Los niños que asisten a la Escuela Gil González Dávila, ubicada en San Jerónimo de Esparza, Puntarenas, se quedaron sin servicio de alimentación debido a que la Junta de Educación del centro educativo tiene una deuda pendiente con el Consejo Nacional de Producción (CNP), por ¢6,5 millones.
Dada la situación, el CNP optó por suspender la gestión de pedidos hasta que la Junta reciba los fondos para saldar la obligación del año 2023, decisión que dejó a los menores sin acceso al comedor.
La directora del centro educativo acudió a la Sala Constitucional mediante un recurso de amparo, el cual se declaró parcialmente con lugar el 9 de febrero. Este se tramitó bajo el expediente 23-029049-0007-CO.
En el recurso, la funcionaria alega que este hecho representa una violación del derecho a la alimentación y, por ende, del derecho a la educación de los estudiantes.
Los niños de Escuela Gil González Dávila se mantienen sin servicio de comedor estudiantil debido a atrasos de pagos al CNP. Cortesía
Los altos jueces determinaron que la Junta de Educación no gestionó de manera adecuada los recursos transferidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para garantizar la continuidad del servicio de alimentación, mientras que la cartera educativa no supervisó debidamente el uso de los fondos otorgados.
En virtud de lo anterior, la Sala IV ordenó tanto a la Junta de la escuela como al MEP que “coordinen y ejecuten todas las acciones dentro de su ámbito de competencia para proporcionar una solución provisional a la problemática del servicio de alimentación en un plazo de diez días”. Además, se estableció que una solución permanente debe ser implementada en un lapso de tres meses a partir de la notificación del fallo.
Los magistrados también condenaron a la Junta de Educación de la Escuela Gil González Dávila como al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos.
La Nación solicitó al MEP una posición sobre el tema. Se está a la espera de respuesta.
