La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para conocer los mecanismos institucionales que garantizan la asistencia consular a personas costarricenses privadas de libertad en Estados Unidos.
La consulta se enfoca principalmente en quienes están sometidos a procedimientos migratorios que podrían derivar en su deportación.
El órgano defensor indicó que el requerimiento responde a la relevancia del derecho a la asistencia consular, reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99.
La institución destacó que estas normativas establecen las obligaciones estatales para informar a las personas detenidas sobre su derecho a comunicarse con sus autoridades consulares.
La Defensoría consultó a la Cancillería si recibe datos sistemáticos de las autoridades estadounidenses, a solicitud de la persona aprehendida o de sus familiares y si existen protocolos o convenios de coordinación institucional para estos avisos.
Tambien preguntó sobre el alcance de la asistencia ejercida por los consulados mediante visitas, entrevistas privadas y orientación jurídica.
La institución solicitó aclarar los mecanismos para identificar a personas en situación de especial vulnerabilidad, tales como menores de edad dependientes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas o pacientes con necesidades médicas.
Asimismo, pidió conocer las medidas que se adoptan para garantizar que las personas costarricenses detenidas conozcan su derecho a solicitar asistencia consular y puedan comunicarse efectivamente con las autoridades consulares.
El órgano, además, preguntó si hay orientación sobre los procedimientos migratorios, los recursos disponibles y las garantías procesales aplicables, dentro del ámbito de las competencias consulares.
La consulta, también pide precisar la forma en que se verifican las condiciones de detención, la coordinación con familiares en Costa Rica y las dificultades operativas o desafíos institucionales identificados para asegurar el acceso oportuno a la protección consular.
Tras la detención del influencer costarricense Julián Valverde el pasado 16 de setiembre, arrestado por conducir con una licencia vencida desde hace más de seis meses, los procesos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) quedaron bajo el escrutinio público en Costa Rica.
Este arresto contribuyó a la visibilización de la situación de otros costarricenses bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.
Entre los casos destaca el de Jorge Mata Campos, de 51 años, quien acumula tres meses retenido, y el caso de Carlos Josué Marchena, de 37 años, quien falleció el pasado viernes 18 de setiembre mientras permanecía bajo custodia del ICE.
Ticos en centros de detención de Estados Unidos
El 22 de setiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que 77 costarricenses permanecen detenidos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La Cancillería estimó que entre enero y setiembre de este año, las autoridades detuvieron a unos 250 costarricenses.
La Nación consultó una base de datos de arrestos y detenciones elaborada por Deportation Data Project,una iniciativa de investigación colaborativa dirigida por investigadores de las universidades UC Berkeley y Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
La información la obtuvieron de las agencias gubernamentales de inmigración estadounidenses, mediante solicitudes hechas con base en de Libertad de Información (FOIA).
Según ese reporte, ICE registró la detención de 850 personas costarricenses entre octubre del 2022 y el 5 de agosto de este año.
De esa cantidad de aprehendidos, 529 personas abandonaron el territorio estadounidense. Un total de 362 costarricenses salieron por deportación, 166 lo hicieron por voluntad propia y a una persona le retiraron la solicitud de admisión.
Casi la totalidad de los repatriados fue devuelto a Costa Rica, mientras que en diez ocasiones el destino fue otro país. En el grupo de deportados, tres personas sufrieron la expulsión en más de una oportunidad a lo largo de los últimos cuatro años.
Según ese reporte, los otros 321 detenidos fueron liberados o permanecen detenidos.