EscucharEl Ministerio de Educación Pública (MEP) informó este miércoles de la implementación de un sistema digital para tratar de controlar el dinero transferido a las juntas de educación y juntas administrativas.
Así lo informó la ministra Anna Katharina Müller en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno.
“De esta manera, podremos seguir el rastro de cómo y dónde se está gastando el dinero, ya que hemos identificado fondos que se les asignaron desde 2010 y que se quedaron sin utilizar, perdiendo su valor”, afirmó la jerarca.
Las juntas de educación, en las escuelas, y juntas administrativas, en los colegios, son las encargadas de manejar miles de millones de colones que el MEP y otras entidades les trasladan para construcción de aulas y otras instalaciones, mantenimiento, alimentación, transporte de estudiantes, salarios de cocineras, personal administrativo, becas y adquisición de equipo.
Solo de la Dirección de Programas de Equidad estos órganos reciben transferencias por ¢220.000 millones por año, aproximadamente, sin que exista certeza de su uso.
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El problema es que una vez que los fondos ingresaban a las cuentas de las juntas, hay poca fiscalización, situación que ha sido señalada por la Contraloría General de la República.
El gobierno anterior dispuso que los contadores de las más de 4.500 juntas de educación o juntas administrativas debían reportar mensualmente cómo utilizan los recursos, así como certificar ese registro bajo fe pública.
Ahora, se suma el sistema digital de seguimiento.
La medida, dijo Müller, responde a las constantes quejas presentadas por estudiantes y padres de familia sobre el manejo de los recursos que se les transfieren a estos órganos, conformados por miembros de la comunidad donde se ubica el centro educativo.
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“Es necesario comenzar a controlar todos estos fondos y dejar de transferirlos, y buscar otras formas de administrarlos”, concluyó Müller.
Transporte estudiantil
La ministra también dio a conocer este miércoles que inició un proceso para la adjudicación de rutas de transporte estudiantil, con el objetivo de que el MEP asuma la administración de ese servicio.
“Con esta iniciativa, dejaremos de transferir cerca de ¢40.000 millones al año a las juntas, y algunos problemas relacionados con la falta de contratación adecuada de transporte se resolverán. Esperamos que el 90% de estas adjudicaciones estén listas para el año 2024″, afirmó.
En relación con los comedores estudiantiles, la jerarca anunció que este año se publicará un nuevo reglamento en el que se refuerzan los controles de compra por parte de las juntas. Además, aseguró que en los próximos tres años, el MEP migrará a un modelo de compra generalizada, según la demanda.
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Actualmente, la normativa establece que los miembros de las juntas de educación deben ser propuestos a través de ternas por los directores y docentes de los centros educativos, pero son nombrados por los concejos municipales de cada cantón.
Sin embargo, cuando surgen problemas debido a presuntas irregularidades o incumplimientos, el MEP no tiene la potestad de remover a los miembros, ya que esa responsabilidad recae en los concejos municipales.
Por esta razón, confirmó, está preparando un proyecto de ley para quitarle a los concejos esa función de nombramiento de miembros de juntas.
