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El 11 de setiembre se publicó el reglamento para regular la aplicación de la FIV en el país. No obstante, ayer la Sala IV decidió suspender esa norma hasta que decida si es constitucional o no. | ADRIÁN ARIAS
San José
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) coincidieron ante la Sala Constitucional que la fertilización in vitro (FIV) se debe regular por ley y no por decreto.
Ambas instituciones enviaron a los magistrados constitucionales sus informes sobre el decreto para regular la FIV en el país, firmado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y publicado en La Gaceta el pasado 11 de setiembre, esto con el afán de cumplir una orden impuesta al Estado desde el 2012 por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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Los informes firmados por la procuradora general, Ana Lorena Brenes y por la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, coinciden en que, por tratarse de la regulación del derecho fundamental a la vida, se debe ejercer mediante una ley, como lo señaló en varias resoluciones pasadas la misma Sala IV. También, coincidieron en que el decreto ejecutivo es inconstitucional.
En la página nueve del informe de la PGR se señala que: "Al respecto, se impone señalar que el principio de Reserva de Ley constituye una garantía de control frente al poder público, en el sentido de que la regulación, autorización, limitación y control de los derechos y libertades fundamentales debe provenir del Congreso, que es a quien le corresponde proteger o intervenir los derechos fundamentales del ciudadano".
Mientras, en el documento remitido por la CCSS, en la página 24, "se reitera la idea de que este tema debe ser tratado por ley, toda vez que solo a través de una norma de tal rango se puede contemplar aspectos de tipo sancionatorio, civil y penal, necesarios para evitar malas aplicaciones de la técnica FIV".
Las notas enviadas por la CCSS y por la PGR servirán como elemento de análisis a los magistrados de la Sala Constitucional, quienes estudian una acción de inconstitucionalidad presentada por la activista Alexandra Loría y por diputados evangélicos, y que pretende anular el decreto presidencial que pretendía regular la FIV en Costa Rica.
Camino legal de la FIV. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado costarricense el 28 de noviembre del 2012 y le ordenó regular la FIV para permitir su aplicación en la salud privada y en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La Sala había prohibido la fertilización in vitro en el año 2000 por considerar que es una técnica que atenta contra el derecho fundamental a la vida.
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El 3 de setiembre de este año, el Estado costarricense representado por las direcciones jurídicas de Casa Presidencial y de la Cancillería, rindió un informe de cumplimiento de sentencia ante la Corte IDH.
En ese momento, el Gobierno todavía no había emitido el decreto para regular la FIV a la espera de que los diputados aprobaran un proyecto de ley que se tramita con lentitud en la Asamblea Legislativa.
Por eso, el jueves 10 de setiembre, el mandatario Luis Guillermo Solís firmó el decreto —publicado al día siguiente— para permitir nuevamente y regular la FIV.
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El decreto ejecutivo permitiría la aplicación de esta técnica en seis meses para la salud privada, y en dos años para la CCSS.
Acción de inconstitucionalidad. Un mes después, Sala Constitucional, en una votación divida de sus magistrados, decidió acoger para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados contra el decreto de FIV.
Al acoger la acción para estudio, la aplicación del decreto quedó suspendida mientras la Sala resuelve si el decreto es una figura jurídica constitucional y válida para regular la FIV en el país.
La CCSS envió la respuesta a los magistrados de la Sala Constitucional el pasado 30 de octubre y la PGR remitió su informe este martes 3 de noviembre.
El abogado representante de las parejas que demandaron al Estado por el caso de la FIV, Boris Molina aseguró que "nos parece que ni la PGR, ni la Caja tienen autoridad para opinar y tratar de obstaculizar este tema. La segunda, porque su obligación es cumplir con la orden que le dio expresamente la Corte IDH para ejecutar la FIV en Costa Rica, y no inmiscuirse en temas jurídicos como el que ilegítimamente aceptó la Sala Constitucional en contra de sus propias resoluciones".
Y, en el caso de la PGR, Molina estimó que "debería de tener vergüenza y no opinar más sobre este tema, después del penoso papel que hicieron en el proceso ante la Corte IDH, en donde salieron perdedores en todas las tesis propuestas, que ahora quieren volver a discutir en el derecho interno, precisamente en el único foro que podría prestarles atención (la Sala IV), al ser ellos los culpables de todo el desastre de la prohibición de la FIV en nuestro país".
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