Productos vencidos, con daños en el empaque y contaminados por roedores son algunas de las causas por las cuales el Consejo Nacional de Producción (CNP) bota millones de colones al año en alimentos que tienen almacenados en sus bodegas como parte del programa para abastecer a las instituciones del Estado.
El último registro data de octubre del 2016, cuando el Consejo desechó ¢52 millones en abarrotes, según el informe de la Auditoría Interna AG179-17 publicado en junio del 2017. Sin embargo, aquella no era la primera vez.
Por ejemplo, en abril del 2016 se desecharon 63.560 unidades de alimentos con un costo de ¢61,3 millones, según el informe AG312-16, publicado en diciembre del 2016. Se determinó que ¢52,7 millones de mercadería se descartaron por haber cumplido la fecha de vencimiento y por "daños provocados por mal manejo" y otros ¢6,8 millones de alimentos se tiraron por tratarse de "productos de baja calidad". Los restantes ¢1,8 millones estaban contaminados por "roedores, infestación y empaque deficiente".
En el 2015, el CNP tiró a la basura ¢57,3 millones de alimentos; en 2014, ¢26,3 millones y en 2011 fueron ¢37,8 millones, según otro informe AG044-16, revelado en febrero del 2016.
"Se continúa enviando mercadería para desecho cuya principal causa ha sido el vencimiento, lo que demuestra un mal manejo en la custodia del inventario, repercutiendo en pérdidas económicas para la institución, así como también, se presenta el riesgo de que otra parte de las mercaderías en existencias, manifiesten las mismas condiciones y por ende, se puedan afectar los intereses económicos de la institución", explica el informe AG312-16.
En las bodegas del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) se almacenan alimentos de reserva para atender pedidos imprevistos de clientes; tal es el caso de solicitudes de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la atención de un desastre, cuando se requerirían diarios para las familias o alimentación para el personal. Otra posibilidad es bajo la modalidad de refuerzos del Ministerio de Seguridad Pública como podría ser en la romería.
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Édgar Mora, director del PAI, explicó que se desechó mercadería porque antes del 2015 se hacían compras "desmedidas de productos", con inventarios de hasta ¢500 millones mensuales, lo que provocaba que gran parte se perdiera.
"Ahora en inventario nos quedan unos ¢50 millones por mes en las bodegas, se hacen inventarios mes a mes; antes no se hacían inventarios. Lo que se ha desechado son ¢70 millones en mercadería en dos años", aseguró el funcionario, aunque sus datos difieren de los de la Auditoría Interna.
La bodega del CNP suple cerca del 20% del total de ventas del año, el 80% restante lo hacen directamente los proveedores a los puntos de entrega.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) es el principal cliente del Consejo Nacional de la Producción pues esta entidad abastece al 26% de los centros educativos (1.200).
El año pasado, el Consejo le vendió al Ministerio ¢13.500 millones; el CNP recibió ¢1.800 millones para "gastos operativos" como intermediario entre los centros y los proveedores, labor por la cual se deja una comisión de entre 5% y 7% por cada producto vendido.
El CNP también vende los alimentos a las cárceles, delegaciones policiales, hospitales, Cen-Cinái, Comisión Nacional de Emergencia (CNE), entre otros.
'Mal manejo' de alimentos
En las distintas muestras tomadas del inventario, la Auditoría ha encontrado que el "mal manejo", es causa del desecho de abarrotes. Un caso de mal manejo es, por ejemplo, que en las bodegas del PAI los alimentos a punto de vencer o vencidos están revueltos con los otros comestibles.
La Dirección de Calidad e Inocuidad del CNP llegó incluso a describir la bodega como "un basurero", luego de la inspección realizada el 25 de agosto del 2016. Según consignó en un informe, el sitio estaba sucido y había desorden de bultos, pues algunos mezclaban bienes; además, algunos empleados estaban sentados sobre los productos y alimentos fuera de su empaque.
"El resguardo del inventario está siendo afectado por ratas y amenazado por cuitas de aves, condiciones que ocasionan enfermedades respiratorias, oftalmológicas, de la piel, entre otras. Durante el conteo físico se determinaron productos en mal estado (cajas rotas, latas arrugadas, pulpas vencidas y derramadas, productos dañados por plagas) mezclados con los que estaban en buenas condiciones. Se observó la existencia de un mismo producto colocado en varios sitios, y se encontraron productos sueltos encima de las tarimas o empaques abiertos incompletos", dice el documento.
En el informe de auditoría AG044-16, la inspección encontró empaques comidos por roedores y advirtieron que las consecuencias de la plaga van más allá de las pérdidas económicas por el peligro que representa a la salud.
La "falta de higiene" en las bodegas también fue señalada por la Contraloría General de la República (CGR) en un informe emitido en marzo de este año.
"Se observó que las instalaciones de las bodegas no mantenían condiciones idóneas de higiene y orden, así como productos vencidos o en mal estado ubicados junto a los artículos aptos para comercialización", explicó la CGR.
El ente contralor, además, criticó las pérdidas por desecho de productos que se dieron en el 2015 y el hecho de que el CNP no cuente con un registro o estimación por pérdidas u obsolescencia de inventario.
Los informes del CNP evidenciaron que en los estados financieros no se refleja el monto de las mercaderías desechadas y que los hallazgos encontrados por la Auditoría en la supervisión del inventario, son similares a las de varios años atrás porque la Administración desatiende las recomendaciones para solventar la problemática.
