EscucharUna orden de la Sala Constitucional retrasa aún más la definición del mecanismo de consulta para pueblos indígenas en el cual el Gobierno trabaja desde hace año y medio.
El 8 de setiembre, en resolución de un recurso de amparo interpuesto por los habitantes del territorio indígena Alto Chirripó, en Turrialba, los magistrados le ordenaron al Gobierno repetir tres reuniones en esa comunidad, para informar y pedir opinión a sus residentes sobre el proceso de construcción del mecanismo de consulta para pueblos nativos.
Las sesiones que el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano debe realizar por segunda ocasión en Alto Chirripó, Turrialba, forman parte de un plan de tres visitas que hizo el Ejecutivo a cada uno de los 24 territorios indígenas del país como parte del proceso de construcción del mecanismo.
Un equipo de funcionarios de Presidencia, liderados por la viceministra Ana Gabriel Zúñiga, organizó las tres reuniones en ese territorio, pero la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de la Reserva Indígena Cabécar de Alto Chirripó considera que no fue consultada de forma idónea y acudió a la Sala para exigir que las visitas se repitan, petición que fue respaldada por los magistrados.
La resolución de la Sala IV llegó cuando el proceso de construcción del mecanismo de consulta se acercaba a su etapa final. Este dará cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
El objetivo es que el instrumento se use para pedir la opinión de los territorios indígenas sobre cualquier proyecto o política que les llegaría a afectar, sea de forma positiva o negativa. Se aplicaría a escala nacional, regional, territorial o comunitario según el impacto que fuera a tener la propuesta.
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En mayo, representantes indígenas de todo el país conocieron el primer borrador de decreto que elaboró el Ejecutivo a partir de los insumos que recogió en los encuentros territoriales.
Una comisión indígena realizó los últimos ajustes al documento y preparó la versión que actualmente está en discusión en los 24 territorios, el cual después se llevaría a un segundo encuentro nacional. En esa reunión debe definirse la versión definitiva de mecanismo, explicó Zúñiga.
"Estábamos previendo para finales de octubre, pero probablemente vamos a tener que extenderlo a noviembre (...) la forma en la que se va a regular es un decreto y una directriz presidencial, para que también pueda usarse para las instituciones descentralizadas", dijo Zúñiga.
La funcionaria comunicó que el Viceministerio de la Presidencia no ha evaluado el impacto que tiene la orden de la Sala en su cronograma, pero las características de Alto Chirripó hacen que la programación de las visitas sea complicada y tome tiempo.
El territorio es de difícil acceso y está conformado por 64 comunidades, muy distanciadas entre sí. Por ese motivo, en la primera ocasión, para cada etapa del plan de visitas, se tuvieron que hacer cuatro reuniones en sitios distintos.
Lo más probable es que así se vuelva a hacer ahora, reconoció Zúñiga.
En el fallo, la Sala Constitucional también ordenó que se repita el encuentro nacional.
Decisiones de indígenas serían vinculantes
El Estado tiene pendiente la elaboración de un mecanismo de consulta a los pueblos indígenas desde 1996, cuando la Defensoría de los Habitantes hizo su primera recomendación al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de informar y pedir la opinión de las comunidades nativas sobre la planta hidroeléctrica El Diquís, que desde entonces se pretendía construir en en Buenos Aires de Puntarenas.
Esa instancia se convirtió en mandato en 2011, cuando la Sala Constitucional emplazó al ICE a realizar la consulta antes de continuar con el proyecto.
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El borrador de mecanismo, tal cual está planteado en este momento, dice que los acuerdos que lleguen a tomar los territorios, las instituciones públicas del Gobierno Central y las empresas privadas serán vinculantes.
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La propuesta también incluye la creación de una Unidad Técnica de Consulta Indígena (UTCI), adscrita al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ( Mideplan ) .
De acuerdo con Zúñiga, la promesa de este Gobierno es dejar listo el mecanismo antes de que termine su administraciín, en mayo del próximo año.
