El Ministerio de Educación Pública (MEP) les dio un ultimátum a los docentes y demás funcionarios del sistema educativo: deben demostrar que cuentan con la vacuna contra la covid-19 para continuar en el curso lectivo.
La disposición la comunicó el 4 de noviembre Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP, en un correo masivo enviado los educadores y personal administrativo (propiedad, interinos o los nuevos).
“Esta dirección de Recursos Humanos, como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho fundamental de la salud de todas las personas y el derecho a la educación que constituye un fin constitucionalmente legítimo, le informa a todo el personal de esta cartera ministerial:
“Para garantizar la continuidad del curso lectivo 2021-2022, cada funcionario deberá demostrar, por medio de la documentación requerida, que cuenta con el esquema de vacunación completo contra la covid-19, o en proceso de cumplirlo de conformidad con la programación de citas que le haya hecho la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social).
“En su defecto, debe presentar las pruebas que lo imposibilitan para ello. Se les insta a que realicen las gestiones necesarias el fin de poner a derecho su situación actual respecto al tema de la vacunación”, dijo Díaz.
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Un informe con corte al 4 de octubre reveló que 5.803 funcionarios del MEP, entre docentes y personal administrativo, seguían sin vacunarse contra la covid-19 porque rechazan la inmunización. La cifra corresponde al 6,6% de los casi 88.000 funcionarios de la institución.
Aparte de los que no han recibido ni una dosis del fármaco contra la enfermedad, otros 4.807 (el 5,5%) solo registraba la aplicación de una de las dos inyecciones.
Esto ocurre a pesar de que las clases se suspendieron del 24 de mayo al 9 de julio para agilizar la inoculación de los educadores.
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Díaz envió el comunicado teniendo en teniendo en cuenta que, el 28 de setiembre, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) del Ministerio de Salud dispuso que la protección contra la covid-19 es obligatoria para todos los funcionarios públicos, que son cerca de 320.000.
La medida entró a regir el 15 de octubre y faculta a patronos a “tomar las medidas correspondientes” con empleados que rechacen las dosis con excepción de aquellos que, por contraindicación médica debidamente declarada, no les sea posible recibir las dosis.
El 13 de octubre, Casa Presidencial anunció que los funcionarios que rechacen vacunarse contra la covid-19, sin una justificación válida, se exponen a una multa de un salario base equivalente a ¢462.200 y una denuncia ante el Ministerio Público.
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Los ministerios e instituciones deberán presentar en noviembre un informe sobre la vacunación de su personal.
Dicho reporte informará de la cantidad de empleados con esquema de vacunación completo, número de funcionarios que cuenten solamente con la primera dosis, cifra de personas no vacunadas y la cantidad de trabajadores con certificado de contraindicación médica que les permita no inmunizarse.
Además, el Gobierno informó de que presentar el código QR del certificado de vacunación contra la covid-19 será necesario para ingresar a comercios y eventos a partir de enero.
