El último permiso para que se inicie la construcción del megapuerto de Limón, por parte de la firma holandesa APM Terminals, quedó frenado luego de que un grupo de ambientalistas presentara objeciones técnicas al proyecto, acuerpado por diputados del Partido Frente Amplio.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) tiene tiempo hasta marzo del próximo año para resolver la queja presentada la semana pasada por el abogado Álvaro Sagot, el geólogo Allan Astorga y el presidente de la Federación Concervacionista de Costa Rica (Fecon) Mauricio Álvarez.
Sagot afirmó que Setena hizo 110 objeciones ambientales sobre el proyecto que no fueron bien esclarecidas en el documento que APM Terminals le dio a la Secretaría el 18 de setiembre, con el fin de obtener el visto bueno para empezar el proyecto.
Pese a que la gestión de los ambientalistas fue acogida desde el miércoles, fue hasta ayer cuando el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, y el secretario de Setena, Freddy Barrantes, la hicieron pública en conferencia de prensa, en la sede del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), San José.
Más temprano, a las 10 a. m., el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reiteró que solo faltaba el aval de Setena para seguir adelante con la inversión de $1.000 millones en Moín.
“Estamos esperando que se finalice el proceso de viabilidad ambiental (del proyecto portuario) que tiene que resolverse en Setena. Es un asunto que tiene unos días de margen”, manifestó.
Pero esos días a los que hizo referencia el gobernante podrían extenderse por cinco meses, afirmó el secretario técnico Barrantes, quien llegó a la conferencia de prensa, sin conocer los detalles de la queja de los ambientalistas.
Barrantes dijo que el análisis del documento está en manos de un equipo de especialistas de la Setena, y no dio una copia ayer mismo pues mientras daba declaraciones a la prensa, la oficina que representa cerraba sus puertas. Su horario de oficina es de 7 a. m. a 3 p. m.
Solís visitaba ayer el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en Coronado, cuando trascendió que personeros de Sintrajap y Casa Presidencial se estaban reuniendo en ese mismo momento en Zapote.
Sin negociación. En Coronado, el gobernante aclaró que la cita no implicaba una negociación con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) sobre el contenido de la concesión a APM Terminals, sino un diálogo en cuanto al fortalecimiento de Japdeva.
Sintrajap se alzó en huelga el miércoles pasado como protesta por el apoyo del Gobierno al contrato para que APM opere el futuro puerto por 33 años. La dirigencia critica la cláusula que otorgaría a la compañía exclusividad en el manejo de barcos portacontenedores.
La huelga pretendía paralizar la operación de la estatal Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), pero los sindicalistas no contaban con la contratación de personal extranjero por parte del Gobierno para mantener activas las terminales marítimas.
El movimiento de protesta se mantiene. Sin embargo, su impacto ha sido mínimo en la operación de los puertos caribeños.
Los sindicalistas cruzan los dedos para que la Setena descarte las explicaciones ambientales de la compañía APM y que se obligue a iniciar el proceso de cero.
El secretario general de Sintrajap, Ronaldo Blear, también dijo que esperan que la Sala Constitucional les dé la razón en sus objeciones, vertidas en dos recursos de amparo que ya están bajo estudio de los magistrados.
Sintrajap también pretende obtener apoyo de otros grupos sindicales, con el propósito de meter más presión al Gobierno.
Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja, dijo que coordinan con Sintrajap para estudiar el apoyo que les puedan dar.
“Mañana (hoy) hay una reunión con el sector universitario (no indicó hora y lugar), donde se presentarán estudios sobre los costos económicos y ambientales del proyecto. El fin de semana, un grupo de representantes de sindicatos, viajará a Limón”, explicó.
Atraso costoso a la vista. La revisión de los argumentos de los ambientalistas pone en jaque el inicio de la construcción del megapuerto, previsto para enero próximo tanto por APM como por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
La fecha de inicio de la construcción se ha cambiado ya en tres ocasiones, desde que en el 2012 la Contraloría General de la República refrendó el contrato.
En declaraciones dadas a el semanario El Financiero , el director de la CNC, Jorge Mora, dijo que de no iniciarse la construcción de la terminal, el costo de la obra se incrementaría en $170 millones.
En APM prefieren ser cautos y no centrarse en el costo por el atraso. Así lo expresó el gerente para Costa Rica de la firma, Rogelio Douglas, quien se limitó a señalar que están tranquilos con el apoyo que les ha expresado el Gobierno. Colaboraron Luis Miguel Herrera, Ángela Ávalos, Álvaro Murillo, Andrea González y Gerardo Ruiz.