A pesar de ese cambio radical, el Ministerio de Educación Pública (MEP) mantiene el pago de sobresueldos para labores que se establecieron para tiempos de clases impartidas en las aulas de escuelas y colegios.

En estos cuatro meses y medio, los educadores reciben, por ejemplo, el sobresueldo por dar clases de 60 minutos en lugar de 40 minutos; por trasladarse a trabajar a liceos rurales aunque están cerrados; por hacerse cargo de la huerta de la escuela, por manejar las cooperativas estudiantiles o por brindar servicio de biblioteca.

Además reciben dinero adicional a su salario por prestar servicios en un lugar distinto al de su domicilio o fondos para sufragar gastos propios para impartir lecciones presenciales, como son compra de tiza, cartulinas, fotocopias o tiraje de exámenes.

También, pese a que a ningún alumno se le aplican pruebas desde el 17 de marzo, el Ministerio mantiene el pago a profesores por coordinar pruebas.

Son más de 50 recargos los que el MEP paga a los docentes y que representan una erogación anual de ¢220.000 millones y mensual de ₡18.300 millones. La mayoría de los recargos otorga un 50% adicional del salario base.

Estos recargos son un tipo de incentivo y no incluyen pluses como anualidades que están incluidos en otras partidas.

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La Nación consultó al MEP por qué, a pesar de no haber clases presenciales por tiempo indefinido, se mantienen estos sobresueldos por labores que un docente no puede realizar desde su casa.

La Oficina de Prensa del Ministerio se limitó a responder, en forma escueta, que eso se debe a que el servicio educativo no se ha suspendido.

“Otros incentivos salariales están relacionados con el servicio educativo, indistintamente desde dónde se brinde. Y es claro que el servicio educativo no se ha suspendido”, dijo el Ministerio. Esa respuesta, sin embargo, omite indicar por qué se pagan labores que no se realizan.

Debido a la falta de ingresos tributarios por la pandemia, el Ministerio de Hacienda ordenó al MEP recortar del presupuesto de este año ¢85.000 millones en incentivos.

No obstante, el Ministerio solo recortó ¢25.000 millones correspondiente al plus que se pagaba por laborar en distritos que se consideran como de bajo nivel de desarrollo socioeconómico, denominado Zona de Menor Desarrollo (ZMD).

El MEP alegó que recortó este incentivo porque no se necesitaba debido al teletrabajo por la pandemia. No se revisaron otros incentivos que tampoco se aplican en las nuevas circunstancias.

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Durante el tiempo de pandemia está otra particularidad. De los 1.067.000 millones de estudiantes matriculados, 500.000 no tienen acceso a Internet ni computadora o tableta, por lo que mantienen su vínculo con el aprendizaje a punta de recargas para poder llamar a sus profesores o recibir material vía Whatsapp.

Hay quienes solo pueden tener el material en una llave maya, el cual se les entrega cada 22 días cuando se reparten los alimentos en las escuelas o colegios; algunos sin posibilidad de evacuar dudas.

Además, resultados parciales de un censo realizado por el MEP alertó de que, después de las vacaciones de 15 días se le perdió el rastro a 8.000 alumnos.

De acuerdo con un anuncio que hizo el MEP en julio, el regreso a clases presenciales podría darse en setiembre, si la pandemia lo permite. Ese retorno sería voluntario y no obligado.

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Ampliación de jornadas, zonaje, huertas y cooperativas

Algunos de los recargos que se mantienen, según datos suministrados por el Ministerio son:

₡5.887 millones al mes: El MEP paga ese monto por el incentivo de Desarrollo a la Docencia. Lo reciben todos los educadores y consiste en un porcentaje del 8,33% del salario promedio nominal mensual para que adquieran instrumentos para su trabajo, tales como tizas, cartulinas, marcadores, materiales de apoyo, fichas, guías, reproducir documentos de interés propio, entre otros.

¢1.635 millones: Pago mensual en incentivo por ampliación de jornada cuando educadores atienden grupos en dos jornadas diferentes.

¢1.344 millones: Pago por ampliación de jornada en materias complementarias cuando se sobrepasa las 30 lecciones.

¢589 millones: Compensación adicional que reciban los docentes que tengan que prestar sus servicios en un lugar distinto al de su domicilio legal.

¢47 millones: Pago mensual en incentivo a docentes que tienen a cargo cooperativas.

¢34 millones: Pago mensual a docentes que tienen a cargo una huerta en el centro educativo.

¢11 millones: Pago mensual a docentes por coordinar exámenes.

Incentivos pero menos alumnos

Desde agosto del 2017, el IV informe del Estado de la Educación criticó que los incentivos y recargos que el MEP paga a sus docentes representan un gasto de muchos millones que no se traducen en mejoras de la calidad de la educación y que los mismos están “desligados de cualquier medición de desempeño”.

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"Pese a la magnitud de los recursos que se pagan por concepto de incentivos, los directores de los centros no cuentan con tiempo de los educadores para procurar un mejor alineamiento con las aspiraciones de la política nacional educativa, tampoco para impulsar esfuerzos dirigidos a lograr mejores indicadores de calidad", explica el informe del 2017.

Isabel Román, directora del Estado de la Educación, advirtió desde entonces que los incentivos y recargos no contribuyen a mejorar la educación porque al momento de ser asignados no existe un enfoque por gestión de resultados.

En el caso de los recargos, dijo Román, estos pagos surgieron en un momento en que el sistema educativo tenía muchos estudiantes y, al mismo tiempo, fuertes carencias de infraestrutura y de recursos; no había dinero para construir más centros ni para contratar más docentes.

Así, en vez de tener una nueva escuela con un nuevo director y nuevos docentes se recargaron a los que ya estaban. Por ejemplo, al director de una escuela se le otorga un recargo del 50% de su salario para que sea director en la mañana y en la tarde.

“Eso fue así en un momento donde teníamos muchas dificultades de recursos. Funcionábamos como un modelo de escasez. Ahora cambió la situación, tenemos más recursos, pero seguimos con la lógica e inercia del modelo de escasez, cuando la situación está cambiando, tenemos más recursos, y la tenencia de los niños es que cada vez menor”, manifestó.

La población escolar entre 6 y 11 años ha disminuido en 57.000 personas en los últimos 18 años, según el VII Informe del Estado de la Educación, presentado en agosto del 2019.

En el 2007, por ejemplo, 513.805 niños estaban matriculados en primaria. En ese entonces, el Ministerio de Educación Pública tenía un presupuesto de ¢676.659 millones.

En 2020, la matrícula en primaria bajó a 472.748 alumnos pero el presupuesto del MEP llegó a los 2,6 billones.