Desde el 2002, distintos gobiernos incumplen una promesa que los políticos nunca fallan en invocar: darle Internet de banda ancha a las escuelas y colegios públicos de Costa Rica. Al cabo dos décadas de anuncios, casi todos los 4.575 centros educativos carecen de ese tipo de acceso.
Antes de que prosiga, le resumimos esta información en cinco puntos.
- 1. El 6 de febrero, el 65% de escuelas y colegios comenzarán el curso con velocidades de 10 megas o menos.
- 2. Desde el año 2000, los gobiernos han anunciado seis estrategias, todas con nombre, para llevar Internet veloz a estos centros, pero ninguna ha sido efectiva
- 3. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), un pilar de los planes, cuenta con ¢171.944 millones, de los cuales ¢164.574 millones están invertidos en bonos.
- 4. ¿Por qué el fiasco? Un experto lo resume así: “completa ausencia de voluntad política”.
- 5. Esa velocidad de tortuga en escuelas y colegios se da mientras en el país hay 192.000 km de líneas de fibra óptica.
Por Internet rápida se entiende aquella superior a los 100 megas, lo cual, es común en hogares del país a los cuales Tigo ofrece esa velocidad por ¢24.500 al mes y Kölbi en ¢25.900; mientras Liberty promociona 150 megas por ¢24.500 y 450 megas por ¢40.000.
Pero, en las escuelas y colegios, eso es un sueño. El 6 de febrero del 2023, cuando se inicie el curso lectivo, el 65% de las escuelas y colegios (en total, 2.973) tendrán Internet menor a 10 megas para compartir entre profesores, administrativos y alumnos lo cual se convierte en un suplicio a quien desee navegar por la red. Del restante 35% poco se sabe.
El último ofrecimiento de Internet de banda ancha vino del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) el 14 de diciembre al anunciar un supuesto convenio para lanzar la “Ruta de la Conectividad Educativa 2022-2026″ que cubriría 2.200 centros educativos sin dicha conectividad.
Sin embargo, todo parece un acuerdo verbal. Hace más de 10 días, La Nación solicitó a esas entidades copia del presunto convenio suscrito para revisar sus términos, metas, plazos y costos. Ninguna brindó el texto.
El Gobierno también presentó el 15 de diciembre el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) 2022-2027 donde no hay referencia al convenio o mención de otro plan del Ejecutivo ligado a educación pública. En el texto de 140 páginas, ni siquiera se menciona una vez al MEP.
Este tipo de anuncio se ha formulado a lo largo 20 años sin cumplirse. De hecho, a finales del 2022 –a 30 años del ingreso de la Internet a Costa Rica, en 1993–, 65% de escuelas y colegios públicos tienen conexiones menores a 10 Megabits por segundo (Mbps) cuando la tecnología en el país permite hoy rangos de 100 a 500 Mbps.
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Falta de visión, conocimiento técnico, transparencia y liderazgo político explicarían las razones de ello, a las cuales se unen el desorden y escasa coordinación del aparato público, coinciden fuentes consultas.
En el 2000, el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología propuso la Red Internet Avanzada (RIA) para desplegar banda ancha principalmente a escuelas y colegios. RIA se basaba en aprovechar 5.600 kilómetros de fibra óptica del ICE que ya existían, recordó Guy F. de Téramond Peralta, científico e investigador considerado el padre de la Internet de Costa Rica.
“Todo se basó en tecnologías abiertas, pero constituyó un serio desafío para el dominio entonces de proveedores de centrales telefónicas tradicionales. Una presión creciente para revertir el proyecto a tecnologías del todo superadas y más costosas lo detuvo por años. Esto retrasó el desarrollo e infraestructura de nuestras telecomunicaciones”, explicó.
Para de Téramond Peralta “es algo difícil de entender” que las escuelas y colegios públicas sigan así en un país donde ahora hay 192.996 kilómetros de fibra óptica instalada.
Gabriel Macaya Trejos, académico y exrector de la Universidad de Costa Rica (1996 - 2004) reclama la “completa ausencia de voluntad política” de cada gobierno para honrar la promesa.
“Desde el punto de vista técnico, ya las soluciones técnicas adecuadas existen y el sector académico siempre supo cómo hacerlo, pero estas no se ejecutan y a eso se une algo que llamo una perversidad de origen en Sutel”, advirtió.