"Ninguna de las recomendaciones emitidas en nuestros informes AG 032-14 del 28/02/14, AG 157-14 del 07/08/14, AG 250-14 del 15/12/2014 y AG 037-15 del 09/03/15 han sido atendidas", recriminó la Auditoría del CNP.
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Una de las recomendaciones planteadas por la Auditoría es promover la sustitución, devolución o venta alternativa de los productos que se encuentran vencidos o prontos a vencer y los de baja rotación porque los clientes no los consumen o los que están en mal estado.
Sin embargo, Édgar Mora, director del PAI, dijo que el CNP no tiene potestad de donar o hacer promociones de los productos de desecho para sacarles algún beneficio.
"Lo único que podemos hacer es que los suplidores nos cambien el producto o que nuestros clientes nos lo compren", manifestó el funcionario.
Mora insistió en que con la reducción del inventario en bodega también han bajado los problemas detectados por la Auditoría.
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Según información del Consejo, entre enero y marzo de este año, las compras a las micro, pequeñas y medianas empresas rondaron los ¢6.700 millones; las "agroempresas de base social", que incluyen a Dos Pinos, Coopemontecillos y Coopetarrazú, le vendieron a la institución alrededor de ¢958 millones en ese periodo y las compras a las "grandes empresas", excluyendo a la Irex, rondaron los ¢333 millones.
Declaraciones juradas
Para definir si una empresa está en la categoría de micro, pequeña o mediana, el CNP se basa en una declaración jurada, autenticada por un notario público, en la que la compañía indica la cantidad de empleados que tiene, las ventas y activos.
Un informe de auditoría de junio de este año llamado Evaluación de la Gestión Operativa del PAI (AL-175-17), determinó que las declaraciones juradas de algunas de las compañías no aportaban datos reales, por lo cual están inscritas en el CNP como medianas pero en realidad, son grandes.
Cita el ejemplo de una empresa activa en el CNP, dedicada a la venta de abarrotes, que reportó al Consejo 115 empleados. Esa firma estaba en la categoría de mediana empresa, pero, según el informe, las compañías con más de 100 trabajadores deben ser consideradas como grandes.
Además, añade el documento, la compañía, ubicada en la región Brunca, realmente tiene 190 empleados y ventas anuales por ¢11.000 millones, al tiempo que se desconoce el origen de los productos que esta empresa vende.
"Al permitir que empresas proveedores del PAI no se ajusten a las normas que rigen la actividad, estaría facilitando la permanencia de un proveedor que no es objeto del accionar de la institución, en perjuicio de otro que realmente ocupa los servicios que la institución ofrece", explica el informe.
Adicionalmente, la investigación plantea el ejemplo de otra empresa que le vende al CNP carne de res, cerdo y embutidos. Esta se ubica en la categoría de mediana, pero tiene 300 empleados, activos por ¢2.000 millones y ventas anuales por ¢15.600 millones, o sea, debe estar en la categoría de grande.
"El notario público tiene fe pública por eso le damos credibilidad a ello. Sin embargo, estamos variando los requisitos, ahora la declaración jurada deberá ser autenticada por un contador público y con vista en los libros (contables) la empresa tiene que comprobar sus ingresos y activos. Además, gestionamos ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que nos remita la cantidad de empleados", añadió el funcionario.
La auditoría encontró, además, la asignación en el PAI de compras a empresas que no cumplen con la seguridad social, y asignación de compras a empresas que subcontratan, lo cual "violenta la Ley de Contratación Administrativa y la Ley Orgánica de la CCSS".
Este informe evaluó la gestión operativa del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en la región Brunca y alertó de que ahí los proveedores se designan "a dedo", de forma subjetiva, sin hacer proceso de compra ni cotización de los precios, ni estudios de mercado, para determinar si los precios que ofrece el proveedor son razonables.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) es el principal cliente del Consejo Nacional de la Producción pues la entidad abastece al 26% de los centros educativos (1.200).
El año pasado, el Consejo le vendió al Ministerio ¢13.500 millones; el CNP recibió ¢1.800 millones para "gastos operativos" como intermediario entre los centros y los proveedores, labor por la cual se deja una comisión de entre 5% y 7% por cada producto vendido.
El diputado del Movimiento Libertario y actual candidato presidencial, Otto Guevara, propuso cerrar el CNP, por medio del proyecto de ley, expediente 20.269, el cual está basado, según él, en informes de la Contraloría General de la República, cuya conclusión es que "debe cerrarse".
"Es un intermediario carísimo que le amarra el perro a los productores y le proveé alimentos de mala calidad, vencidos y le mete una burocracia innecesaria a la compra .(Que le compre a grandes empresas) es un muestra más de la falacia, ya que se habla que esta ahí para comprarle a pequeños y medianos productores y colocar sus productos. Es una falacia", manifestó el Guevara.
Sin embargo, el director agrocomercial del CNP sostiene que el PAI "democratiza la economía, reparte riqueza, genera empleo y dinamiza el mercado local y es un mercado de carácter solidario".
"Favorece la producción nacional que por economía de escala no tiene la posibilidad de competir con las grandes empresas nacionales e internacionales en el marco de la apertura comercial imperante. Por otra parte, los entes públicos que compran sus suministros mediante el CNP, se eximen de realizar licitaciones, nos contratan directamente, lo cual representa miles de millones de colones anuales de ahorro para el Estado en recursos técnicos, administrativos y de tiempo", dijo el funcionario.
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Daniela Cerdas E.
daniela.cerdas@nacion.comPeriodista
Periodista en la sección de Sociedad y Servicios. Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina. Escribre sobre vivienda, trabajo, municipalidades, Iglesia, niñez y diversidad sexual.
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