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En mayo, la historia de Kristell Cortés Vargas, una estudiante de 15 años, se viralizó luego de que, por medio de un video, ella enfrentara a los colegiales que le hacían bullying y exponían en redes sociales por el aspecto de su dentadura. Cientos de personas empatizaron con su caso y ella contó que incluso sus docentes le reconocieron su acción.
Poco después de que el caso de Kristell trascendiera y este medio contara su historia con autorización de su madre, Stephanie Vargas, circuló otro video en el que una estudiante narraba cómo sus compañeros le pegaban chicles en el cabello y luego se lo cortaban y que, además, le tiraban sus pertenencias en el estiércol de las vacas.
La adolescente contó que sus compañeras la encerraban en el baño y le decían que “por qué no se moría y que mejor se quitara la vida”.
Otra grabación de quien se presentaba como la madre de esta colegiala, explicaba cómo ella había ido a la dirección y oficina de orientación a exponer la situación; sin embargo, contó que todo seguía igual.
“A mi hija le han pegado chicles en el pelo y se lo han cortado”, contó la mamá, quien afirmó que su hija sufre bullying desde el año anterior.
Un tercer video también fue la ventana que un estudiante utilizó para contar lo que había estado viviendo a diario en el colegio en el que lo acosaban por la apariencia de su oreja.
“Creo que ya es demasiado, que apenas llegue al colegio me tratan mal, me hacen bullying y me dicen taza y sin oreja porque yo soy un niño con una discapacidad”, comentó el estudiante.
Los tres casos serían en un colegio técnico en Limón. La Nación envió consultas a la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP) desde el 1.° de junio para conocer qué estaba pasando con estas denuncias; no obstante, tras más de un mes no se recibió respuesta.
Lo cierto es que los casos de bullying y ciberbullying no solo ocurren en este centro educativo, hay más situaciones de violencia en las aulas que han trascendido en diferentes lugares del país.
El ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, reconoció que, según los datos que tenía presentes semanas atrás, hay concentración de este tipo de comportamientos en el Pacífico Central (Puntarenas y Garabito), San José, Alajuela y Liberia. Afirma que para él, este no es un problema generalizado, aunque enfatizó que la violencia no inicia en el aula, sino que viene desde afuera.
En lo que va del curso lectivo, entre febrero y mediados de junio, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP contabilizó 166 situaciones de violencia relacionadas con bullying, es decir, más de una diaria, si se toma en cuenta que las clases empezaron a finales de febrero.
Redes sociales un megáfono en busca de acciones en los centros educativos
La psicóloga especialista en bullying, Ingrid Naranjo, comentó que la violencia de la sociedad ya está permeando los centros educativos.
Ella considera que la tendencia de creadores de contenido e influenciadores para dar a conocer situaciones personales o de la realidad nacional, también ha alcanzado a algunos estudiantes que, ante la posible inacción de los centros educativos, buscan visibilizar sus casos.
Asimismo, agrega que desde una perspectiva psicológica, los jóvenes recurren a estos medios para obtener validación.
“Los chicos y las chicas están buscando validar esa soledad, ese silencio, esa impotencia sobre la que han estado siendo sometidos por el silencio administrativo de sus institución y del ministerio en general”, comentó.
Por su parte, Leonardo Sánchez recordó la existencia de protocolos para atender este tipo de situaciones; empero, urgió a trabajar en la prevención, durante el corto tiempo que los estudiantes están en las aulas. Defiende que los alumnos que son expuestos a deporte, arte y ferias científicas tienen menor incidencia en temas de acoso o de maltrato físico, verbal o psicológico.
Para Naranjo, este tipo de acciones siempre serán tardías porque ya existen casos de violencia manifestada mediante el bullying y el ciberbullying en los centros educativos.
“Vamos a generar una actividad preventiva terciaria cuando ya pasó, cuando ya hay casos, cuando las situaciones van saliendo ya a la luz pública y probablemente se nos están saliendo de las manos”, explicó la especialista en este tipo de comportamiento.
