Si las personas refugiadas y solicitantes de refugio que viven en Costa Rica formaran un municipio, sería uno de las más grandes del país. Cerca de 200.000 personas integran actualmente el sistema de protección internacional, el equivalente a uno de cada 26 habitantes.
Esta es una población mayor que, por ejemplo, la del cantón Central de Cartago, donde viven alrededor de 163.000 personas.
En Costa Rica, las personas refugiadas equivalen a alrededor del 4% de la población nacional. La magnitud de este fenómeno es el resultado de una transformación acelerada ocurrida durante la última década.
De cientos a miles
Hace apenas una década, el sistema de refugio de Costa Rica operaba a una escala distinta.
Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el país registró 2.189 solicitudes de refugio en el 2015. Pero la realidad cambió abruptamente en el 2018.
Durante ese año, marcado por el estallido de la crisis política y social en Nicaragua, las solicitudes de refugio se dispararon a 27.972, un aumento de más del 340% respecto al año anterior (en el 2017 hubo 6.322).
En los años siguientes, las cifras continuaron creciendo hasta alcanzar un máximo histórico en el 2022, cuando Costa Rica recibió 129.482 nuevas solicitudes de refugio y acumuló 239.640 expedientes en espera de resolución.
Ese mismo año, más del 92% de los casos registrados correspondieron a personas provenientes de Nicaragua.
Mauricio Herrera, quien fue ministro de Comunicación entre el 2015 y el 2018, afirmó que, previo a la crisis en Nicaragua, la principal preocupación migratoria no era el refugio, sino los flujos de migrantes en tránsito que atravesaban Centroamérica rumbo a Estados Unidos.
Costa Rica afrontó la llegada de miles de cubanos, haitianos, congoleños y africanos que ingresaban por la frontera con Panamá con la intención de continuar hacia el norte. En ese contexto, cerca de 8.000 cubanos fueron trasladados mediante un puente aéreo y terrestre hacia otros países de la región, mientras que más de 30.000 personas haitianas y migrantes africanos recibieron permisos temporales para permanecer en Costa Rica en tránsito hacia el norte.
“El problema era completamente distinto al de hoy”, recuerda Herrera, porque la mayoría de esas personas no pretendía quedarse en el país.
“No solo vendemos naturaleza. También existe una imagen de Costa Rica como un país que trata con humanidad a las personas”, sostuvo.
En el 2018, la represión contra manifestantes y opositores en Nicaragua provocó una salida masiva de ciudadanos que vieron en Costa Rica el destino más cercano para solicitar protección, a diferencia de los flujos migratorios en tránsito de años anteriores. A este fenómeno se sumaron posteriormente miles de venezolanos (5.634).
Carlos Andrés Torres, quien ejerció como viceministro de Gobernación entre el 2019 y el 2021, señaló que la respuesta al aumento de solicitudes de refugio fue un esfuerzo institucional que requirió coordinación entre Migración, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Trabajo y otros actores del Estado, en un contexto de severas restricciones fiscales.
Torres recordó que el apoyo de Acnur resultó fundamental porque aportó oficiales de admisibilidad y elegibilidad para reforzar la recepción de solicitudes, apoyó con abogados y especialistas para fortalecer el Tribunal Administrativo Migratorio y colaboró en la apertura de una oficina en Upala para atender solicitantes cerca de la frontera norte. Torres destacó esta instancia al asegurar que solo existen tres en el mundo.
“Gracias a la reputación mundial de Costa Rica por su historia democrática y de respeto a los derechos humanos, tuvimos el apoyo internacional para salir avantes”, dijo.
También resaltó que Acnur facilitó recursos para asegurar temporalmente ante la CCSS a personas refugiadas en condición de vulnerabilidad. Además, dijo, durante el Foro Mundial sobre los Refugiados de 2019, celebrado en Ginebra, Costa Rica fue reconocida por sus prácticas de protección internacional, lo que permitió atraer cooperación adicional para atender la creciente demanda.
¿Puede el sistema responder?
