Gobierno viola derecho a la educación al omitir presupuesto ordenado por Constitución Política
Sala Constitucional determinó que Presupuesto de la República para 2025 es inconstitucional al no disponer el 8% del PIB para asegurar la educación costeada por el Estado. Hacienda alega imposibilidad de cumplir
Escuela Monserrat de Cascajal, primer día de clases El Estado debe cumplir el mandato constitucional del 8% del PIB para el MEP, con el fin de asegurar la educación gratuita. En la imagen, niños de la Escuela de Cascajal de Coronado. (Marvin Caravaca)
Por unanimidad, la Sala Constitucional determinó que el gobierno violó el mandato constitucional de que la educación pública, general básica y diversificada es costeada por el Estadoal omitir en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) el porcentaje correspondiente al 8% del producto interno bruto (PIB.
Así lo declaró al evacuar una consulta de Defensoría de los Habitantes, resolución en la que advirtió de que el proyecto de ley relacionado con la asignación presupuestaria para el sector educación contraviene el Artículo 78 de la Constitución Política.
Según la Defensoría, esta violación afecta directamente el ejercicio del derecho constitucional a la educación y perjudica a niños, adolescentes y jóvenes del país.
“La Sala constitucional en un voto unánime dispuso que el proyecto de ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para este año 2025 es inconstitucional por omisión, esto por cuanto dejó de establecer el porcentaje del 8% del producto interno bruto en el presupuesto del ministerio de Educación Pública en perjuicio del derecho constitucional a la educación gratuita y costeada por la nación”, explicó el magistrado Luis Fernando Salazar, instructor del caso.
Según dijo, con la sentencia el tribunal constitucional reitera su línea jurisprudencial de que cuando el constituyente acuña un mandato constitucional se debe a la importancia que le quiere dar a la materia.
“La que en el caso que nos ocupa, al ofrecer el conocimiento a una población receptiva, que entiende a la educación como el instrumento para equilibrar las oportunidades para todas las personas, es clave para el desarrollo del país por su ligamen con el producto interno bruto”, añadió.
Consultado Nogui Acosta, ministro de Hacienda, recordó que “en ningún momento”, desde que se aprobó la reforma constitucional que asignó el 8% del PIB a la educación, se ha alcanzado ese porcentaje. Según dijo, para hacerlo se tendrían que cerrar “19 instituciones entre ministerios y poderes de la República”.
“Además, existe una imposibilidad material, porque eso consumiría más del 50% de la recaudación tributaria y la única manera sería endeudando inexorablemente al país, con el impacto macroeconómico que eso significa”, advirtió el jerarca.
Asimismo, señaló que la regla fiscal pone un límite al crecimiento del gasto, con lo cual habría que incumplirla. “Hoy por hoy, el Estado costarricense no puede cumplir con una disposición que no estableció las rentas necesarias para cumplirla”, declaró en respuesta a la consulta de La Nación.
‘Estamos cayendo en regresividad’
Por su parte la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, se mostró complacida con la resolución dictada por la Sala.
La jerarca explicó que la consulta fue planteada en el marco de la discusión del Presupuesto de la República con la esperanza de que se pudieran hacer las correcciones. No obstante, dijo, “lamentablemente” la Asamblea Legislativa demoró casi un mes en enviar el expediente a la Sala, por lo que los magistrados no tuvieron tiempo para hacer el análisis antes de la aprobación del plan de gastos de 2025.
“Nos parece que (la resolución) es un precedente fundamental. Venimos insistiendo en que los recortes en inversión social en Costa Rica están teniendo un impacto muy negativo en la calidad de vida de las personas y, particularmente, en materia de educación está teniendo impactos negativos sobre la niñez y la juventud. Hoy podemos decir que en efectos ya estamos hablando de regresividad en materia de derecho a la educación pública y gratuita”, expresó.
La defensora fue enfática en que nuevamente la Constitución está siendo transgredida por el Ejecutivo. Sin embargo, expresó, espera que mediante un presupuesto extraordinario se pueda enmendar la situación.
Presupuesto del MEP en caída
El presupuesto del MEP para este año quedó en 4,9% del PIB, el más bajo en los últimos 10 años. Con esta asignación de recursos, el 2025 se convirtió en el año con el presupuesto asignado al MEP más bajo en relación con el PIB en la última década, reemplazando al 2024. El monto asignado para el próximo año se aleja del 7,3% del 2015; el 7,5% del 2017 o el 7,3% del 2020.
El gobierno del presidente Rodrigo Chaves envió el 30 de agosto anterior a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional 2025, el cual asignó ¢2.580.414 millones al MEP. Esta cifra es ¢5.800 millones menor respecto a la asignada en 2024.
Los recursos destinados al MEP representan el 20,86% de los ¢12.397.486 millones (¢12,39 billones) del presupuesto total remitido a la Asamblea Legislativa, lo cual confirmó desde entonces la pérdida de peso del MEP dentro de las prioridades del Presupuesto de la República.
En setiembre de 2023, durante un foro universitario, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller cuestionó la necesidad de invertir el 8% del PIB en ese sector.
“¿Quién inventó el 8%? ¿De dónde surgió el 8%? ¿Dónde está la base científica que respalda el 8%?”, planteó en ese momento. Posteriormente, en el Congreso, afirmó que no se oponía al porcentaje.
Reunion en la Sala IV "La Sala viene a rescatar el desarrollo que ha hecho en su jurisprudencia de la educación gratuita y costeada por el Estado", expresó el magistrado Luis Fernando Salazar, instructor del caso. (JORGE CASTILLO)
