Un nuevo modelo pretende facilitar el acceso a vivienda a familias que no cumplen con requisitos para obtener un crédito hipotecario tradicional.
Se trata del llamado “leasing habitacional”, un mecanismo impulsado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y dirigido a personas que pueden pagar una mensualidad, pero no cuentan con el ahorro para una prima o enfrentan dificultades para demostrar su capacidad de pago ante un banco.
La estrategia consiste en introducir una etapa de alquiler con opción de compra antes de formalizar el crédito hipotecario, explicó el jerarca de Vivienda, Guillermo Carazo.
Durante ese periodo, que rondaría los cinco años, la persona ocuparía la vivienda y construiría un historial de pagos que serviría a la entidad financiera para evaluar el financiamiento de la compra.
La idea, enfatizó Carazo, es que el banco adquiera la edificación en venta desde el inicio y el futuro comprador inicie alquilando durante un tiempo previamente establecido, con una cuota que sería similar al monto que se cancela por una mensualidad de alquiler.
Pasado ese plazo, el banco tendría la posibilidad de determinar si el interesado tiene la capacidad de mantener el pago en el tiempo, lo que permitiría transformar la operación en un crédito habitacional.
Adicionalmente, la cuota de alquiler pactada al inicio también podría contemplar un porcentaje de ahorro que luego sería tomado como prima.
Según el ministro, la iniciativa se trabaja con bancos públicos y privados, mutuales, cooperativas y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef). El objetivo es establecer, mediante un proyecto de ley, un marco normativo común para estas operaciones.
En el esquema descrito por el jerarca, un fideicomiso o fondo inmobiliario compraría la propiedad. Si se trata de un apartamento nuevo, por ejemplo, el desarrollador recibiría el pago y saldría de la operación.
Ese fideicomiso o fondo pasaría a ser el propietario del inmueble y lo alquilaría a la persona interesada en comprarlo.
La persona firmaría un contrato de arrendamiento con opción de compra, en el que quedaría establecido desde el inicio el precio de adquisición de la vivienda. Durante el plazo acordado, pagaría una mensualidad por ocuparla.
Al finalizar ese periodo, podría ejercer la opción de compra y formalizar un crédito hipotecario para adquirir la propiedad, sujeto a la evaluación de la entidad financiera.
La existencia de ese ahorro y su monto dependerían del producto que ofrezca cada entidad.
“Todo eso tiene que estar claro desde el principio”, indicó el ministro.
Historial de pagos podría reducir la prima
Uno de los principales objetivos del modelo es que la entidad financiera pueda comprobar, mediante los registros de pago del alquiler, que la persona tiene capacidad para asumir una mensualidad similar a la de un crédito hipotecario.
El ministro explicó que ese historial permitiría reducir la percepción de riesgo del banco y podría facilitar un porcentaje de financiamiento mayor al que se ofrecería inicialmente.
Como ejemplo, mencionó que una persona que inicialmente podría obtener financiamiento por el 80% del valor de avalúo de la vivienda podría llegar a recibir un 95% o incluso un 100% de ese valor, después de demostrar su capacidad de pago durante cuatro o cinco años.
Un porcentaje mayor de financiamiento reduciría el aporte inicial que tendría que realizar la familia. La aprobación y el monto del crédito dependerían de la evaluación de cada entidad financiera.
En relación con la cuota, la intención, dijo Carazo, es que la mensualidad durante el tiempo de arrendamiento sea similar a la que la persona tendría que pagar posteriormente por el préstamo.
De esa manera, la entidad podría comprobar que el cliente está en condiciones de asumir ese compromiso. Sin embargo, la relación entre ambas cuotas dependería de las condiciones del producto que diseñe cada institución.
El periodo de alquiler tampoco sería idéntico para todos. Aunque la referencia es de aproximadamente cinco años, podrían existir plazos distintos y posibilidades de extensión ante cambios en las circunstancias familiares, según las condiciones que se establezcan.
El ministro mencionó, por ejemplo, el caso de una pareja en la que uno de sus integrantes pierde el empleo y prefiere posponer la formalización de la hipoteca o ya no desea seguir adelante con el plan.
“Es un producto financiero elaborado con la ingeniería financiera respectiva de cada entidad autorizada bajo un marco normativo que le va a aplicar a todos, que es básicamente lo que estamos trabajando, para ese periodo intermedio del momento en que yo quiero comprar mi casa al momento en que firmo la hipoteca, porque al final siempre vamos a firmar la hipoteca”, agregó.
Ese marco normativo quedaría regulado mediante una nueva ley.
La pretensión es contar con el texto a inicios del próximo año, para discutirlo con el Poder Ejecutivo antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa.
El ministro señaló que los desarrolladores consultados consideran que el mecanismo ayudaría a aumentar las ventas. A partir de esas conversaciones, planteó como una estimación preliminar que las ventas de viviendas y apartamentos podrían incrementarse entre un 20% y un 30%, aunque reconoció que todavía es difícil calcular el alcance.
Las condiciones definitivas del esquema dependerían de los productos que estructuren las entidades financieras y del marco normativo que se apruebe para regular estas operaciones.
Un estudio elaborado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y Gestionando Hábitat, reveló que el 81,4% de los hogares que habitan un alojamiento rentado en Costa Rica (279.890 familias), enfrentan exclusión total o severas restricciones para acceder a un crédito formal.
