Poco antes de las 10 a. m. concluyó el allanamiento que agentes judiciales realizaron este viernes en el Liceo de Costa Rica. Foto: Albert Marín para LN
Diecinueve personas están bajo investigación de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido miembros de las juntas administrativas del Liceo de Costa Rica, el Colegio México y el Colegio de Señoritas.
A ellos se les atribuyen los delitos de prevaricato, legislación en provecho propio, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
Los imputados son nueve hombres de apellidos Barrantes Villareal, Cano Castro, Monge Cabezas, Mathiew Pineda, Alvarado Porras, Molina Cháves, Peralta Jara, Mora Jiménez, García Cerna y Alvarado Esquivel.
También se le sigue la causa a nueve mujeres de apellidos Marín Gómez, Acevedo Acevedo, Madrigal Fernández, Mathew Rodríguez, Ballestero Fonseca, Rojas Quirós, Fernández Vásquez, Alvarado Esquivel y Varela Álvarez.
Como parte de la investigación que comenzó en 2020, las autoridades judiciales realizaron, la mañana de este viernes, 13 allanamientos en busca de “evidencia importante”. Las diligencias se llevaron a cabo en dos oficinas del Liceo de Costa Rica, dos del Colegio México y una del Colegio Superior de Señoritas; los agentes también revisaron cinco casas de habitación y tres oficinas privadas.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la sección de Anticorrupción, que trabaja en las pesquisas sobre el aparente mal manejo de fondos por parte de las juntas administrativas de esos tres centros educativos.
“Se están allanando casas de estos miembros (de las juntas), ubicadas en Pavas, Cartago, Moravia, Tibás, entre otras. A su vez las oficinas de los contadores que participan (trabajan) con las juntas”, añadió la Policía Judicial.
La causa se tramita en el expediente 21-000291-1218-PE.
El Ministerio de Educación Pública (MEP), ante consulta de La Nación, confirmó los allanamientos en las instituciones. Wilfredo Calderón, supervisor de la Dirección Regional de San José, aseguró que dieron toda la colaboración a las autoridades judiciales.
En el 2022, este diario dio a conocer que la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica realizó compras a allegados de uno de sus miembros por un total de ¢6,8 millones. Tras la publicación, la Fiscalía abrió una causa penal por el caso.
La revelación se hizo como parte de una serie de reportajes sobre aparentes anomalías en nombramientos en esas juntas y manejo de contratos en varios centros educativos de San José.
El pasado 17 de mayo, el MEP anunció la habilitación de un sistema digital para tratar de controlar el dinero transferido a las juntas de educación y juntas administrativas.
Las juntas de educación, en las escuelas, y juntas administrativas, en los colegios, manejan de millones de colones que el MEP y otras entidades les trasladan para construcción de aulas y otras instalaciones, mantenimiento, alimentación, transporte de estudiantes, salarios de cocineras, personal administrativo, becas y adquisición de equipos.
Solo de la Dirección de Programas de Equidad estos órganos reciben transferencias por ¢220.000 millones por año, aproximadamente, sin que exista certeza de su uso.
