Las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) accedieron a financiar el transporte para que un grupo de estudiantes se manifieste este jueves en la Asamblea Legislativa, para que se levantara la toma del edificio de la Dirección de la sede de San Ramón.
Ese fue el acuerdo al que llegaron el martes a eso de las 11 p. m. los representantes de la Administración universitaria y los alumnos que tienen tomado el inmueble desde la tarde del miércoles de la semana pasada.
Los manifestantes tendrán un medio de transporte que los lleve desde San Ramón hasta la Asamblea Legislativa este jueves por la mañana, cuando los rectores de las cinco universidades públicas y los diputados de la Comisión de Hacendarios para discutir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2018.
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En el Congreso debe aprobarse de forma definitiva el presupuesto de las universidades públicas para el próximo año. Según el acuerdo firmado entre los rectores y el Gobierno el 29 de agosto esa partida será de ¢496.279 millones, lo que representará un aumento de 3,7% con respecto al año anterior.
Los estudiantes que tomaron el edificio exigen que los recursos estatales para educación pública se aumenten hasta un 8% del producto interno bruto (PIB), que el aumento del FEES para el 2018 sea mayor al acordado y que un 30% del presupuesto de la UCR se destine a las sedes regionales.
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Entre los funcionarios de la UCR que firmaron el acuerdo para el cese de la toma estuvieron Roxana Salazar, directora de la sede de San Ramón, Ruth de la Asunción, vicerrectora de Vida Estudiantil, y Carlos Araya, vicerrector de Administración.
"El rector tomó la decisión de que ella (de la Asunción) y yo nos fuéramos a Occidente a apoyar, llegamos a eso de las 4 p. m. y tuvimos la posibilidad de abrir una ventana de diálogo que fue fructífera. A eso de las 11 p. m. logramos firmar el acuerdo que implica que los muchachos estarán dejando el edificio en condiciones idénticas al momento de la toma, a más tardar mañana a las 10 a. m.", explicó Araya.
La Universidad también accedió a no presentar cargos judiciales ni iniciar procesos administrativos contra las personas que participaron en la protesta, así como a gestionar una sesión del Consejo Universitario en la sede de San Ramón para discutir sobre el presupuesto universitario.