Como condición para deponer la huelga, la APSE y la ANDE pretendían que el ministro de Educación, Edgar Mora, se comprometiera a no rebajarles los salarios a los huelguistas en caso de que una resolución judicial lo ordenara.
La solicitud de los gremios fue rechazada por el jerarca, quien les dijo que “no va a aceptar ningún acuerdo distinto” al que firmó con el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), en el que se establece que el rebajo de salarios dependerá de la decisión de los jueces de Trabajo.
“Ellos pretendían que nosotros, como Gobierno, renunciáramos de previo al rebajo de los salarios antes del pronunciamiento de los Tribunales y nosotros no podemos hacer eso".
"Casualmente, parte de nuestra pretensión, en el caso judicial de la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga, es que nos autoricen el rebajo de salarios y esto no es algo que estemos dispuestos negociar en este momento”, manifestó el jerarca.
Cuando los tres sindicatos estaban en huelga, los contribuyentes aportaban ¢2.215 millones para pagar los salarios del 80% de la planilla del Ministerio de Educación Pública (MEP) que abandonó las aulas, desde el 10 de setiembre, en protesta contra la reforma fiscal, la cual fue aprobada en segundo debate este lunes.
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Este martes, se cumplen 86 días de huelga y el MEP ha pagado ¢190.490 millones en salarios durante ese tiempo, los cuales no se han traducido en un servicio educativo.
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Ese es el monto que la Institución pretende recuperar si los Tribunales de Trabajo declararan la huelga ilegal, en segunda instancia, e interpretaran que el Gobierno puede hacer rebajos en forma retroactiva.
Sin embargo, hasta el momento ningún juez ha permitido hacer rebajos retroactivos en otros movimientos que han sido declarados ilegales, alegando que la Reforma Procesal Laboral no lo permite.
“Queremos esperar el pronunciamiento de los tribunales y no vamos a tomar ninguna disposición que sea distinta a la que ya previamente tomamos para darle finalización a la huelga de los sindicatos del SEC”, añadió Mora.
Ese acuerdo fija el retorno de los docentes a las clase y la ausencia de represalias a los docentes por el simple hecho de participar del movimiento, pero aclara que el rebajo salarial depende de los tribunales.
Esta semana, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) buscaron un nuevo acercamiento con el ministro, luego de que la semana pasada sus bases rechazaron el mismo acuerdo ofrecido al SEC.
Esta vez, el jerarca les dijo que primero consulten a las bases antes de ir a reunirse con él.
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