Costa Rica dio su voto para adoptar un convenio de la OIT que recomienda a los patronos públicos y privados un fuero o protección para las víctimas de violencia doméstica que haya en su empresa, de manera que impida su despido.
Además, recomienda implementar una licencia, modalidades de trabajo flexibles y la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo.
La firma de este convenio preocupa al sector empresarial.
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) considera que podría generar múltiples interpretaciones erróneas, que es un texto ambiguo y que nunca les fue consultado.
El convenio denominado “La violencia y el acoso en el mundo del trabajo” fue acogido por varios países, entre ellos Costa Rica, en el marco de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizado en Ginebra la semana anterior. El acuerdo establece una relación entre violencia doméstica y el entorno laboral.
Fue suscrito por el ministro de Trabajo, Steven Núñez; el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, y, por la parte sindical, el secretario general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Mario Rojas Vílchez.
Entretanto, el sector empresarial, representado en el Congreso por Fabio Masís, director ejecutivo de la Uccaep, votó en contra por considerarlo “un obstáculo”.
Para Gonzalo Delgado, presidente de la Unión de Cámaras, Costa Rica siempre ratifica los convenios con la OIT “sin cuestionarse los efectos que puedan tener sobre la competitividad y las empresas”.
“La preocupación es que históricamente todos los convenios con la OIT se han ratificado y se han vuelto obligaciones legales para los empresas, se han aplicado al pie de la letra. Básicamente lo que está generando es una incertidumbre de las regulaciones que puede tener la relación empresa-empleado en un mediano plazo; se les está cargando la responsabilidad de evitar la violencia doméstica a las empresas cuando no hay posibilidad de hacerlo legalmente”, manifestó Delgado.
El representante informó de que enviaron una carta al presidente Carlos Alvarado, donde se le detallan las preocupaciones.
“Estas medidas no son para los Estados sino para las empresas, lo cual conlleva una serie de complicaciones importantes y es evidente que la inclusión de la violencia doméstica creará situaciones complejas en el mundo laboral, cuando realmente corresponde a la esfera del derecho penal y del derecho de familia, tal y como ya lo establece nuestra legislación”, dijo la Uccaep.
Por día, el 9-1-1 atiende unas 268 llamadas con reportes de violencia doméstica.
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¿De qué trata el convenio?
El convenio establece que los empleadores deben prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Sin embargo, en el texto del convenio consideran que la violencia doméstica puede afectar al empleo, la productividad, así como la seguridad y salud. Por lo tanto, señala, los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo “pueden contribuir, como parte de otras medidas, a reconocer, afrontar y abordar el impacto de la violencia doméstica".
Por este motivo, recomienda a los empleadores una serie de medidas para mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo como una licencia para las víctimas, modalidades de trabajo flexibles y protección temporal de las víctimas de violencia doméstica contra el despido, según proceda.
Además, recomiendan la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo; un sistema de orientación hacia mecanismos públicos para su mitigación y la sensibilización sobre los efectos de la violencia doméstica.
Geiovanny Díaz, del departamento de prensa del Ministerio de Trabajo, explicó que estas recomendaciones no son de caracter vinculante, pero que están hechas para que los países cumplan con los objetivos del convenio.
“Los países definen los instrumentos para cumplir con los objetivos de acuerdo a sus características específicas, pueden tomar como base estas recomendaciones que sirven como guía para que los países cumplan los objetivos del convenio”, dijo el funcionario.
A partir de este momento, el país tiene 12 meses para enviar el convenio a la Asamblea Legislativa para su ratificación. De ser avalado, pasarán entre 12 y 18 meses para su aplicación.
Lea aquí el convenio por el cual se votó positivamente.