Al menos 20 comunidades atravesadas por la ruta 32, tendrán que esperar más de dos años para contar con un paso peatonal que les permita cruzar la vía de manera segura.
Se trata de 20 de los 64 poblados que atraviesa la carretera de 104 kilómetros entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón. Para todos los demás ya hay obras ejecutadas o en diseño, pero para las 20 restantes falta empezar por lo más importante, el financiamiento.
Según las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para finales de este año esos 104 km estarán a cuatro carriles; no obstante, quedarán pendientes decenas de obras complementarias.
En el caso específico de los pasos peatonales, el jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, detalló la semana anterior, durante una comparecencia ante los diputados de la provincia de Limón, que aunque la vía pasa por 64 comunidades, el proyecto original solo contempló 20 puentes peatonales.
El año pasado, el Gobierno recibió la autorización para modificar el destino de los recursos de un crédito para un fondo de avales, del cual se utilizarían $10 millones para sumar a esa lista, otras 15 estructuras para el paso de los peatones.
Dichos puentes ya fueron licitados y según Zeledón, actualmente se encuentran en la etapa de revisión de las ofertas planteadas por las cinco empresas que participaron en el concurso. La intención es que estos puentes se comiencen a construir en el segundo semestre de este año.
Adicionalmente y según el desglose brindado por el MOPT, hay otras nueve estructuras que ya cuentan con el aval del Ministerio de Planificación (Mideplán), es decir completaron el perfil de prefactibilidad y están inscritos en el banco de proyectos de ese ministerio; no obstante, quedaron fuera de ese paquete de obras por falta de recursos.
Esas nueve estructuras serían construidas como parte del paquete de obras complementarias que el MOPT pretende ejecutar con presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) el próximo año y completarían un total de 44 pasos de este tipo.
“En Conavi se están destinando ¢14.000 millones (unos $30 millones) adicionales para obras específicas de la ruta 32; si bien el proyecto con CHEC termina este año, no vamos a dejar de lado las obras necesarias y esenciales para garantizar la seguridad de los usuarios, entiéndase puentes peatonales, calles marginales, ciclovías, aceras, paradas de buses y pasos superiores”, indicó el jerarca.
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La estimación del MOPT es que cada puente peatonal tiene un costo de alrededor de $500.000. Además, según adelantó el ministro, con los recursos del Conavi presupuestados, la licitación para esas nuevas estructuras podría comenzar a finales de este mismo año y su construcción se realizaría de manera lineal en cuanto se vayan terminando los 15 que se ejecutarán con el dinero del fondo de avales.
“Todavía nos faltan 20 para poder decir que tenemos un puente peatonal por cada una de las 64 comunidades que atraviesa la carretera, estamos claros que faltan obras, que son obras que no estaban en el diseño original y estamos trabajando para incluirlas”, agregó el ministro sin especificar a cuáles poblados se refiere.
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Según el último informe de la Unidad Ejecutora, a finales de marzo se pusieron en funcionamiento seis puentes peatonales en los sectores de La Unión en Guápiles, así como en Liverpool, Sandoval, Villa del Mar, sector estudiantil UCR y Santa Rosa, en Limón. Con esas estructuras, se completaron 16 de los 20 puentes peatonales incluidos en el proyecto a cargo de CHEC.
Obras complementarias requieren $100 millones
Durante la comparecencia ante los diputados de Limón, el jerarca insistió en que el proyecto original no fue pensado en las necesidades de los habitantes de Limón. A modo de ejemplo, mencionó que solo se incluyen alrededor de 5 km de aceras, a lo largo de los 104 km de la ampliación y unos 26 km de vías marginales.
Según lo proyectado por el MOPT, se requieren alrededor de $100 millones para completar la totalidad de obras complementarias que requiere la ruta (incluidos los 20 puentes faltantes).
“Estamos claros que faltan obras que no estaban en el diseño original y estamos trabajando para concluirlas (...) Son obras que no estaban, pero que son esenciales para garantizar la seguridad de los usuarios. Lo que se necesita anda alrededor de $100 millones”, añadió el ministro.
El jerarca fue enfático en que para buscar esos recursos, es necesario tener con claridad el detalle de las obras a ejecutar, así como sus costos y demás análisis de preinversión.
Para esto, en mayo se prevé contratar una empresa que se encargará de la planificación de esos trabajos. Esos estudios, deben estar finalizados y las obras deberán quedar inscritas en el Mideplán este mismo año para “poder ir a buscar los recursos”.
Esa firma, dijo Zeledón, deberá realizar estudios técnicos pero también de impacto social, a fin de que las obras a ejecutar se adapten a las necesidades reales de los pobladores, y evitar así problemáticas como las que enfrentan actualmente algunas comunidades donde los pasos peatonales se ubicaron alejados de los cruces usuales de población.
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La ampliación de la ruta 32, recibió orden de inicio en su fase de construcción en noviembre del 2017 y debía completarse en octubre del 2020. Hasta ahora la empresa ha recibido cinco prórrogas y el Conavi ya analiza una última solicitud que extendería el plazo final para entregar las obras a diciembre de este año.
El proyecto original incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera (ahora reducidos a 104 km), la construcción de 33 nuevos puentes y la rehabilitación de los existentes, 11 retornos, 24 puentes peatonales, 13 pasos a desnivel, y cinco intersecciones en los intercambios de Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Ahora, seis pasos superiores y tres intercambios serán reemplazados por un total de siete rotondas y dos giros derechos a nivel y solo se citan 20 puentes peatonales como parte del alcance a cargo de CHEC.
El costo de las obras se estimó originalmente en $534 millones, de los cuales $465 millones provendrían del financiamiento de Eximbank y los $69 millones restantes de una contrapartida estatal. No obstante, $15 millones de ese financiamiento no se podrán utilizar debido al vencimiento del plazo de disponibilidad de recursos, por lo que deberán ser cubiertos por el Conavi.