala Constitucional el pasado 30 de octubre y la Procuraduría General de la República (PGR) remitió su informe este martes 3 de noviembre, ambos documentos se oponen a regular la FIV por decreto y apuntan a que se debe hacer mediante una ley.
