La compañía canadiense Infinito Gold arrastró al Estado costarricense a un arbitraje internacional, luego de que los tribunales ticos le negaran los permisos para operar una mina de oro a cielo abierto en Crucitas, San Carlos.
El escenario de la disputa jurídica estará en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, EE. UU.
La empresa minera exige que el país le pague $93 millones por la inversión que realizó en el frustrado proyecto minero, más intereses y costas.
Así lo confirmó la tarde de ayer el ministro de Comercio Exterior, Alexánder Mora, quien explicó que el Gobierno ya contrató un equipo de abogados de la firma estadounidense Arnold & Porter.
Esta representación tendrá un costo de $1,7 millones.
Antes de pasar a un arbitraje, como paso previo el Ciadi deberá estudiar los alegatos de las dos partes y definir si, efectivamente, existe una base legal para la demanda presentada por Infinito.
Los canadienses hicieron el requerimiento ante el ente conciliador el pasado 10 de febrero.
En ese momento, un comunicado de prensa emitido por la casa matriz de la firma, señaló que el Estado costarricense le había quitado su concesión minera tras “una serie de violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones”.
Defensa. “Vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para desvirtuar lo que se nos está achacando y haremos todo lo que podamos para no pagar ni un centavo en ese proceso, pero dentro del marco de la legalidad internacional y de los compromisos que como país serio ha utilizado”, aseguró Mora.
Para conformar el tribunal de arbitraje, cada parte puede elegir a uno de sus miembros, en tanto el Ciadi define al presidente. En el caso de Costa Rica, optó por la francesa Brigitte Stern.
La decisión del país de ir a este proceso no cayó bien en todos los sectores. El diputado de Frente Amplio, Edgardo Araya, quien a su vez fue uno de los abogados que demandó a Infinito en el 2008, afirmó que no hacía falta que Costa Rica se sometiera a la mediación.
“Aquí en este país se agotó la vía interna. La empresa minera utilizó todos los argumentos y herramientas jurídicas que el país le puso. No pueden quejarse de arbitrariedad”, señaló Araya, al reiterar que no hay una obligación legal para que el país asista al arbitraje.
Sin embargo, el ministro Mora indicó que Costa Rica no puede quedarse sin defensa en el caso.
Pleito añejo. Infinito inició sus operaciones en el país gracias a un permiso otorgado en el 2002 en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), para la explotación de oro a cielo abierto en Crucitas, en el distrito de Cutris de San Carlos.
Sin embargo, el proyecto no dio pasos significativos sino hasta el 13 de octubre del 2008, cuando el presidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, firmaron el decreto número 34801-Minaet, que lo declaró “de interés público” y “conveniencia nacional”.
Disconformes con estas decisiones, las organizaciones ecologistas Apreflofas y Frente Norte por la Vida (Unovida) acudieron al Tribunal Contencioso, el cual, el 24 de noviembre del 2010, decidió la anulación del contrato.
Los jueces encontraron irregularidades en los permisos y determinaron daño ambiental debido a la corta de árboles almendro amarillo, protegidos por ley.
Esa decisión fue ratificada en el 2011 por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, por lo que además se anuló el decreto de Arias. También ordenó a Infinito indemnizar al país por los perjuicios causados.
Al quedarse sin más espacios jurídicos, Infinito acudió al arbitraje internacional.