El gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Dagoberto Hidalgo, le reclamó al presidente de la República, Carlos Alvarado, por no comunicarle previamente sus intenciones de fusionar esa entidad junto con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
De acuerdo con Hidalgo, en octubre de 2020, el Banco designó a un representante para iniciar el proceso de revisión del sector vivienda para una eventual reforma u ordenamiento de las instituciones involucradas. No obstante, aseguró que el proceso nunca se llevó a cabo.
“En primer lugar, debemos señalar nuestra preocupación por la emisión de este tipo de propuestas y manifestaciones sin que haya mediado, al menos en nuestro caso, una comunicación al respecto, ni una participación de representantes de este Banco”, afirmó Hidalgo.
En conferencia de prensa, el pasado 1.° de febrero, el mandatario Carlos Alvarado manifestó sus intenciones de dejar avanzado un plan para fusionar las tres instituciones del sector vivienda.
“Sería una reforma que mejoraría la eficiencia y cambiaría la gobernanza en ese sector. Entonces, creo que es una posibilidad aprovechar esos tres meses (de su periodo) para desarrollar una importante reforma del Estado”, manifestó Alvarado, en relación con el tiempo que le queda de mandato.
Incluso, el gobernante comentó que estaba dispuesto a dialogar con los candidatos que pasaran a segunda ronda para dejar presentado el proyecto. Los aspirantes que entraron al balotaje son José María Figueres y Rodrigo Chaves, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Progreso Social Democrático (PPSD).
Alvarado afirmó que trabajaría junto con su gabinete para remitir el plan a conocimiento de la Asamblea Legislativa y dejarle encaminado el trámite a la próxima administración.
En el Banhvi reclaman, sin embargo, que no existen “estudios técnicos con base sustentada y suficiente” que recomienden la fusión de las instituciones. Sin embargo, su gerente general manifestó anuencia “a llevar a cabo los análisis correspondientes y a determinar la generación de valor público”.
Mientras tanto, las autoridades del INVU guardan cautela sobre la propuesta del Poder Ejecutivo.
“Ante las declaraciones del señor presidente de la República, sobre una posible fusión entre las diversas administraciones que conforman el sector vivienda, cabe recordar que el INVU es una institución autónoma, por lo que no se financia con recursos provenientes del Presupuesto Nacional.
“Aunado a ello, sus potestades y competencias se encuentran claramente definidas a través de un marco normativo, no solo brindan seguridad jurídica plena, sino que permite garantizar innovación continua, abarcando desde sistemas de gestión hasta la comunicación con la ciudadanía”, señaló la entidad mediante un comunicado.
Fricciones entre el Ejecutivo y el Banhvi
Alvarado lanzó la propuesta luego de que la prensa le consultara sobre una consultoría valorada en ¢211 millones, que el Banhvi contratará para hacer un diagnóstico sobre la situación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). Alvarado contestó que no estaba al tanto de la licitación.
“No es la primera vez que la Junta Directiva del Banhvi no estaría, digamos, de acuerdo con lo que el Gobierno propiamente plantea”, aseguró.
El Poder Ejecutivo ha tenido fricciones con las autoridades del Banhvi por la asignación de recursos para vivienda social, durante buena parte de este mandato.
Incluso, en enero anterior, Carlos Alvarado reclamó que su administración habría tenido mejores resultados en el manejo de las finanzas públicas, si los diputados no hubieran devuelto recursos al Banhvi y a municipalidades, durante la discusión del Presupuesto Nacional en el Congreso.
También, ha habido roces entre el INVU y el Banhvi por el uso de los recursos dirigidos a construir proyectos de solución habitacional para personas en condición de pobreza.
El INVU y el Banhvi tienen sus propias leyes constitutivas, emitidas en 1954 y 1986, respectivamente. En tanto, el Mivah carece de un marco legal, por lo que se encarga de emitir lineamientos y políticas generales.
El Instituto ejecuta dichas políticas y promueve programas habitacionales; mientras que el Banco provee financiamiento, pero no directamente, sino a través de otras entidades autorizadas, como otros intermediarios, cooperativas y mutuales.
Esas entidades se encargan de recibir y tramitar las solicitudes de bono; así como de entregar los recursos en los casos que el Banhvi apruebe.
En el segundo semestre del 2020, en la búsqueda de alternativas para bajar el costo de operación del Estado, el Gobierno se cuestionó si necesita tres instituciones distintas para ejecutar las políticas de vivienda y ordenamiento territorial.
Según dijo en aquel momento Pilar Garrido, ministra de Planificación, la “dispersión de esfuerzos” era uno de los problemas que el Ejecutivo se propone resolver, como parte de la necesidad de hacer al aparato público más eficiente.
“El rol del Banhvi, cuestionarnos si a estas alturas, teniendo una herramienta tan poderosa como el Sinirube (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, unas condiciones que ofrecen programas de vivienda que son muy atractivas en la banca comercial y otros, si tiene sentido mantener el Banhvi o no”, dijo Garrido en una audiencia ante la comisión legislativa de Reforma del Estado, el 30 de setiembre del 2020.
El Sinirube es un órgano desconcentrado adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual reúne la información de todas las ayudas que distribuye el Estado entre la población.