Escuchar
El presidente de la Sala IV, Gílbert Armijo, admitió que decidió jubilarse luego de que la mayoría de sus compañeros (en una votación que quedó cuatro contra tres) acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial que regula la fecundación in vitro (FIV) en el país y suspendió el empleo de la técnica, aunque el tema se ventilaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Fue la gota que derramó la copa”, confesó, este lunes, en una entrevista telefónica con La Nación. El magistrado sostuvo que "es muy fregado entrar al selecto club de los países que no obedecen lo que dice la Corte", a la cual considera el órgano superior de derechos humanos en América Latina.
LEA: Sala IV suspende decreto que regula fecundación ‘in vitro’
Horas antes, en Noticias Monumental, el jurista dijo que ese fallo lo colocó en una “una especie de conflicto de intereses”, pues asegura que va en contra de los principios que él ha defendido a lo largo de su trayectoria profesional y académica.
Armijo considera que lo más prudente era esperar hasta que la Corte Interamericana se pronunciara sobre la validez de ese decreto, firmado por el presidente Luis Guillermo Solís, el pasado 10 de setiembre, en vista de que ese foro internacional le había concedido audiencia al Gobierno para que explicara qué acciones había tomado sobre el asunto.
LEA TAMBIÉN: Presidente firma decreto para regular la fertilización in vitro en Costa Rica
Para el jerarca de la Sala Constitucional, a la Corte Interamericana le correspondía definir si dicho decreto cumple con las exigencias de la sentencia que ya había emitido desde noviembre del 2012, cuando condenó al Estado y le exigió legalizar la aplicación de la FIV en territorio nacional.
A continuación, la entrevista con el magistrado Armijo, quien se jubilará el próximo domingo 1.° de noviembre, tras 20 años en la Sala IV.
¿La decisión de la Sala IV de acoger para estudio la acción de inconstitucionalidad contra el decreto que legaliza la FIV fue la principal razón por la cual usted decidió jubilarse?
Hay muchos factores que inciden. Sin embargo, fue la gota que derramó la copa. Esta quizá fue la última situación donde yo consideré que ya era prudente retirarme de la Sala.
Durante muchos años, como profesor, académico y jurista, he mantenido que la Corte Interamerica, una vez que se pronuncia en relación con un país y, más, en este caso, que hay una condenatoria de por medio y está en la fase de cumplimiento de su propia sentencia, pues ella es la única competente para pronunciarse sobre este tipo de problemas y, creo que, en esta situación, tres de nosotros optamos por decir que no éramos competentes hasta que la Corte se pronunciara.
A raíz de esto, días después decido acogerme ya al retiro porque, en realidad, existía un conflicto de intereses entre lo que yo tenía que hacer como presidente de la Sala y lo que yo creo y pienso en relación con el tema. Creo que uno tiene que ser consecuente entre lo que enseña, piensa y lo que hace.
¿Iba en contra de lo que para usted es el papel de la Sala IV?
Así es, en realidad, yo creo que nosotros tenemos que ser prudentes. No es que la decisión de mis compañeros no fuera la apropiada, pero para mí era muy difícil mantenerme en esta situación, donde prácticamente estamos entrando a analizar, a través del curso que se le da a una acción de inconstitucionalidad que viene a cuestionar uno de los aspectos que el Gobierno había presentado ante la Corte Interamericana, para que se dijera si el país estaba o no cumpliendo con lo que había ordenado la sentencia condenatoria en relación con el Estado costarricense y, para mí, es muy complicado mantener los dos sombreros: uno que es en el que creo y sostengo, como lo hago con el voto salvado cuando se le da curso a la acción, que nosotros no somos competentes para pronunciarnos hasta que la Corte lo haga y, el otro, si esto ya tenía otro matiz, como presidente de la Sala tengo que representarla y salir a sostener una cosa que puede ser diferente con lo que yo estoy pensando y, desde ese punto de vista, prefiero irme a mi casa con la conciencia tranquila y que continúen las cosas como tendrán que terminar.
Decía usted que debieron ser prudentes, ¿fue imprudente la Sala al acoger para estudio esta acción de inconstitucionalidad?
No quisiera que lo pusiera así, pero en Derecho se habla de otro término, se dice autocontención, que es más bonito. Es no entrar a analizar algo hasta que el superior, que para mí es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hubiera pronunciado.
En este caso, para la minoría que es doña Nancy Hernández, don Ernesto Jinesta y quien le habla, nosotros tenemos una posición con relación a este tema y es que no podemos ver ese tema todavía hasta que la Corte se pronuncie y diga si eso es o no válido, porque, en realidad, es el máximo tribunal en América Latina en Derechos Humanos y nosotros somos el país sede.
Es muy fregado desde mi punto de vista entrar al selecto club de los países que no obedecen lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como Venezuela, por ejemplo, o como Bolivia u otros países de América Latina que están haciendo eso. A mí eso no me parece que correcto, he sido formado como juez, estoy acostumbrado que cuando el superior te dice: 'esta es la forma de la solución correcta', yo no lo cuestiono, respeto el fallo y lo ejecuto. Y es este caso, un poco sería cuestionar eso y como le digo, yo ya no podría llegar hasta ahí.
¿Se está irrespetando la autoridad de la Corte o se podría irrespetar al acoger la acción para estudio?
Yo no querría entrar a decirlo en esos términos, pero, ciertamente, por ejemplo, para cualquier abogado lo que estamos diciendo en el fallo es: bueno, sobre este tema no se le puede dar curso a la acción hasta que la Corte se pronuncie.
Dice usted que esta situación fue la gota que derramó la copa, ¿qué otras situaciones o fallos también pesaron en su decisión de jubilarse?
No, digamos que 20 años de ser magistrado constitucional es mucho tiempo. He estado ahí en propiedad 14 años y seis más como magistrado suplente. La Sala Constitucional ve temas muy complejos para el país, votamos por año aproximadamente ente 14.000 y 20.000 asuntos, multiplicados por 10 años, estamos hablando de 200.000 asuntos. Estar resolviendo los temas que ustedes cubren constantemente, como el acceso a la información, temas candentes, casos con el TLC (Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos) o (la Mina) Crucitas, son temas muy complejos y llega un momento que, luego de 34 años, uno dice: 'bueno ya es el momento de pensionarse'.
¿No está relacionado con otras decisiones en las que usted no estuvo de acuerdo o del accionar de la Sala IV en sí?
No, no, no. En esto todos somos abogados desde hace mucho tiempo y somos profesores universitarios, mis compañeros pueden estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo, lo único que yo hago es que pongo lo que yo creo por separado y hasta ahí. Eso no ocasiona mayor problema, esto es algo más personal, más de conciencia.
Cuál era su temor, ¿que la Sala IV se trajera abajo el decreto y que después la Corte lo avalara, o viceversa?
Va más por el lado de que mientras la Corte hace un acto oficial donde concurren el defensor de los habitantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las partes, y sabemos que se va a pronunciar sobre ese tema, hay que esperarse, desde mi punto de vista, y respetar lo que vaya a decir la Corte.
Pero cuando usted dice que no quiere formar parte de ese selecto club de países que no obedecen a la Corte, ¿a qué se refiere?
Sobre eso ya no quisiera opinar.
¿Este tema generó roces a lo interno de la Sala IV?
No. Tengo buena relación con mis compañeros. Es algo más personal. Como juez, como jurista, era mejor irme para mi casa ya.
