Gerald Campos, ministro de Justicia, fue acusado por la Fiscalía General por dos presuntos delitos de peculado, dos presuntos delitos de falsedad ideológica y dos presuntos delitos de reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
La información fue confirmada por Telenoticias este miércoles 19 de febrero. La Nación conoció que, en la acusación tramitada ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia por Carlo Díaz, fiscal General de la República, se señala a Campos por incluir, entre junio y agosto de 2015, datos falsos en boletas de viáticos para presuntamente hacer ver como una giras de trabajo viajes personales.
Uno de esos viajes ocurrió entre el 20 y el 24 de mayo de ese año, cuando Campos se desplazó hasta Ciudad Neily, en Puntarenas, junto a su agente de protección, de apellido Jara, para una “gira laboral”. Sin embargo, destinó el sábado 23 y el domingo 24 de mayo de 2015 para ir a Paso Canoas, Puntarenas, e incluso cruzar a territorio panameño para, según las autoridades, realizar compras personales.
El 26 de mayo, agrega la investigación de la Fiscalía General, “faltando a su deber de probidad y abusando de su cargo”, Campos confeccionó boletas de viáticos en las que consignó que, el 23 de mayo, había efectuado labores propias de su cargo.
Por ese hecho, Campos logró cobrar ¢31.000 por concepto de desayuno, almuerzo y cena.
La Fiscalía General también le achaca hechos similares entre el 11 y 13 de mayo de 2015, cuando Campos se desplazó hasta San Carlos, en Alajuela, junto a Jara, para hospedarse en un hotel de aguas termales. En la investigación, las autoridades hallaron documentos que demuestran que el actual ministro de Justicia cobró gastos de alimentación y hospedaje en esa ocasión.
Además, se le acusa de incluir datos falsos en reportes para el pago de horas extras a favor de su escolta, de apellido Jara, según la tesis de la Fiscalía General, cobró horas adicionales pese a que se encontraba disfrutando, entre el 28 y 30 de agosto de 2015, de una beca para un evento de Medicina Legal en el Hotel Hilton, en Puntarenas.
Por ese hecho, según la pesquisa, Jara cobró más de ¢250.000 por más de 34 horas extras sin que realmente estuviera en servicio.
Los hechos habrían ocurrido cuando Campos se desempeñaba como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ministro dice tener “trayectoria ejemplar”
Pese a que Telenoticias informó que el departamento de prensa del Ministerio de Justicia y Paz les dijo que el ministro Campos no se referiría al tema, el jerarca sí abordó la acusación durante una atención a medios en Buenos Aires de Puntarenas, donde el gobierno efectúa una gira.
Según explicó, el viaje cuestionado tenía como propósito “verificar rendición de cuentas” y que cruzó la frontera hacia Panamá porque debía asistir a una reunión como miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal.
“Salí a mediodía hacia David (Panamá) y regresé a las 4 de la tarde, con autorización en aquel momento del director del OIJ. ¿Eso es salir?”, cuestionó Campos, quien también afirmó que era objeto de seguimiento debido a sus investigaciones sobre corrupción dentro del Poder Judicial.
“He tenido una trayectoria ejemplar y lo he demostrado aquí en el Gobierno”, concluyó.
Larga trayectoria
Gerald Campos ocupa el cargo de subdirector de la Policía Judicial desde el 23 de diciembre del 2013. Se inició en el Poder Judicial en mayo de 1990, cuando ingresó como oficinista. Luego pasó a escribiente e investigador. Laboró posteriormente en la Sala Constitucional y en varios tribunales. Fue jefe interino de las delegaciones de Alajuela, Heredia, Puntarenas, Limón y San Carlos. Campos es abogado, notario y máster en Derecho Empresarial.
Aspiró al cargo de director del OIJ, pero en noviembre del 2015 los magistrados se inclinaron por elegir a Wálter Espinoza Espinoza en el puesto. Empero, la relación entre ambos jerarcas fue de mucho distanciamiento, que se acrecentó durante el 2016.
En primera instancia, Campos estuvo envuelto en denuncias anónimas que lo vinculaban con una funcionaria judicial. Incluso el 1.° de febrero de ese año desconocidos balearon la vivienda de la funcionaria, que se ubicaba en la primera planta de un edificio en el barrio Mercedes de Atenas, Alajuela.
Luego, en agosto del 2016, Wálter Espinoza denunció ante la Inspección Judicial para que indagara si en aquel momento el magistrado Celso Gamboa Sánchez y el subdirector de la Policía, Gerald Campos, sirvieron de mediadores de un diputado para intentar conseguir una plaza a un tercero dentro de la institución. Esa denuncia fue archivada por la Corte Plena en octubre del mismo año.
Colaboró en esta información Yiren Altamirano.