La falta de financiamiento para el laboratorio encargado de las pruebas de paternidad pone en riesgo el derecho de los menores de edad a saber quién es su progenitor y que este asuma su manutención, aseguró Luis Bolaños Bolaños, director general del Registro Civil.
“Es un derecho que no se puede quitar a la persona. Si una mujer solicita la prueba para determinar si un hombre es el presunto padre, se hace la prueba, o no hay forma de consignarlo. Es privar a niños de sus derechos”, dijo en entrevista con La Nación.
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Las pruebas de paternidad son necesarias para cumplir con la Ley de Paternidad Responsable (N.º 8101) y que cada niño tenga derecho a su manutención y al reconocimiento de sus progenitores.
Este miércoles, un reportaje de La Nación reveló que el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2026 designaría al Ministerio de Salud para destinar ¢193.860.000 al Laboratorio de Genética Humana de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Este monto, que es el mismo asignado anualmente desde 2023, es 4,5 veces menor al necesario para su funcionamiento.
Los encargados del laboratorio afirman que para 2026 son necesarios ¢856,6 millones. Esta cifra incluye los salarios, insumos, la inversión en equipamiento de laboratorio, la remodelación de las instalaciones actuales, y la actualización de redes de tecnologías de la información (TIC) y eléctricas, así como mejoras en los diferentes recintos del centro.
Esta situación se da en medio de un aumento en la solicitud de estos exámenes. De acuerdo con la CCSS, en el primer trimestre de 2025, el incremento ha sido de un 60%. Bolaños agregó que en lo que va del año, ante el Registro Civil, 1.320 personas solicitaron una prueba de paternidad, este es un 68,15% de los exámenes realizados durante todo 2024.
“Aunque la Ley de Paternidad dice que el gobierno tiene que asignar sí o sí una cantidad de dinero anualmente, siempre se han visto en problemas para que se los presupueste. El año pasado no se les dio lo suficiente y la Caja tuvo que hacer uso de recursos propios”, expresó Bolaños.
Oficios de la CCSS de los encargados del Laboratorio, de los cuales La Nación tiene copia, indican que se entraría en un cierre técnico si no se entregan los fondos necesarios, con lo cual se estaría incumpliendo la Ley. Bolaños indicó que esto también pone en peligro al Estado como un todo.
“Si el laboratorio, por un tema de presupuesto, no pudiera funcionar, las implicaciones sociales serían tremendas. En el tema de los derechos humanos, las implicaciones serían tremendas. Saber quién es el padre de una persona es un derecho constitucional y un derecho humano. Este año tendríamos 1.320 chiquitos sin saber quién es su padre”, destacó Bolaños.
¿Cuánto ha recibido la CCSS en los últimos años y cuánto ha invertido?
El artículo 7 de la Ley de Paternidad Responsable autoriza al Poder Ejecutivo a “girar a la CCSS un monto anual hasta de ¢1.000 millones, con el objetivo de que pueda equipar los laboratorios, adquirir reactivos, materiales consumibles, equipo y contratar los recursos humanos requeridos para atender la demanda estimada de pruebas de comparación de marcadores genéticos”.
Sin embargo, esta normativa no establece límites, por lo que la CCSS ha debido asumir las diferencias después de un recorte del 61% que se dio en 2023.
Sergio Gómez Rodríguez, director de Presupuesto de la CCSS, brindó a La Nación los montos recibidos en los últimos años versus lo utilizado por el laboratorio.
En 2024, aunque el gobierno asignó inicialmente ¢193.860.000, giró un total de ¢217,93 millones, y el Laboratorio invirtió ¢427,08 millones, una diferencia de ¢209,15 millones.
Para 2025, la CCSS solicitó ¢916,5 millones y se les asignaron los mismos ¢193.860.000. A mayo de este año el gobierno había transferido ¢37,49 millones, pero el Laboratorio ya había invertido ¢204,4 millones, una diferencia de ¢166,91 millones.
Para Bolaños, el problema es que el Registro es quien debe darles la cara a los interesados, y por ley las pruebas deben ser realizadas en la CCSS.
“Habría que explorar si eventualmente la Corte podría facilitar sus laboratorios para hacer esas pruebas, pero ya sería una cuestión de voluntad, porque legalmente es la CCSS la que debe hacer esas pruebas. Me imagino que el Ministerio de Hacienda está replicando lo del año pasado y como la CCSS solventó el problema, pretenden que vuelva a suceder el mismo panorama”, afirmó.
Sin embargo, para la CCSS llegaría un momento en el que es insostenible.
“(...) el monto asignado no refleja la necesidad real, obligando a la CCSS a cubrir el déficit con recursos propios, lo cual es insostenible”, asegura el oficio GM-DICE-0256-2025/DICE-LPP-0122-2025, enviado al gerente médico de la entidad, Alexánder Sánchez Cabo.