A última hora, el gobierno prohibió la participación de menores de 18 años en el evento de cierre del Pride 2025, programado para este domingo 29 de junio en la Plaza de la Democracia, en San José.
El Poder Ejecutivo argumentó que los asistentes a la marcha utilizarán “vestuarios inadecuados” y realizan “expresiones sexualizadas o de contenido no apto”.
Este lunes, la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz, reclasificó un evento que ya había aprobado para todo público, en el que participarán varios artistas nacionales. Además, exigió a la organización efectuar el concierto en un espacio cerrado.
De acuerdo con la resolución, la organización deberá tomar “las medidas necesarias” para garantizar que no ingresen menores de edad al acto de cierre de la marcha del Orgullo LGBTIQ+.
Aunque el acuerdo de revocar la calificación del evento se aprobó por mayoría, los representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Cultura y Juventud y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), salvaron sus votos respecto a la recalificación.
Eva Núñez, representante del INAMU, indicó que el tema no era competencia de la comisión, ya que la ley no le asigna calificar la vestimenta de las personas que asisten, o de los artistas.
“Si esto se amplía a este espectáculo, deberá hacerse también con otros eventos como topes, conciertos, televisión nacional”, argumentó.
Por su parte el representante del Ministerio de Cultura y Juventud, se apegó a las mismas razones de la representante del INAMU.
Esta es la segunda vez consecutiva en que el Gobierno realiza cambios de última hora, previo a la celebración del Pride.
El año anterior, la noche previa, el presidente Rodrigo Chaves derogó la la declaratoria de interés cultural de la marcha. Se trató de un acto violatorio de derechos fundamentales, según declaró posteriormente la Sala Constitucional.
En aquella ocasión, Chaves también destituyó a Nayuribe Guadamuz Rosales como jerarca de Cultura y Juventud, al haberle achacado otorgar la declaratoria sin su autorización o la de su despacho. En esa misma fecha, Chaves cesó, por los mismos hechos, al excomisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa Ortiz.
Los organizadores del evento acudieron a la Sala Constitucional, pues consideraron que la medida ordenada por Chaves, se trató de un acto discriminatorio contra la población LGTBI+ que, adicionalmente, puso en riesgo a los participantes de la caminata por San José.
Los magistrados resolvieron, en noviembre, que el presidente de la República incurrió en un acto arbitrario e intempestivo al retirar la declaratoria de interés cultural a la marcha Pride 2024 un día antes de que el evento se celebrara, el domingo 30 de junio.
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La Sala Constitucional resolvió que el mandatario lesionó de forma flagrante los derechos fundamentales de una población minoritaria y vulnerable como la LGTBIQ+, además de que la decisión careció de sustento objetivo y técnico.
“Resulta claro para el Tribunal Constitucional que se está haciendo uso de una posición de poder para dejar sin efecto un acto previamente emitido de conformidad con el ordenamiento”, informó la Sala en esa oportunidad.
En su resolución, los magistrados condenaron al Estado al pago de costas, daños y prejuicios ocasionados por el retiro de la declaratoria de interés.