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La “perversidad de origen” la atribuyó a que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) ha tenido en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) los fondos para llevar banda ancha a la educación pública pero no ocurre.
“Nunca se terminan de ejecutar los dineros porque parece más conveniente tener las arcas llenas que vacías. Hasta parece que los operadores que alimentan Fonatel están más cómodos con que el MEP tenga cientos y cientos de enlaces independientes a Internet en vez una sola gran red como se planteó en el 2018”, declaró.
Al cierre del 2020, las arcas de Fonatel para mitigar la brecha digital tenían ¢204.738 millones (unos $359 millones al tipo de cambio actual). Esa reserva agregó ¢6.020 millones hasta los ¢210.758 millones al final del 2021, revelan sus últimos estados financieros auditados.
El corte a setiembre del 2022 iba por ¢171.944 millones, de los cuales ¢164.574 millones están invertidos en bonos y ¢7.379 millones entre cuentas corrientes e inversiones de corto plazo.
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Saliva de político
En junio del 2011, la presidenta Laura Chinchilla anunció el Acuerdo Social Digital. Entre las metas estaba que el MEP impulsaría una ambiciosa agenda tecnológica para equipar a estudiantes y dar banda ancha en alianza con la Sutel que, mediante Fonatel, iba a poner los fondos. Pasados dos años, el MEP decidió asumir todo debido a roces de Chinchilla con Sutel.
Luis Guillermo Solís también anunció en octubre del 2015 la Estrategia Nacional de Acceso y Servicios Solidario crdigit@l para reducir la pobreza otorgando equipos a comunidades, oficinas públicas, llevar Internet inalámbrico a espacios públicos y proveer Banda Ancha Solidaria a familias pobres. La idea era tomar $300 millones provistos por Fonatel para desarrollar estas metas.
Nunca hubo eje específico para escuelas y colegios, aún y cuando entre las entidades a beneficiarse estaba el MEP.
Otro intento sin éxito fue la Red Educativa del Bicentenario (REB) mediante un acuerdo entre la Sutel y el MEP. El entonces presidente electo Carlos Alvarado Quesada, incluso anunció en conferencia de prensa el 10 abril de 2018 que sería desplegada por la Fundación Omar Dengo (FOD).
Sin embargo, cuando hizo el anuncio, no existía definición clara para la REB en el PNDT 2015-2021 de forma que la Contraloría General de la República (CGR) instruyó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) a incluirla en la política pública; una instrucción cuyo cumplimiento le tomó al ente rector hasta febrero de 2021.
Fue entonces (pasados casi tres años y en plena pandemia) cuando se concretó una meta para Fonatel de dar banda ancha a 2.375 centros educativos como parte de la REB mientras otros 2.200 los asumiría el MEP por medio de la FOD.
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La FOD promovió dos concursos para elegir a un proveedor pero el proyecto fracasó porque la CGR instruyó al MEP a asumir su ejecución directamente pues, a su criterio, le estaba traslando a la FOD sus competencias esenciales y deberes públicos.
“En resumen, en las últimas administraciones, no ha habido una definición clara en las metas del PNDT para una res educativa pública por lo que se han dado variaciones en las formas de contratación y en los actores de la ejecución”, concluyó Sutel al comentar los problemas que sufrió esa iniciativa.
Adicionalmente, a esta falta de definición clara de una política pública de estado, Sutel señala limitaciones operativas para llevar esa conectividad a los centros educativos por falta de condiciones mínimas de infraestructura civil o eléctrica.
Para Roberto Sasso, ingeniero y presidente del Club de Investigación Tecnológica, mucho del problema histórico es la relación entre el ICE, como principal proveedor de telecomunicaciones del Estado, y sus instituciones.
A su entender ICE es un operador con clientes estatales y privados pero modifica sus ritmos y condiciones según atienda a un banco privado o una entidad pública.
“Cuando el asunto es en la esfera pública, siempre ha faltado competitividad, eficiencia y rendición de cuentas en proyectos como banda ancha educativa y otros que nunca suelen tomar la forma de concursos”, reclamó.
Según Sasso, el ICE nunca ha sido transparente en sus negocios y contratos con el MEP y otras entidades. Incluso se lo confirmó el anuncio del Instituto y el Ministerio en diciembre anterior de conectar los 2.200 centros educativos.