Solo este año, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha abierto 182 investigaciones contra docentes por faltas de connotación sexual contra estudiantes, que incluyen acoso, abuso sexual, relaciones impropias o difusión de pornografía.
El problema no es ni nuevo ni desconocido, pues, justamente, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller dijo, con apenas dos meses de haber asumido, que “estaba cansada” de firmar procesos contra docentes denunciados por hechos de esta naturaleza.
“Yo estoy cansada de estar firmando cuestiones de docentes que tienen problemas de acoso sexual, ese tipo de casos, eso hay que pararlo de alguna manera”, expresó la jerarca durante una comparecencia en el Congreso, en julio.
De los 182 docentes investigados por acoso, el MEP ha tenido que reubicar a 88, o sea, sacarlos del centro educativo y enviarlos a hacer labores administrativas en la dirección o supervisión regional mientras realiza las pesquisas.
Uno de los últimos funcionarios reubicados por una denuncia de acoso sexual, fue Mario Soto Quirós, quien fungía como director del Liceo Rodrigo Hernández, en Heredia. Su caso se dio a conocer cuando circuló un video en el que se observa cuando un alumno lo agredió; luego se dijo que el muchacho reaccionó, supuestamente, por el acoso en perjuicio de su hermana.
El 9 de setiembre, un estudiante agredió al entonces director del Liceo Rodrigo Hernández, en Heredia, por un supuesto acoso contra su hermana, quien también estudia en ese centro.
Ante el conflicto, se decidió reubicar a Soto en labores administrativas en el Circuito 04 del MEP, que funciona dentro de las instalaciones del Liceo Carlos Pascua Zúñiga, en San Rafael de Heredia. Sin embargo, la Junta Administrativa de este centro acordó rechazar dicha reubicación debido a que en el pasado Soto fue director ahí y tuvo ‘una larga trayectoria de problemas de todo nivel’, que incluía una supuesta relación impropia.
Actualmente, los hechos que involucran a ese funcionario y 137 casos más están en investigación en el Departamento de Régimen Disciplinario del Ministerio de Educación.
La ministra Müller manifestó, en julio, que solicitó apoyo a los sindicatos de Educación para atacar esta problemática, aunque según publicó La Nación, en el 2019, son los abogados de las organizaciones sindicales las que se han convertido en el principal respaldo de docentes denunciados por acoso o abuso sexual, en su gran mayoría, en perjuicio de alumnas.
Entre el 2017 y 2018, los abogados sindicales tramitaron los casos y defendieron a 113 educadores, todos hombres, que fueron señalados por estudiantes, tanto de escuela como colegio, por tocamientos, insinuaciones y proposiciones de tipo sexual a cambio de notas.
En su gran mayoría, las denunciantes eran mujeres: niñas de escuela o adolescentes de colegio.
Tal como lo indicó la ministra de Educación, esta problemática es recurrente en el MEP. Entre el 2012 y 2018, la institución recibió 943 denuncias, principalmente de alumnas contra sus profesores (hombres), por faltas de índole sexual, especialmente en colegios.
En el 2018, se recibieron 199 denuncias: 128 por hostigamiento, 37 por abuso sexual, 14 por relaciones impropias y 20 por faltas de connotación sexual, como pornografía infantil.
Sin embargo, las denuncias que llegan a las autoridades educativas y se tramitan son apenas la punta del iceberg.
Rocío Solís, exviceministra académica del MEP y quien durante 18 años estuvo a cargo de la Contraloría de Derechos Estudiantiles de la institución, dijo a La Nación, en marzo anterior, que el ocultamiento de abuso sexual y el hostigamiento sexual contra menores es una situación frecuente en los centros educativos del país.
La funcionaria agregó que no se denuncia porque los centros educativos no quieren que la Contraloría de Derechos Estudiantiles llegue e intervenga, tampoco quieren meterse en problemas.
Además, dijo, cuando se denuncia, el proceso administrativo contra el funcionario acusado no avanza.
“Es un calvario para los que denuncian; eso se queda ahí y muchas veces se archivan (los expedientes disciplinarios contra los docentes) por ‘falta de pruebas’. Es muy frustrante todo ese proceso, más cuando se sabe que la persona es un agresor y que lo seguirá haciendo, pues no tiene consecuencias”, aseveró Rocío Solís.