Consultada por este medio, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) atribuye las grandes listas de espera a la falta de personal, principalmente. La institución sostiene que el marco legal vigente garantiza el debido proceso de las personas solicitantes, pero reconoce que el volumen actual de casos ha sobrepasado su capacidad operativa.
“La DGME no tiene el recurso humano suficiente para poder atender la demanda del servicio”, indicó vía correo a La Nación. Además, señaló que las limitaciones presupuestarias dificultan la creación de nuevas plazas.
Según la legislación, las solicitudes son resueltas por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, integrada por representantes de los ministerios de Seguridad Pública, Trabajo y Relaciones Exteriores.
Pero Migración considera que el sistema requiere mayores capacidades. “Más allá de reformas administrativas se requiere de mayor recurso humano para poder procesar de forma más eficiente las solicitudes de refugio”, declaró.
Este mes, Migración habilitó una categoría especial temporal que estipula que las personas que solicitan refugio tendrán libertad para desempeñarse en cualquier actividad laboral remunerada por dos años.
La agencia de Acnur en Costa Rica, por su parte, advirtió de que el rezago responde a factores estructurales que trascienden el caso costarricense. A nivel global, más de 9 millones de personas se encontraban a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo al cierre del 2025, en un contexto donde los sistemas de refugio operan bajo presión creciente.
En el caso de Costa Rica, Acnur apuntó a limitaciones operativas como el modelo de tramitación individual y en papel, así como la capacidad institucional reducida. “La DGME cuenta con tan solo seis funcionarios permanentes para atender una gran demanda”, señaló la organización.
“La situación de Nicaragua no ha mejorado y los grupos especializados (...) continúan reportando graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua lo que está causando un desplazamiento forzado continuo o impide a las personas que ya están aquí poder regresar”, indica la oficina.
El Acnur actualmente contribuye con 36 personas especializadas para atender las nuevas solicitudes, realizar trámites de renovación, entregar permisos de trabajo a los mayores de 18 años y asistir a los funcionarios del Gobierno con las resoluciones por el fondo. Además, trabajan con la Unidad de Refugio para organizar más de 330.000 casos del archivo, así como digitalizando los expedientes.
¿Cómo solucionarlo?
El exministro Herrera hoy colabora con la organización Refugees International, y junto a 16 organizaciones más, como la Conferencia Episcopal de Costa Rica, el Servicio Jesuita y la Universidad de Costa Rica, gestionan una propuesta para que, a través de un proyecto de ley, se faciliten las condiciones para regularizar a los refugiados.
Sus propuestas se concentran en agilizar los trámites migratorios, eliminar obstáculos para solicitar refugio, fortalecer la Unidad de Refugio y garantizar que las personas desplazadas puedan acceder a categorías migratorias estables, empleo formal y servicios públicos.
También proponen que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo mejoren la coordinación institucional, aseguren recursos para Migración y faciliten mecanismos de regularización para quienes ya viven en el país.
Además, impulsan medidas para facilitar la inserción laboral y aprovechar mejor las capacidades de esta población, incluyendo el reconocimiento de títulos y experiencia obtenida en el extranjero, campañas para que empleadores conozcan los derechos laborales de solicitantes de refugio y una mayor participación del Ministerio de Trabajo en su integración.
“Durante los años de resolución de caso, la vida de las personas no se detiene (...) Trabajan, pero muchas veces lo hacen en la informalidad. No cotizan para la Caja, no pagan impuestos y no pueden contribuir de la manera en que ellos quisieran contribuir si tuvieran una condición migratoria estable”, explicó Herrera.
“Ya estamos en conversaciones con varios despachos de diputados para presentar un proyecto de ley en el que gana todo el mundo. Ganan las personas migrantes y gana la sociedad costarricense”, expresó.
El exministro enfatizó la importancia de este paso pues rechaza las propuestas que plantean expulsiones masivas como respuesta al fenómeno.
“Hay sectores que dicen que hay que expulsarlos, pero Costa Rica no tiene capacidad para expulsar a cientos de miles de personas. Y aunque la tuviera, estamos hablando de fronteras extremadamente porosas en que las personas podrían volver. No es una solución realista y además trasgrede temas de derechos humanos”, finaliza Herrera.