La psicóloga agregó que tanto las cifras del MEP como del Poder Judicial con relación a violencia entre menores de edad son alarmantes. Solo en 2025, la Fiscalía Penal Juvenil recibió 5.313 denuncias por casos de violencia, en general, en centros educativos.
“(...) no es que no se esté haciendo algo, el tema es que no se está adaptando ese algo que responde a la activación de protocolos en las circunstancias actuales con las condiciones actuales y con la necesidad de respuesta actual que debe ser inmediata. Entonces, hay prevención, pero tenemos que entender y debería ser claro el Ministerio de Educación en decir que la prevención es terciaria, porque ya hay casos”, detalló.
Cuando se habla de prevención terciaria, se refiere a casos que ya ocurrieron y a que ya existen secuelas y denuncias. También está la prevención secundaria que ocurre cuando el caso está sucediendo.
Al respecto, Leonardo Sánchez sostiene que si no se realizaran este tipo de actividades lúdicas, la incidencia del acoso escolar sería más alta.
“Esperemos a que todas estas iniciativas en conjunto empiecen a dar frutos, pero hay un tema que yo insisto, si el padre de familia no se involucra en el sistema educativo, los esfuerzos que hacemos nosotros se quedan cortos. En la familia también está una gran responsabilidad de velar por lo que hace su hijo”, apuntó el economista.
MEP confía en mapa digital para detectar mayor incidencia de bullying
Según el jerarca, para poder atacar el bullying se requiere tener los datos de los lugares con mayor incidencia para focalizar los esfuerzos.
Para ello, junto a las Naciones Unidas, el MEP creó una plataforma llamada Segured, en la que se ingresan los datos de los diferentes riesgos en los centros educativos. Esto va desde bullying, violencia y hasta peligros por deslizamientos, etcétera.
Aseguró que, tras la detección, las acciones del ministerio serán interdisciplinarias.
Dice que con esos datos podrá gestionarse presencia de oficiales de la Fuerza Pública y de psicólogos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) en los centros educativos con mayor incidencia de bullying y violencia.
También reiteró que los estudiantes que incurren en bullying son sancionados con un rebajo de puntos en la nota de conducta. Además, dijo que el MEP cuenta con el departamento de Vida Estudiantil en el que trabajan psicólogos y trabajadores sociales que atienden todos los casos que llegan al ministerio de Educación o que vean en redes sociales o en medios de comunicación.
Casos cada vez más violentos
El bullying, como forma de violencia, se presenta cada vez con casos más severos. Semanas atrás, este medio consultó por el caso de un estudiante que aparentemente no asistió a clases un mes por temor tras recibir acoso escolar.
La oficina de prensa del MEP respondió que tras lo ocurrido “la institución activó de forma inmediata los protocolos oficiales del Ministerio de Educación Pública: se abrió el expediente disciplinario correspondiente, se notificó a la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil del Ministerio Público”.
En abril, trascendió el caso de un estudiante que sacó un arma blanca a sus compañeros luego de, en apariencia, sufrir bullying. Su madre, quien dijo no justificar la acción de su hijo, declaró a este medio que el colegial fue quemado con cigarros, cortado con una navajilla y asaltado dentro del colegio.
La mamá contó recientemente a La Nación que tras lo ocurrido en el centro educativo sucedieron expulsiones, pero que no se llegó hasta el fondo de la situación.
En el 2024, un estudiante, de 13 años, de un colegio de Siquirres, perdió un testículo tras la agresión de un compañero: aun después del maltrato continuó lidiando con el acoso escolar, según relató su madre.
Aquella vez, la mujer contó que el MEP no le brindó acompañamiento a su hijo, fue hasta que el caso se mediatizó que la empezaron a llamar de la Fiscalía y el colegio.
Sobre casos muy extremos, Leonardo Sánchez Hernández comentó que el MEP no puede actuar de oficio. “Yo sé que la gente quiere resultados inmediatos para con su hijo, pero hay que respetar el debido proceso”.
