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Hace casi dos décadas, la Defensoría de los Habitantes hizo su primera recomendación al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de informar y consultar a los pueblos indígenas sobre el proyecto hidroeléctrico que pretendía levantar en la zona sur del país. Eso fue en 1996.
Pasadas cinco administraciones, ni siquiera se conoce una guía o protocolo para cumplir con ese proceso, que allanaría el camino para la construcción de El Diquís, planta con 650 megavatios de capacidad instalada que, según el ICE, es clave para asegurar el futuro suministro eléctrico nacional.
A la fecha, ni la Defensoría, ni el ICE, ni los indígenas de la zona, conocen la ruta a seguir. Voceros de Casa Presidencial, sin embargo, afirman que ya se inició el proceso para definirla.
Aunque la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, estima que no se puede imponer un plazo, afirmó que se procurará hacerlo pronto.
El año pasado, a inicios de este Gobierno, el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, y el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, también hablaron de priorizar el tema .
“La Defensoría mantiene una gran preocupación porque han transcurrido muchos años sin que se hayan realizado acciones concretas tendientes a garantizar este derecho medular de los pueblos indígenas”, señala un informe de junio pasado emitido por esa entidad.
Primeros pasos. A la inquietud de la Defensoría, el Gobierno respondió cinco meses después afirmando que “ha logrado avances de indudable relevancia”.
En una nota de noviembre, firmada por Luis Emilio Jiménez, director del despacho presidencial, se dice que está listo el “Proyecto de fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica”, que comenzó a ejecutarse ese mes con talleres de capacitación a funcionarios y miembros de pueblos indígenas.
Además, señaló que está planteada para el primer semestre del 2016 una convocatoria para un proceso de preconsulta.
Ante preguntas de La Nación, la viceministra precisó que, el 26 y 27 de noviembre, se realizaron los talleres con funcionarios estatales con “el objeto de generar una base institucional con capacidades para la elaboración de un mecanismo de consulta”.
También aseguró que el Gobierno emitirá un “instrumento normativo” para regular una plataforma de diálogo con los pueblos indígenas.
Ni el ICE ni representantes indígenas saben de esas acciones.
“Hemos tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo y coordinamos con el mismo, pero no conocemos el detalle del manejo de este tema ni de un cronograma de trabajo”, apuntó el ICE.
Esta entidad ya ha invertido $129 millones en estudios y análisis para el proyecto, cuya construcción debía iniciar este año.
Isabel Rivera, una de las líderes comunales en Térraba, explicó que en la zona se habla de una consulta pero no se trata del proceso para El Diquís.
“Lo que se me ha informado es que, con respecto a El Diquís, no ha habido mucho avance”, dijo.
Zúñiga explicó que la pretensión del Poder Ejecutivo es establecer la vía de consulta, no solo para ese proyecto hidroeléctrico, sino para una “larga lista de medidas de carácter administrativo” en la misma zona.
Obligación. La consulta a los habitantes de la región es obligatoria, porque la planta requiere utilizar territorios indígenas, protegidos por ley y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El embalse de El Diquís anegaría el 10% del territorio China Kichá (104 hectáreas) y 8% de tierras térrabas (726 hectáreas), de acuerdo con la Defensoría.
Dicho plan ya enfrentó 20 gestiones ante la Sala Constitucional y una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Colaboró Juan Fernando Lara
