Con la implementación de un sistema informático, el Ministerio de Educación Pública (MEP) intentará ejercer un mayor control sobre el manejo de los recursos por parte de las juntas de educación, encargadas de gestionar el funcionamiento de escuelas y colegios públicos de todo el país.
La viceministra de Planificación, Paula Villalta, explicó que la plataforma digital, implementada desde febrero, permite monitorear en línea, mes a mes, la situación financiera de los 4.512 órganos administrativos.
“Este es un paso más hacia la digitalización, la transparencia y la trazabilidad de la información. Los contadores de cada una de las juntas ingresan los datos mes a mes en el sistema. La información nos permite monitorear la situación económica de cada una de las juntas, con el fin de darles asesoría personalizada en el uso eficiente de los recursos”, manifestó Villalta.
Dicho sistema, por ejemplo, permitirá vigilar los saldos disponibles en las cuentas de las juntas educativas, destinados al pago de servicios públicos, mantenimiento, compra de materiales didácticos, distribución de paquetes alimentarios, entre otros.
En un informe publicado en diciembre pasado, la Contraloría General de la República (CGR) calificó la gestión de las juntas como “una especie de caja negra”, ante la ausencia de información sistematizada y los débiles mecanismos de control en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción.
Incluso, el órgano contralor advirtió de que la forma como se gestionan los recursos en dichas juntas es “riesgosa” para la Hacienda Pública.
Señaló, además, que a pesar de la gran cantidad de recursos que administran, en la actualidad solo es posible conocer con exactitud los fondos que reciben del Gobierno Central y, de ellos, no se tiene claridad sobre el monto finalmente presupuestado y ejecutado.
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Las juntas reciben fondos provenientes de diferentes fuentes. Solo en el Presupuesto de la República de 2019 percibieron transferencias por ¢289.530 millones, monto que representó el 0,8% del producto interno bruto (PIB) de ese año.
Con esta herramienta se intentará revertir ese riesgo apuntado por la Contraloría, según las explicaciones del Ministerio.
Los contadores de las juntas, por ejemplo, ingresarán una vez al mes la información sobre la cantidad de recursos recibidos, los pagos realizados durante el mes, así como los movimientos en tránsito.
“Tiene el objetivo de obtener el dato sobre los recursos no comprometidos (libres) de los que disponen para continuar operando en el siguiente mes”, dijo el MEP.
La plataforma tiene un plan de contingencia para permitir a los miembros de las juntas que no tengan acceso a Internet o equipo de cómputo, ingresar al sistema desde cualquier dispositivo móvil.
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El Ministerio señaló que la versión que opera desde febrero, con el inicio del curso lectivo 2021, será actualizada para incorporar otras transferencias económicas que actualmente no se pueden monitorear en la plataforma.
“Durante este año se pretende extender aún más la funcionalidad del sistema, con el objetivo de monitorear también los recursos que se les transfieren para gastos de los diferentes programas de Equidad (subsidio comedor, alimentos, transporte estudiantil)”, agregó el MEP.
