El Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) acogió una solicitud de la empresa MECO para suspender una contratación encargada al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), con la que se buscaba evaluar la condición del pavimento de la pista del aeropuerto de Liberia, tras los trabajos ejecutados por dicha constructora.
Esa medición es requerida, según técnicos de la misma Dirección General de Aviación Civil, para cumplir con la normativa del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que exige a los estados miembros notificar la resistencia de pavimentos de los aeródromos mediante una nueva metodología vigente desde noviembre del año pasado. Por ello, se había determinado la necesidad de contratar la medición encargada al Lanamme.
Aunque lo anterior fue advertido por los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, la Junta Directiva del Cetac acordó suspender dicho contrato, durante la sesión del pasado 1.° de julio.
De acuerdo con el expediente de la contratación 2025PX-000009-0006600001, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la decisión de suspender el análisis del laboratorio se fundamentó en un informe de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tras analizar una solicitud de medida cautelar planteada por MECO.
Según el acuerdo, la suspensión se dio ante “la necesidad de instaurar un procedimiento que podría arrojar consecuencias respecto a la contratación cuestionada”. Además, ese órgano técnico acordó iniciar una investigación respecto a los argumentos de la constructora.
Advertencia
Tras conocer la primera resolución del Cetac, la jefa de aeropuertos, Sylvia Jiménez, y los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, David Rojas y Alexánder Sánchez, dirigieron un oficio al ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, en el que enlistaron tres argumentos por los que consideran contraproducente suspender el contrato.
El primero tenía que ver, precisamente, con el incumplimiento de la normativa internacional en materia de seguridad operacional de cara a una auditoría de parte de la OACI.
Según detallan, Costa Rica había logrado una dispensa de brindar el dato sobre el índice de clasificación del pavimento (PCR, por las siglas en inglés de Pavement Classification Rating) en noviembre, porque en ese momento la pista aérea se encontraba en obras.
Al haber finalizado los trabajos, en marzo anterior, el país está en incumplimiento respecto a ese requisito.
En ese oficio, se agrega que dicha información “es trascendental, ya que las aerolíneas requieren de ese PCR para tomar la decisión, si operan o no en el aeropuerto Daniel Oduber Quirós”.
La necesidad de contar con esos datos, agregan, había sido advertida desde enero pasado al director de Aviación Civil, Marcos Castillo, así como a la empresa que tenía a cargo las obras.
“Es importante indicar que, de ninguna de las notas se obtuvo respuesta por parte del señor Castillo Masis, ni de la empresa constructora, según información disponible en la administración del aeropuerto”, añade el oficio.
El documento indica que se corre el riesgo de que en la auditoría que realizará este año la OACI el aeropuerto pueda caer en una o más preocupaciones significativas por la seguridad operacional (SSC por las siglas en inglés de Significant Safety Concern). En caso de que eso ocurra, las faltas deberán corregirse en su totalidad para que sean levantadas.
Asimismo, los ingenieros cuestionan la “falta de legitimación” por parte de MECO para solicitar la medida cautelar en el proceso, pues se trata de una contratación de un servicio de laboratorio para determinar el índice de clasificación del pavimento.
“Llama la atención que constructora MECO, quien es contratista de la Comisión Nacional de Emergencias (...) se apersone ante el Cetac actuando como parte interesada en un concurso promovido por la Dirección General de Aviación Civil, en donde no es parte interesada, máxime que los servicios que ofrece dicha empresa no están relacionados con el objeto de la contratación (...), por lo cual la empresa carece de legitimación para plantear una ‘medida cautelar administrativa’ que busque la suspensión del contrato de la contratación de marras”, indica el oficio.
Adicionalmente, se cita que el Estado se expone al posible cobro de daños y perjuicios por la suspensión de un contrato en ejecución, así como una eventual indemnización al contratista.
El contrato ya se encontraba en un 63,5% de ejecución y el Lanamme había realizado las visitas al sitio y ensayos en el campo, únicamente estaba pendiente la remisión de informe final.
En una respuesta posterior, luego de conocer las advertencias de los ingenieros, el Cetac reiteró su posición y agregaron que la medida respondía al “interés público por cuanto existe una denuncia presentada ante este Consejo y actualmente bajo análisis por parte de la Auditoría Interna del MOPT”.
Las razones de MECO
La empresa indicó a este diario que la solicitud de suspensión radica en que, “a juicio de MECO, en dicha contratación se cometieron serias irregularidades jurídicas”.
Asegura que las pruebas PCR, previstas en el contrato de rehabilitación de la pista, debían ser ejecutadas de forma conjunta por todas las administraciones responsables del proyecto.
“La designación unilateral del laboratorio por parte de una sola administración vulnera este mandato y desnaturaliza el modelo de fiscalización compartida que dispuso el pliego desde el inicio de la contratación”, indica.
Además, cuestiona la selección del Lanamme como “proveedor único” y asegura que el laboratorio seleccionado ha tenido participación previa en este proyecto, “lo que compromete su independencia y objetividad para un proceso fiscalizador”.
Consultado sobre los señalamientos del Lanamme y los ingenieros de Aviación, el ministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, aseguró a La Nación que cuentan con “todos los estudios de laboratorio, ensayos muestreos y verificaciones de calidad de todos los materiales colocados que garantizan la calidad de las obras contratadas”.
Además, sostuvo que en caso de que existan situaciones que requieran correcciones, deberán ser atendidas por el contratista sin que esto represente un costo para la Administración.
En relación con el índice del PCR, el jerarca sostuvo que la empresa de control de calidad contratada por la CNE para el proyecto realizaría los estudios, pruebas y ensayos que sean necesarios, para entregar el dato del PCR dentro de un mes.
“Los costarricenses pueden estar tranquilos de que cualquier discrepancia que se encuentre será inmediatamente trasladada a la empresa constructora para que la atienda de forma inmediata y cumpliendo los estándares del contrato”, insistió.
En una pregunta enviada posteriormente, La Nación le consultó a Zeledón, las razones por las que se suspendió el contrato, pero al cierre de esta información no se tuvo respuesta.
Un informe elaborado por ingenieros de Aviación Civil sobre los arreglos en la pista del Daniel Oduber, con base en datos preliminares del Lanamme, detalla que “existen indicios para indicar que no se obtendrá un valor de PCR (clasificación que evalúa la capacidad de carga) con el que se pueda garantizar una operación sin restricción para todas las operaciones del aeropuerto, de acuerdo con la normativa internacional".
Ese documento señala, además, una serie de deterioros y fallas en las obras que MECO entregó desde marzo anterior y sobre las cuales el Estado no ha realizado la recepción definitiva.
La rehabilitación de la pista del Daniel Oduber fue contratada a MECO mediante un decreto de emergencia que ha sido sujeto de cuestionamientos, pues los expertos señalan que la infraestructura no sufrió daños a causa de la tormenta tropical Bonnie, la cual se usó para justificar el proceso excepcional empleado para adjudicar los arreglos.
Adicionalmente, la ingeniería de valor que redujo el alcance de las obras es investigada bajo el llamado Caso Pista Oscura, en el cual figuran como sospechosos el exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, y al actual director de Aviación Civil.