Las guías para mejorar la atención a niños que sufran maltrato recién fueron actualizadas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Además, hay un capítulo en el Código de la Niñez y la Adolescencia dedicado al tema, y existe un consejo interinstitucional para garantizar la protección de los menores de edad.
Normas y documentos no faltan. Sin embargo, lo complicado es que en la práctica, toda esta maquinaria “de papel” no resulta suficiente .
Así lo evidencia la situación de Raúl (nombre ficticio de un caso real) quien fue golpeado por su mamá un domingo de estos, apenas unos minutos después de que la Fuerza Pública visitó su casa, en Cinco Esquinas de Tibás, San José, tras atender una nueva denuncia de los vecinos por agresión contra el menor.
La historia de Raúl motivó a sus vecinos a enviar una carta con decenas de firmas, emplazando al PANI y haciéndolo responsable de lo que le pudiera pasar a este chiquito si la agresión continuaba.
Llevan años –aseguran los lugareños– de llamar a la Policía y de denunciar ante el Patronato, sin que ninguna institución haga nada por él.
Según el servicio de “atención inmediata” del PANI, los funcionarios de todas las oficinas locales de la entidad deben intervenir, entre otras razones, cuando haya riesgo para la integridad física o emocional de las personas menores.
“Se atienden las denuncias que provengan directamente de los niños, niñas o adolescentes, de la sociedad civil, de la Policía, de las Juntas de Protección, y de organizaciones públicas y privadas o por medio del servicio 9-1-1”, señala.
Cada situación debe ser analizada para que el equipo determine la conveniencia de referir la situación a través del servicio de atención integral.
“Dentro de los motivos de atención inmediata más tipificados están: negligencia o abandono, maltrato físico, abuso sexual intrafamiliar, abuso sexual comercial”, agregan documentos del Patronato.
En el caso de Raúl, la institución confirmó que tiene abierto un expediente extenso desde el 2007, pero señala que las visitas realizadas por personal suyo han descartado que él esté en riesgo.
Rebasados. Las situaciones de agresión que llegan a denunciarse a través del enlace entre el PANI y el sistema de emergencias 9-1-1 alcanzaron las 40.382 entre enero y noviembre del 2015, las cifras más actualizadas que maneja el Patronato.
El 32% de los casos es por violencia intrafamiliar, 20% por agresión física, y 15% por negligencia en la atención de la salud.
En todo el 2011, en cambio, se recibieron 32.161 alertas por medio de ese servicio.
Según la vocera de prensa del PANI, Fanny Cordero, los números aumentan, pero también la crueldad y complejidad. Ante esta realidad, los protocolos o normas se quedan cortos.
“Por algún lado surgen detonantes que no se ven y generan una situación de riesgo. Estamos trabajando con seres humanos”, explicó Marianela Cubero Barrantes, coordinadora del eje de atención institucional de la misma entidad.
Aparte está el hecho de que cada funcionario tiene a su cargo decenas de casos que exigen visitas y entrevistas a parientes, vecinos y maestros.
No resulta de extrañar, entonces, que en la investigación que hizo el psicólogo del PANI a cargo del expediente de Raúl, se diera por verídica la versión de la madre de que las lesiones en los brazos del niño eran por una pelea con otro menor y no debido a los fajazos que recibió, como él les contó a los vecinos.
Una lección. Ana Virginia Quesada, jefa de Trabajo Social y coordinadora del Comité del Niño Agredido en el Hospital Nacional de Niños, considera que, pese a la normativa, todos los responsables están fallando. Así lo manifestó mientras trataba de atender tres casos de agresión que llegaron al centro médico ese día.
Por esta razón, a su juicio, la actitud de los vecinos de Tibás es de aplaudir, pues lo normal es que la comunidad se vuelva “cómplice” con el silencio.
En febrero pasado, por ejemplo, tres niños y sus padres murieron en Matapalo de Santa Cruz, Guanacaste, en una complicada situación de agresión doméstica que sus vecinos conocían.
También el 3 de agosto del 2015, un niño de dos años fue asesinado, al parecer, por su padrastro porque “hacía bulla”. Sucedió en Siquirres, Limón, donde los vecinos reconocieron que escuchaban al menor llorar, pero no hicieron nada.