Esa medida ocasionó la salida, desde este miércoles 30 de setiembre, de una mujer de apellidos Loáiciga Murillo, asesora de Yorleny Córdoba Moya, quien era del partido Progreso Social Democrático; y de un hombre apellidado Carreras Grau, asesor de José Manuel Jiménez Gómez, quien era del Partido Liberal Progresista.
La decisión consta en el oficio N.° MSJ-ALCALDIA-4493-2026, como parte de una revisión sobre la continuidad de los nombramientos con “sueldos especiales” del Concejo Municipal de San José.
Para tomar esa decisión, la Alcaldía se apoyó en criterios de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Talento Humano, donde se concluyó que los puestos de confianza están vinculados “a las fracciones políticas” y “no a los regidores individualmente considerados”.
Con esa premisa, Miranda dispuso que los regidores independientes cuenten solo con una “estructura administrativa mínima”, formada por un asesor y una secretaria, e invocó el artículo 17 del Código Municipal para coordinarla y nombrarla. Según ese oficio, Loáiciga y Carreras no resultan necesarios.
El documento detalla que otros siete nombramientos sí se mantienen, pero solo por un mes, hasta el 31 de octubre próximo. Se trata de tres asesores comunales, tres secretarias y una asesora del Concejo Municipal.
Regidora reclama
Córdoba Moya, la regidora independiente, pidió reconsiderar y revertir el cese de Loáiciga, quien es su asesora legal. Argumentó que la Alcaldía no puede sustituir por una decisión administrativa lo que establece el reglamento.
Sostuvo que con la reforma que el Concejo aprobó, en agosto del 2025, al Reglamento sobre el Régimen de Puestos de Confianza, reconoce expresamente que una regiduría propietaria de fracción unipersonal que renunció a su partido puede tener dos asesores.
Según ella, el artículo 6 le asigna dos asesorías y un oficinista o secretario, y señala que esos puestos están “asociados directamente a la regiduría propietaria, y no al partido político”, tal y como lo indicó en su oficio N.° CM-RI-YCM-092-2026, de este 30 de setiembre, cuando se inició el cese de ambas personas.
Para la regidora, la “estructura mínima” reduce de dos a una sus asesorías y considera que esa decisión la coloca “en una situación material de indefensión” y que los criterios jurídicos internos no tienen capacidad de modificar un reglamento vigente.
Además de la reconsideración, pidió que, si se mantiene el cese, la Alcaldía indique qué norma de igual o superior rango la autoriza a reducir las asesorías. También solicitó copia de todos los criterios jurídicos citados.
Córdoba advirtió una situación que, dijo, obliga a “extremar el deber de prudencia”: Loáiciga integra un órgano director, creado por el acuerdo 12 de la sesión ordinaria 093 del Concejo. Según la regidora, ese órgano investiga un procedimiento en el que existe vinculación con el alcalde.
Aclaró que no pretende anticipar juicio sobre las motivaciones de la decisión, pero sí pidió valorar el efecto del cese sobre la independencia del órgano y evitar cualquier apariencia de interferencia.
